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La Procuraduría General de la República rechaza las acciones inconstitucionales y de desacato a la ley por parte de la directiva de la Asamblea Nacional (AN), a cargo del adeco Henry Ramos Allup, al proclamar como diputados de Amazonas a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, no electos válidamente, acción que viola la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 30 de diciembre, que ordena la desincoporación de estos ciudadanos como parlamentarios.
Estas actuaciones constituyen «un peligroso precedente contra la institucionalidad», sostuvo el procurador Reinaldo Muñoz, quien dio lectura al pronunciamiento de esta institución del Estado, en transmisión de Venezolana de Televisión.
De acuerdo con la procuraduría, «esta acción del Legislativo Nacional no tiene ningún efecto jurídico y constituye un desacato a las decisiones dictadas por el Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias constitucionales. Ello transgrede el orden legal y constitucional, amenaza el proceso democrático y el normal desenvolvimiento de las instituciones del Poder Público en Venezuela», dijo.
Asimismo, Muñoz señaló que ante este hecho, la AN «ha generado una situación absolutamente inconstitucional y antijurídica que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos y entes de la Administración Pública».
Hasta tanto no se corrija esta acción y se retorne a la constitucionalidad, la AN no puede pretender «legitimidad, juridicidad o legalidad alguna respecto de sus actuaciones», que además significan «un franco desprecio por la constitucionalidad del Estado y denota preocupantes visos de autoritarismo en la conducción del Legislativo Nacional».
«Nunca en la historia republicana de Venezuela, ni aún en tiempos de dictadura, un órgano del Poder Público, en franca violación del ordenamiento jurídico, ha obstruido tan descaradamente el libre desenvolvimiento de la justicia en nuestro país, pretendiendo la inserción de ciudadanos no electos válidamente como miembros activos del Parlamento, a pesar de los procesos judiciales a los cuales han sido sometidos los comicios en esas entidades por presunto fraude electoral. Con estas írritas actuaciones la Asamblea Nacional se encuentra ahora ilegal e ilegítimamente constituida», subraya el comunicado leído por Muñoz.
Ante la actuación del Poder Legislativo, la Procuraduría General de la República «manifiesta que, habida cuenta de este indecoroso acto de la AN, de desacato y alteración fraudulenta de la conformación de un órgano colegiado, es forzoso precaver la nulidad de los actos emanados de su seno como resultado de la ilegalidad en la constitución del Parlamento Venezolano, afectando incluso la validez de sus convocatorias y quórum».
En tal sentido, insta a la AN a respetar el Estado de derecho y a corregir su actuación. «De otra forma, carecería la actual AN, conformada írrita e ilegalmente, de los caracteres jurídicos necesarios para exigir de los ciudadanos y de la institucionalidad pública el acatamiento de sus decisiones».
Recuerda también que «el desacato a una orden judicial acarrea responsabilidad penal y civil que no puede ser evadida invocando la inmunidad otorgada por una investidura circunstancial, que no es más que el mandato expreso del pueblo al cumplimiento de determinados deberes constitucionales».
AVN