Foto: Ciudad CCS

Este jueves 18 de mayo  fue el cuarto día continuo de asedio autoinfligido en San Antonio de los Altos, un suburbio para la “clase media”, ubicado a unos 15 kilómetros de Caracas, la capital venezolana, con una contundente voluntad para enfrentar y combatir al chavismo.

En estos cuatro días, la ciudad no ha recibido nuevas provisiones de alimentos ni de bienes esenciales, tampoco combustible ni la compañía de acueductos ha podido abrir las llaves para suministrarles agua. Todo eso porque no se permite el paso de vehículos de carga o de servicios al perímetro urbano.​

También la libre movilidad está restringida. Quienes trabajan diariamente en Caracas, y tienen a San Antonio como su “ciudad-dormitorio”, no han podido ir a su centro laboral. Los trabajadores de bancos, limpieza, panaderías y abastos, que regularmente viven en los municipios aledaños, tampoco han podido llegar, pues no se permite el acceso del transporte colectivo.

Sin embargo, paradójicamente, el asedio o sitio a San Antonio no lo ejecuta un enemigo externo, sino una parte pequeña, pero muy activa, de su población. Quienes mantienen cercado y aislado el municipio son jóvenes de entre 17 y 34 años, sin filiaciones partidistas formales, pero con un literal odio (así lo declaran) al chavismo y al presidente Nicolás Maduro.

Por eso, desde la madrugada del lunes iniciaron una serie de actos de violencia que han incluido el cierre de todas las vías que conectan a San Antonio con otras localidades, colocación de barricadas en la avenida Perimetral, a la altura de OPS, El Picacho, Los Castores y la redoma, y el lanzamiento de objetos contundentes y disparos con armas de fuego.

A eso hay que agregar varios intentos (exitosos unos, impedidos otros por la GNB) para interrumpir el tránsito en la carretera Panamericana que comunica Caracas con los tres municipios de los Altos Mirandinos.

Paro con amenazas

Desde el lunes, los comerciantes de San Antonio no abren sus negocios al público. Los únicos que ofrecían públicamente alguna mercancía eran los vendedores callejeros de café y cigarrillos al detal. Aun ellos actuaban con discreción.

El paro comercial había sido convocado durante la semana pasada para rendirle homenaje a las víctimas de la violencia, aunque la mayoría de las muertes no habían ocurrido en manifestaciones, sino en saqueos.
Inicialmente, desde la cuenta instagram @resistenciaensan, se definió que sería lunes y martes, de estricto cumplimiento por todo el municipio, y le indicaron a los comerciantes: “No respondemos”, en caso de que decidieran abrir.

La noche del martes, todo el mundo entendió lo que quería decir “no respondemos”: al menos cuatro establecimientos (ubicados frente al centro comercial La Casona) fueron saqueados, entre estos la panadería Prestige.

Un allegado al propietario comentó que causaron destrozos, se llevaron equipos de trabajo, y dejaron abandonadas cosas tan valiosas como mostaza importada.

Aseguró que la motivación del saqueo fue el no acatamiento del paro y la actitud de colaboración con la GNB que presta servicios en la zona.
A las 6:30 pm se corría el rumor de un saqueo en la panadería, que se ejecutó tres horas después.

Jueves de alto el fuego

El miércoles, los habitantes de la ciudad (incluyéndome) salieron temprano con la esperanza de reabastecerse de alimentos. Los dos días previos fueron muy duros y no hubo posibilidad de hacer compras. Pero, por más que esperaron, nadie les vendió.

Sólo unos pocos locales se atrevieron a abrir sus puertas, pero fueron “convencidos” de cerrar tras una visita de un grupo de motorizados que, con capucha y máscaras, recorrían en parejas la ciudad. Hasta un camionero que ofrecía plátanos recibió la instrucción de retirarse.

Estos “muchachos”, según lo comprobé el miércoles, son los que mandan y estaban actuando como la autoridad administrativa y de orden público.

Tienen motos con conductor, gozan de reconocimiento en las barricadas y están armados con pistolas, según se confirmó ayer.
Si alguien duda sobre obedecer una orden, les basta con levantarse la camisa y mostrar el arma en la cintura.

Ayer, como en los relatos de la guerra en Alepo, se estableció una especie de tregua o alto el fuego por dos o tres horas, con el fin de que los habitantes pudieran comprar alimentos. Las colas en cada abasto y bodega se extendían como cuando se venden productos regulados. Pero en este caso se trataba de cualquier mercancía. Eso representa un grado más de presión desde el espacio económico de la guerra.

La tregua y las compras se hicieron bajo la vigilancia y supervisión de los encapuchados, que lucían rigurosamente los atuendos para evitar que se vieran ni un poco sus facciones ni su cabeza. Así lo hacían, en medio de la aceptación colectiva, en las colas del supermercado Ornelas y de la panadería Le Duff, en el Oficentro El Picacho.

Poco después de las 10 de la mañana, la barricada en la intercepción de El Picacho, sobre la avenida principal, fue cerrada por completo y un grupo de 40 encapuchados se aprestó a tomar posiciones de combate.

Dos de ellos buscaron al inicio del elevado un barril metálico partido longitudinalmente, para usarlo como escudo.
Pocos minutos después, un motorizado que quiso pasar se enfrentó al grupo y hubo algunos golpes.

Un nuevo giro de la guerra 

Lo que se inició el lunes en San Antonio es el comienzo de una nueva etapa de la “guerra”. Hay un giro táctico que descubre en buena medida la estrategia.

El martes, al mediodía, fue herido, con al menos cinco proyectiles de esferas metálicas, el biólogo Diego Arellano, de 31 años, quien, según registros fotográficos, participó activamente en el ataque a la GNB.
Dos horas después de caer herido, el joven falleció durante una intervención quirúrgica en la Policlínica El Retiro.

Esa muerte pareció darle fuerza al paro comercial y a otros métodos de protesta y les permitió a los militantes de la “Resistencia” sostener en lo simbólico la ocupación y control territorial de la ciudad.

El novedoso giro táctico apunta a la creación de enclaves o focos de “resistencia” que puedan estimular actuaciones similares en otras poblaciones del país. Es decir, echarle en cara a los dirigentes opositores su debilidad, incapacidad o cobardía para actuar de la misma manera o, al menos, respaldar las acciones de los sectores más violentos.

El enclave, con su exigencia de control territorial, implica un ejercicio extremadamente autoritario del poder. Los habitantes no son ciudadanos, sino rehenes de quienes dirigen la confrontación y usan las armas y la violencia. Igual que pasa en Siria.

Pero, al mismo tiempo, una parte importante de la población asume que todas las privaciones que están afrontando por el autoasedio, son parte inevitable de la lucha para “sacar a Maduro”. Y también creen con fe ciega que ”falta poco” para derrotarlo.

Tras las compras, toda la comida disponible se acabó, pues hace como dos semanas que los distribuidores de alimentos no reponen inventario en la ciudad, como consecuencia de las anteriores protestas violentas.

Es decir, que la tan repetida “crisis humanitaria” sí existe porque la provocó la oposición violenta en San Antonio de los Altos, a sólo 15 kilómetros de Caracas.

Y, como en toda guerra, la gente se ve obligada a huir ante las severas dificultades para satisfacer las necesidades básicas, producir y sobrevivir ante un real aumento de los riesgos de ser alcanzado por un proyectil o un objeto contundente.

Ayer debí salir ante la inseguridad y la falta de alimentos.

Hoy soy un “damnificado de la Resistencia.

Víctor Hugo Majano / Ciudad CCS