AVN.- El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, se pronunció el pasado miércoles para exigir al sistema jurídico venezolano que revoque la sanción administrativa contra Leopoldo López, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta el 2014 por haber incurrido en hechos de corrupción.
Toner aseveró que la Casa Blanca se une al pedido realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que falló en favor de López, pero cuyo informe fue considerado como inejecutable el pasado lunes por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) pues contradice la Constitución y las convenciones suscritas por el país en materia de lucha contra la corrupción.
La decisión del TSJ, ajustada a derecho y a la Constitución venezolana, está por encima de cualquier dictamen de una instancia internacional como la CIDH, ente que además admitió que el Estado venezolano no violó los derechos fundamentales de López en los procedimientos administrativos abiertos en su contra por delitos de mala administración de dineros públicos.
Para el representante de la administración de Barack Obama, la decisión soberana del máximo tribunal venezolano «parece entrar en contradicción» con los compromisos internacionales suscritos por el país suramericano, sin especificar cuáles.
Sin embargo, la propia sentencia de la CIDH evita hacer consideraciones sobre los cargos de corrupción que pesan sobre López, quien no pudo demostrar su inocencia y este miércoles aseguró que sería capaz de cometer los mismos ilícitos.
«¿Que si lo volvería a hacer? ¡Claro que lo volvería a hacer!», expresó López en entrevista con la radio de Noticias 24.
Washington pidió a Venezuela «respetar sus compromisos internacionales y acatar la sentencia» de la Corte IDH, según refiere un despacho de la agencia AFP.