Foto: VTV

El pasado 4 de agosto, el Estado Mayor de la Cultura, con la presencia de la ministra Alejandrina Reyes, suscribió un comunicado en repudio de las amenazas de sanciones que el gobierno de los Estados Unidos está realizando contra Venezuela por haber aprobado y dado inicio a la Asamblea Nacional Constituyente, con el voto de más de 8 millones de personas en elecciones realizadas el pasado 30 de julio. Suministramos la proclama aprobada ese día.

Entre sus firmantes se encuentran figuras de renombre del mundo cultural venezolano como Carlos Azpurua, Liliane Blaser, Roman Chalbaud, Carmen Bohorquez, Farruco Sesto, Fruto Vivas, Luis Britto García, Judith Valencia, Pedro Calzadilla, Laura Antillano, El Tano, Juan Calzadilla, Gustavo Pereira, Cecilia Todd, Cristobal Jiménez o Iván José Pérez Rossi.

Caracas, 01 de agosto de 2017

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO

PROCLAMA DE PAZ DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ANTE LAS AMENAZAS DE ESTADOS UNIDOS

Sólo un enemigo de la Patria, de la humanidad y de la democracia puede amenazar al pueblo y al gobierno de otro país a fin de que en éste no se realice una consulta democrática.

Todos los pueblos, todos los ciudadanos, todas las organizaciones que en el mundo profesan la democracia deben rechazar y rechazan un poder que pretende vetar la democracia misma proscribiendo el ejercicio del sufragio.

La República Bolivariana de Venezuela es un país libre, soberano y no sujeto a ninguna tutela ni dominación extranjera desde que inició su gesta de Independenciael 19 de abril de 1810, la declaró de forma irrevocable el 5 de julio de 1811; la consagró con la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821, y la selló en forma definitiva para toda América Latina el 9 de diciembre de 1824 con la batalla de Ayacucho.

En uso ininterrumpido de su libertad, soberanía e independencia, nuestro pueblo sancionó en 1999 la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mediante referendo popular que aprobó dicha Carta Magna con el 71,78% de los votos válidos.

El 1 de mayo el Presidente Nicolás Maduro Moros, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, activó el Proceso Constituyente, pautado en sus artículos 347, 348 y 349. El día 30 de julio, 8.089.320 venezolanas y venezolanos, el 41,53% del padrón, eligieron los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de manera participativa y protagónica.

Los resultados han sido verificados por un sistema electoral inobjetable al cual el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter calificó como “quizá el más perfecto del mundo”, al mismo tiempo que calificaba al de su propio país como “uno de los más imperfectos del mundo”. Tan imperfecto, que en él resultan sistemáticamente elegidos para la Presidencia candidatos que obtienen un número menor de votos.

Tanto la convocatoria como la realización y el escrutinio de esta consulta democrática en Venezuela son actos de ejercicio de la soberanía, que conciernen única y exclusivamente al pueblo venezolano, y cuyo cumplimiento no puede impedir, intervenir ni interferir ningún otro gobierno de la tierra, ni con órdenes, ni con presiones, ni con amenazas, pues nada es superior a la soberanía popular, y menos cuando ejerce el supremo poder constituyente.

Por otra parte, no podemos aceptar esta intromisión insolente, pues nuestra Carta Magna en su artículo 1° dispone:

La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.

En virtud de ese irrenunciable derecho nuestro a la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional, rechazamos cualquier dictado de una potencia extranjera que pretenda ordenarnos no ejercer el derecho democrático a la consulta electoral, o que amenace a constituyentes para que declinen ejercer las funciones para las cuales fueron electos por el supremo poder soberano de la voluntad popular.

Ese derecho lo ejercemos no sólo como expresión de nuestra soberanía y nuestra dignidad, sino también de conformidad con los principios que rigen el orden internacional.

Así, recordamos al gobierno de Estados Unidos que, de acuerdo con el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, en su numeral 1, “La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros”, y que conforme al numeral 4 ejusdem, “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

E informamos asimismo al Presidente y al gobierno de Estados Unidos, que parece ignorar tanto los principios básicos que nos rigen como aquellos que está obligado a cumplir como miembro de las Naciones Unidas, que en el Preámbulo del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), las naciones que la integran asimismo:

RATIFICAN que tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible.

No acepta el pueblo venezolano, no lo acepta su gobierno, ni lo acepta tampoco la comunidad internacional, que un Estado intente violar la igualdad soberana de otro, ni que recurra a la amenaza o el uso de la fuerza contra la independencia política de otro Estado en cuestiones que sólo conciernen única y exclusivamente al orden interno de este último, tales como la convocatoria a elecciones y la ejecución de éstas.

Para ningún demócrata es una amenaza el hecho de que un gobierno legítimo convoque una consulta democrática; para todas las democracias del mundo es una amenaza el que una potencia pretenda impedir consultas democráticas en otros países mediante la presión, y los anuncios de agresiones e intervención en los asuntos internos.

Contra semejante atropello a la paz se ha alzado siempre y siempre resistirá la República Bolivariana de Venezuela, irrevocablemente soberana y democrática a pesar de que inútilmente intenten impedirlo las potencias imperiales.

Alba Ciudad