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7.Jul.2019 / 07:26 am / Haga un comentario

Foto: Prensa Latina

Expertos nacionales e internacionales mantienen hoy el rechazo al informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre ese ámbito en Venezuela.

La economista venezolana Pasqualina Curcio criticó el documento emitido por la exmandataria chilena tras su visita de tres días al país sudamericano, por carecer de pruebas que respalden la mayoría de sus argumentaciones.

‘Repleto de imprecisiones, de información no verificada, ni verificable, de errores, omisiones y falsedades, el informe en cuestión adolece de la rigurosidad y seriedad que exige la presentación de este tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de Venezuela, sino de la América entera’, aseveró Curcio.

En artículo de opinión reproducido por el portal de la Cancillería, la experta cuestionó la parcialidad de la relatoría al referir información proveniente solo de los factores políticos de oposición, o que no expresara su rechazo a las amenazas de intervención militar o reclamara el cese inmediato del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

Curcio desaprobó además el hecho de que Bachelet no reprochara los llamados al odio y la violencia por parte de facciones opositoras ‘que derivaron en acciones fascistas al punto de quemar vivos a seres humanos’, así como los reiterados intentos de magnicidio y golpes de Estado.

Aseveró asimismo que el informe de la alta comisionada de la ONU carece de pruebas cuando afirma que ‘…existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela’.

Tampoco respaldó con evidencias el planteamiento de que ‘durante más de un decenio, Venezuela ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático (…)’, en un país donde se efectuaron más de 20 procesos electorales en las últimas dos décadas.

‘Muchas preguntas surgen al respecto, especialmente cuando se acusa al Gobierno de cometer ‘numerosas’ violaciones de los derechos humanos. Las precisiones son indispensables en este apartado, así como los elementos probatorios’, consideró.

Pasqualina Curcio alertó que ‘se ha convertido en práctica habitual la politización e instrumentalización de los derechos humanos como excusa, por parte de Estados Unidos para invadir territorios y violentar soberanías’, y en tal sentido recordó los casos de Iraq y Libia.

A su vez, el experto en el ámbito de los derechos humanos Alfred de Zayas reconoció que ‘la visita histórica de Michelle Bachelet a Venezuela tenía potencial, pero el informe (…) es fundamentalmente defectuoso y decepcionante’.

A través de la red social Twitter, Zayas aseveró que la credibilidad de la oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos ‘está en juego’, al criticar las carencias metodológicas y el ‘lamentable desequilibrio’ de su contenido y conclusiones.

‘Lo que se necesita es una condena inequívoca de las sanciones’, subrayó quien fuera nombrado en marzo de 2012 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático e igualitario.

Alfred de Zayas convocó a la comunidad internacional a proteger al pueblo venezolano de las sanciones de Estados Unidos y hacer sentir su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales.

Precisó además que el informe debió condenar ‘claramente la violencia de los líderes opositores de extrema derecha y los llamamientos a la intervención extranjera’, a la vez que llamó a condenar las sanciones económicas ‘que causan decenas de miles de muertes’ como crímenes de lesa humanidad’.

Asimismo, recomendó a la alta comisionada a reemplazar al equipo que la asiste y asegurarse de que el nuevo trabaje profesionalmente y con imparcialidad.

El Gobierno venezolano formuló 70 observaciones sobre errores de hecho contenidos en el documento elaborado por la expresidenta de Chile, señalado por su marcado carácter discriminatorio y parcializado.

Prensa Latina

 

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