Visto a partir de la falta de sindéresis y objetividad de las tres entregas anteriores, el cuarto informe del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, contra Venezuela no trae cambios significativos. Pero lo verdaderamente importante yace entre líneas.

Introducción a modo de bisagra
En tanto extensión, profundidad y uso de «fuentes» parcializadas, el Informe Almagro cumple varios atributos típicos de una operación de propaganda: busca alterar la percepción de actores internacionales e instancias multilaterales donde Venezuela ejerce una influencia importante, intimidar las vocerías de su política exterior y modificar la orientación de países del Caribe que se han mostrado firmes en apoyar las iniciativas de diálogo del Gobierno venezolano.

En cuanto al tratamiento político y simbólico intenta, nuevamente, ubicar a Venezuela en un plano distante de la legislación internacional, razón y fundamento que hace al país merecedor, según la lógica de Luis Almagro, de las gravísimas sanciones de la Administración Trump debido a su supuesta escasez de «democracia, derechos humanos y Estado de Derecho». La santísima trinidad de los valores transformados en «universales» por Occidente a fuerza de bombazos.

La real politik: los alcances del Informe Almagro
A lo que se corresponde estrictamente con la estrategia diplomática contra Venezuela, los informes de Luis Almagro no han hecho la diferencia, ni en 2016 ni en 2017. Sin embargo, el centro de su actuación va un poco más allá de lo que operativamente se traduce en una resolución exitosa o no, pues no sólo se limita al trabajo en y para la OEA: el flamante Secretario General, operador de EEUU para el hemisferio, a través de sus informes sustentó las agresivas sanciones que hoy pesan sobre Venezuela.

Si bien sus publicaciones fueron utilizadas para convocar varias sesiones extraordinarias del Consejo Permanente de la OEA, su papel como afluente de narrativas e insumos para nutrir resoluciones que generaran un consenso generalizado contra el país, en términos de medidas coercitivas en lo diplomático y financiero a nivel regional, no rindió los frutos calculados. La OEA no funcionó como plataforma para construir un correlato internacional a las agresiones de EEUU, dando nacimiento al Grupo de Lima como esquema parelelo de acompañamiento por fuera de las instancias tradicionales de la región donde Venezuela ejerce una influencia importante.

La fecha de su publicación es el 25 de septiembre de 2017, cocincide con la que habían definido la oposición venezolana y el Gobierno venezolano, bajo el auspicio del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, y el gobierno dominicano, para realizar una segunda ronda de negociaciones en el país caribeño.

En términos personales, variable que no importa menos que la política, Luis Almagro resiente todavía la derrota política del diálogo a finales de 2016 y de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en agosto de 2017. Par de escenarios que no sólo evidenciaron su debilidad como operador estadounidense para llevar las gestiones de la intervención ante la diplomacia bolivariana, sino su ínfima autoridad para influir en la situación política interna.

«Que no se negocie la paz, la democracia ni la libertad»: con esa frase Luis Almagro construye el cierre de su informe intentando recuperar el estatus de su vocería internacional de los sectores ultra de Venezuela.

Fuentes parcializadas, omisiones y la paradójica negación de la democracia

Utilizando como fuentes a El Cooperante, CNN, Reuters y El Nuevo Herald, que integran el esquema de medios alineados contra el Gobierno venezolano, Luis Almagro intenta fabricar una narrativa de quiebre del Estado de Derecho en Venezuela manipulando las mortíferas cifras que dejó la violencia opositora entre abril y julio y el proceso de elección de la ANC.

Negando la destrucción de ciudades por bandas armadas identificadas con la oposición, los crímenes de odio y asesinatos selectivos, el uso de francotiradores y la paralización de arterias viales para perjudicar la distribución de alimentos y medicinas, busca trasladar la responsabilidad de los asesinados y heridos al Gobierno venezolano.

Una investigación del Ministerio de Comunicación e Información (Minci) de Venezuela reveló que 77 de las 112 víctimas totales no formaban parte de las manifestaciones. La causa de estas muertes no están relacionadas con las fuerzas de orden público, sino que responden a otros móviles que vinculan a las agrupaciones violentas del antichavismo: barricadas, sicariato, proyectiles de armas caseras a lo interno de las manifestaciones, saqueos y linchamientos.

Luis Almagro también carga contra el proceso electoral constituyente bajo premisas y datos falsos. La centralidad de su argumento recae en que el proceso del 30 de julio no tuvo garantías democráticas debido a que la oposición no participó con candidaturas ni en la creación de las bases comiciales. Omite que la oposición no participó en la elección de la ANC por decisión propia, pues creían que efectivamente el Gobierno sería derrocado violencia paramilitar mediante y ellos asumirían el poder sin el trámite de una elección. Un poco más de 8 millones de votos, representativos de más del 40% del padrón electoral, revirtieron todos los pronósticos y amenazas en torno al proceso.

Hasta los momentos no ha habido impugnaciones por parte de partidos y organizaciones opositoras ante el CNE que sustenten las denuncias y hagan creíble su argumento de que el proceso estuvo «viciado». Aún así el Secretario General de la OEA utiliza esta «denuncia» para que la «comunidad internacional continúe aplicando sanciones cada vez más duras contra el régimen y autoridades del régimen», refiriéndose a las continuas agresiones de la Administración Trump.

Ejes simbólicos y discursivos: el peligro siempre yace entre líneas
A lo largo de las 49 páginas que contiene el informe, se intenta representar la cuestión venezolana bajo un sentido de emergencia, antipolítica y excepcionalidad, acorde al marco simbólico que EEUU necesita instalar, primero en medios y luego en instancias multilaterales como la ONU, para escalar en su agenda de intervención.

La referencia a los «2 millones de desplazados» (omitiendo el perfil de clase de la diáspora venezolana, fundamentalmente de clase media) y la comparación entre las elecciones en Irak en 2014 y la elección constituyente en relación a los saldos de violencia, certifican que desde la óptica de EEUU (Almagro es más bien la marioneta) Venezuela ha entrado definitivamente en una situación anómala e inestable que «representa un riesgo para la paz y seguridad hemisférica», como dice el informe en cuestión.

Los disparos por elevación también van contra lo electoral y su árbitro, el CNE. En el informe se compara el clima electoral venezolano al de Togo, Kenia y Zimbabwe, marcando de una vez el interés de deslegitimar las venideras elecciones regionales del 15 de octubre.

Y es en esa homologación de conflictos irregulares en Medio Oriente y África con respecto a Venezuela que el Informe Almagro podría desdoblarse más allá de una operación de propaganda para anunciar y legitimar de antemano un conjunto de nuevas acciones (de guerra) en el terreno, combinadas con la «diplomacia» estadounidense.

Desde Colombia, por ejemplo, comienzan a alistarse «campos de refugiados» (seguramente de ahí la mención a los «desplazados») para atender la migración venezolana, representando un símil bastante peligroso con los corredores logísticos que desde Turquía proveyeron armas, protección y financiamiento a organizaciones terroristas que actuaban en suelo sirio, bajo la misma mampara benéfica.

Colombia como ningún otro país de la región sería el actor preparado históricamente por EEUU para asumir ese rol de intervención paramilitar dosificada hacia Venezuela, verbigracia del comercio de armas y de drogas que hoy tiene en las siete bases militares de EEUU su apadrinaje y su relación de subordinación con respecto a la geopolítica de guerra de EEUU para el continente.

Según Juan Carlos Restrepo, asesor de seguridad nacional de Santos, están recibiendo asesoría de la embajada turca para realizar este plan.

También requiere una atención especial ese intento de equiparar las futuras elecciones en Venezuela a las de Irak o Togo, marcadas por la inestabilidad que han dejado años de guerra irregular por sus recursos naturales.

Sabiendo de antemano y por las declaraciones de Trump y su gabinete que el escenario electoral no es la vía para solucionar los problemas de Venezuela, agudizados por las sanciones de la Administración Trump vale acotar, la pretensión de naturalizar (premeditadamente) escenarios de violencia en las próximas elecciones podría sugerir la aparición de actos de violencia profesionalizada, ya probados en el terreno durante la elección constituyente donde grupos paramilitares acosaron a la población de los estados andinos.

En lo inmediato, según el curso de acciones que delimita EEUU contra Venezuela, sugiere que desestabilizar las elecciones y deslegitimarlas es también un fin político enmarcado en la coyuntura.

EEUU juega su propio juego
Aniquiladas toda tendencia mediandamente política en el Departamento de Estado, la agenda exterior de EEUU hacia Venezuela se ha vuelto un tema eminentemente militar que marcha de forma unificada. Las últimas sanciones, justamente, responden a una lógica bélica, de destrucción del adversario por la vía financiera y económica, en menoscabo y negación de cualquier opción política interna o externa que se salga de ese marco: la destrucción sí o sí del Estado-nación venezolano en lo político y económico (incluya aquí las elecciones y a la oposición no extremista), la nación toda en lo cultural y del chavismo como fuerza política e histórica. El plan de guerra de EEUU.

En ese sentido, el informe no debe leerse como una creación de Almagro, sino como la carta de navegación de ese enfoque para próximas maniobras internacionales.

Ahora bien, el informe por sí mismo poco y nada cambiará, como en otras oportunidades. Ya hicieron su trabajo como base para las sanciones de Trump.

EEUU sabe que la OEA ya es un cartucho desgastado para sus planes en lo inmediato, y por esa razón creó el Grupo de Lima para tener a la mano un bloque de países que acompañe su agenda de cerco y asfixia contra Venezuela. Sugerencia que fue comprada de cabo a rabo al tanque de pensamiento International Crisis Group, la cara política con vestido de ONG financiada por George Soros y grandes empresas transnacionales estadounidenses.

El informa finaliza con un petitorio de «exigencias» que expresan esa carta de navegación que comentábamos: no sólo niega cualquier posibilidad del diálogo sino que fundamenta la operación de secuestro político que intenta imponernos EEUU: la falsa opción de «elegir» entre retirar la ANC y aceptar a los Magistrados electos ilegalmente por la AN en julio o sanciones cada vez más severas o que el Grupo de Lima gobierne Venezuela al estilo guatemalteco, mediante monitoreo y tutelaje internacional.

En paralelo  -a través de su Secretaria de Estado de facto, Nikki Haley- ha movido rápidamente par de sus «mejores» fichas, el Alto Comisionado de DDHH de la ONU, Zeid Al Hussein, y Luis Almagro, para construir las bases de un caso para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y para activar la Convención de Palermo, por la cual se busca catalogar al Gobierno venezolano como un grupo de crimen organizado transnacional. Ninguna de las dos opciones, por ahora, parecen ir más allá de los titulares y las vocerías, cosa que no exime de que lo sigan intentando.

No faltó el carrusel de ONGs financiadas por el Departamento de Estado para dar «testimonio» sobre los «crímenes de lesa humanidad» cometidos supuestamente por el Gobierno venezolano, quienes fueron el apoyo de Luis Almagro para empezar a montar ese falso positivo ante la OEA.

Sin embargo, bajo esta narrativa y con los dispositivos diplomáticos que la acompañan, EEUU plantea sustentar sanciones financieras cada vez más cercanas al embargo de activos petroleros y mayores bloqueos al comercio internacional del país. En su lógica, ya no está tratando con un país, sino con un cartel.

En ese sentido, y por eso el tiempo político del informe Almagro, Nikki Haley busca emplear el profuso expediente que tiene años creándose contra el país para escalar posiblemente hasta el Consejo de Seguridad de la ONU. Que el camino sea tan sencillo como sugiere la intención, que no será, importa poco ante aquellas medidas de acoso político y financiero que seguirán tomando, a medida que van agotando concientemente todos los canales diplomáticos como lo hicieron en otras escenarios. Incluso los «obstáculos» de ese tránsito no son más que meros acelerantes para seguir actuando unilateralmente.

De allí la importancia del Informe Almagro como maniobra para organizar todas las fichas en el tablero y unificar el mando de las acciones en el terreno internacional contra Venezuela en esta nueva etapa del conflicto: internacional y geopolítica, mientras el frente interno en lo político fue estabilizado por la ANC.

Más allá de lo que sugiere este nuevo informe, el peso de la realidad habla por sí solo: EEUU está negado a aceptar un resultado político distinto a su esquema de confrontación, sea por la vía de la negociación o las elecciones. Las sanciones financieras en escalada son su más clara demostración. Y la disposición del Gobierno venezolano de no dejarse intimidar y aumentar sus alianzas financieras, comerciales y energéticas con el bloque emergente (Rusia, China e Irán), también da cuenta de que no es un juego de un solo actor.

En lo que respecta a EEUU, tampoco se puede decir que estén en la mejor posición geopolítica para ir al todo a nada, previendo lo sensible que es Venezuela en la disputa política global y la capacidad del chavismo a lo interno para sortear escenarios de caos. Globalmente la balanza de poder se va inclinando fuera de Washington

Las cartas siguen echadas sobre la mesa. Y Venezuela juega las suyas.

Misión Verdad