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La directiva Asamblea Nacional (AN), a cargo del adeco Henry Ramos Allup, juramentó como diputados de Amazonas a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, no electos válidamente, una acción que viola la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 30 de diciembre, que ordena la desincoporación de estos ciudadanos mientras la justicia avanza en las investigaciones sobre las denuncias de fraude electoral en esa entidad durante los comicios parlamentarios del 06 de diciembre.

Esta acción inconstitucional y de desacato a la ley fue rechazada por la Procuradoría General de la República y los Poderes Judicial y Electoral, ya que constituye  «un peligroso precedente contra la institucionalidad» de la República, señala un comunicado emitido este sábado por el Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz.

De acuerdo con la procuraduría «esta acción del Legislativo Nacional no tiene ningún efecto jurídico y constituye un desacato a las decisiones dictadas por el Poder Judicial en el ejercicio de sus competencias constitucionales. Ello transgrede el orden legal y constitucional, amenaza el proceso democrático y el normal desenvolvimiento de las instituciones del Poder Público en Venezuela».

El texto agrega que además la AN «ha generado una situación absolutamente inconstitucional y antijurídica que no puede ser reconocida ni avalada por los órganos y entes de la Administración Pública».

Hasta tanto no se corrija esta acción y se retorne a la constitucionalidad, la AN no puede pretender «legitimidad, juridicidad o legalidad alguna respecto de sus actuaciones», que además significan «un franco desprecio por la constitucionalidad del Estado y denota preocupantes visos de autoritarismo en la conducción del Legislativo Nacional».

«Nunca en la historia republicana de Venezuela, ni aún en tiempos de dictadura, un órgano del Poder Público, en franca violación del ordenamiento jurídico, ha obstruido tan descaradamente el libre desenvolvimiento de la justicia en nuestro país, pretendiendo la inserción de ciudadanos no electos válidamente como miembros activos del Parlamento, a pesar de los procesos judiciales a los cuales han sido sometidos los comicios en esas entidades por presunto fraude electoral. Con estas írritas actuaciones la Asamblea Nacional se encuentra ahora ilegal e ilegítimamente constituida«, subraya el comunicado.

Ante la actuación del Poder Legislativo, la Procuraduría General de la República «manifiesta que, habida cuenta de este indecoroso acto de la AN, de desacato y alteración fraudulenta de la conformación de un órgano colegiado, es forzoso precaver la nulidad de los actos emanados de su seno como resultado de la ilegalidad en la constitución del Parlamento Venezolano, afectando incluso la validez de sus convocatorias y quórum».

En tal sentido, insta a la AN a respetar el Estado de derecho y a corregir su actuación. «De otra forma, carecería la actual AN, conformada írrita e ilegalmente, de los caracteres jurídicos necesarios para exigir de los ciudadanos y de la institucionalidad pública el acatamiento de sus decisiones».

Recuerda también que «el desacato a una orden judicial acarrea responsabilidad penal y civil que no puede ser evadida invocando la inmunidad otorgada por una investidura circunstancial, que no es más que el mandato expreso del pueblo al cumplimiento de determinados deberes constitucionales».

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano rector del Poder Electoral, ratificó este domingo la vigencia de la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los tres candidatos a diputados en Amazonas.

En un comunicado difundido este domingo, el CNE señaló que, de conformidad con las previsiones legales y constitucionales que rigen la materia, «este Poder Electoral no ha emitido ningún acto administrativo relativo a la mencionada elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, nominal, lista y representación indígena por el estado Amazonas».

El recurso para impugnar y suspender de forma cautelar los efectos de las elecciones parlamentarias en la entidad fue interpuesto ante la Sala Electoral a finales de diciembre pasado por Nicia Maldonada, asistida por la abogada Ligia Carolina Gorriño, debido a los casos irregulares que se presentaron en los centros de votación.

Posteriormente, la acción judicial fue admitida. Y, ante los fundamentos presentados, la Sala Electoral del TSJ ordenó de forma provisional la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados electos en ese estado, en razón de existir considerable fundamento para ello.

Esa sentencia fue desacatada por la directiva de la Asamblea Nacional (AN), a cargo de Henry Ramos Allup, al incorporar esta semana a los tres diputados del estado Amazonas.

Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) señaló que ha cumplido con los lapsos y protocolos legales para decidir sobre los recursos interpuestos.

«En este momento el proceso se encuentra en la etapa de recolección de pruebas, cuya realización es fundamental para continuar el proceso y dictar sentencia», señala una nota de prensa del máximo tribunal de la República.

«El TSJ ha asegurado el cumplimiento de las garantías constitucionales de acceso a la jurisdicción, tutela judicial efectiva y debido proceso a todos los intervinientes en la causa judicial en referencia. El máximo tribunal garantiza el respeto a la Constitución y a las sentencias emanadas del Poder Judicial, así como la firmeza en la aplicación de todo lo previsto en el ordenamiento jurídico para mantener la institucionalidad y preservar el Estado de derecho y de justicia como elementos fundamentales para la convivencia social y bienestar de pueblo venezolano», recalca el boletín del TSJ.