Imagen: Ciudad Caracas

Los resultados de la Operación Liberación del Pueblo, iniciada el pasado domingo en Caracas y otras ciudades del país, han confirmado la existencia de bandas de crimen organizado que se han nutrido del modelo del paramilitarismo colombiano.

Asimismo se evidencian los avances de la privatización de la violencia con el argumento de brindar seguridad a los ciudadanos y con el objetivo de desplazar territorialmente las fuerzas del Estado.

Estas son algunas líneas clave del desarrollo de la versión criolla del paramilitarismo y su papel como catalizador del ejercicio concreto del poder y de la política.

La privatización de seguridad

La base del paramilitarismo es la privatización del monopolio de la violencia, tradicionalmente reservado al Estado. Está impulsado, al menos, por tres factores.

Uno, la lógica neoliberal que desde mediados de los años 80 exige un Estado con menos poder.

Dos, la necesidad de darle protección a actividades ilegales y criminales de “empresarios” de bares y discotecas, servicios sexuales, drogas al detal, y comercio informal de divisas, mercaderías de contrabando, armas y municiones.

Y tres, la pérdida formal por parte de la burguesía del control sobre el aparato de seguridad del Estado tras el triunfo de la Revolución Bolivariana, y las limitaciones para usar con total libertad la institución militar y policías en la protección de los intereses de los propietarios de tierras e inmuebles.

La privatización de la seguridad y la creación de policías municipales creó una masa enorme de trabajadores con adiestramiento para el uso organizado de la fuerza: celadores, escoltas, porteros y agentes policiales entre otros.

Sin embargo, al tratarse de puestos de trabajo de alta rotación y en otros casos informales y a destajo se creó un “ejército industrial de reserva” o de desempleados permanentes capacitados para realizar tareas de seguridad cuando así lo necesitaran los empresarios o quien pudiera pagarles por días o por tarea.

No fue muy difícil la organización de esos trabajadores en grupos o bandas dedicadas a prestar servicios a la industria del crimen.

Así como escoltaban un camión con mercancías legítimas, podían hacerlo con cargas de drogas.

Así como garantizaban el orden en un concierto, lo podían hacer en una discoteca donde se vendiera narcóticos. Y así como investigaban delitos, también podían obtener información sobre potenciales víctimas de extorsión y secuestros.

Esas actividades garantizan la viabilidad financiera y operativa de las bandas criminales.

¿Paramilitarismo o delito común?

Un error muy frecuente en la evaluación de este fenómeno es la pretensión de diferenciarlo de la delincuencia común. Pero al contrario, la delincuencia local es una expresión clara de la lógica del paramilitarismo.

La organización, las técnicas y la ferocidad, las armas y vehículos y los negocios son similares a los de las ahora llamadas “bandas criminales” (bacrim) en Colombia.

A eso hay que sumar el control territorial, como expresión de la violencia monopolizada, y sus implicaciones en la reconfiguración del poder político local.

Estas bandas incluyen en su “cartera de servicios” acciones ofensivas contra la población por requerimiento de empresarios y terratenientes locales.

Amedrentan a quienes se opongan a empresas que perturben la calidad de vida, desalojan cual policía privada a familias que ocupan inmuebles abandonados o parcelas agrícolas improductivas, o atacan y asesinen a trabajadores en confrontación con sus patronos o con sindicatos patronales.

Recientemente los sindicatos de Polar denunciaron la utilización de “bandas delincuenciales” para intimidar a dirigentes sindicales.

Asimismo se ha evidenciado cómo han intervenido estructuras sindicales para negociar las contrataciones de trabajadores mediante el uso de la violencia, incluyendo el asesinato de voceros laborales que les sean adversos.

Latifundio y paramilitarismo

La inserción del paramilitarismo de origen colombiano en la vida productiva se realizó en los estados fronterizos a solicitud de los terratenientes que buscaban resguardar sus posesiones de la presión campesina por tierras.

Para eso contrataron los servicios de personal adiestrado en Colombia por las llamadas autodefensas para impedir la organización campesina con el fin de derrotar el latifundio.

Otro factor ha sido el uso de los hatos o predios para actividades ilegales como el contrabando en general y específicamente el de ganado venezolano en pie.

Y por último están las actividades de tráfico de drogas por su ubicación sobre rutas aéreas y fluviales del narcotráfico colombiano.

Moral y justicia paraca

La violencia paramilitar busca legitimar su acción con la defensa de los valores de la moralidad más tradicional.

Intervienen para regular el comportamiento individual y eso incluye la vigilancia sobre niños y adolescentes que puedan participar en delitos y faltas como pequeños hurtos o consumo de drogas. Aunque en otros lugares han usado el fomento del consumo para captar adeptos.

Advierten a hombres que estén agrediendo a sus esposas, así como a quienes estén siendo infieles a sus parejas formales.

De esa manera se aseguran de que una base social defienda su actuación, al punto de considerarse que desde que una banda o grupo armado toma control de una localidad “se puede dormir con las puertas abiertas” y hasta “los borrachos se recogen temprano”.

El negocio del tráfico de armas

Una de las “industrias” controladas en Venezuela por el paramilitarismo es el comercio ilegal de armas y municiones.

Desde hace al menos una década se reporta la exportación de armas adquiridas en EEUU y enviadas por piezas a Venezuela.

En virtud de las libertades para el comercio de armamento como rifles y fusiles en la mayoría de los estados, o las facilidades para su transporte cuando están desarmados, los despachos son frecuentes y han sido documentados por procesos judiciales e investigaciones policiales tanto en EE.UU como en Venezuela.

En los casos identificados en el país se distinguen dos líneas comerciales: el reciclaje de cartuchos que permite la elaboración de nuevas municiones con unas máquinas portables, y el rearmado de fusiles de alta potencia y precisión por especialistas en metalmecánica y tornería.

Ese fue el caso detectado en abril pasado, durante la violencia opositora, y que permitió la detención y el procesamiento del padre de una venezolana actriz de telenovelas.

Arte criminal

El surgimiento de las bandas criminales se desarrolló acompañado por expresiones artísticas que han creado referentes culturales bien definidos y complejos. El lenguaje, la música, los códigos audiovisuales son usados para darle sustrato cultural al ese “modo de vida”. Las expresiones culturales atienden en forma segmentada socialmente las necesidades de uso de la violencia de distintos estratos. Hay expresiones de música o moda que corresponden a capas populares, y otras en el lenguaje o los códigos audiovisuales que expresan expectativas o temores de las “clases medias”. Así como un hay un “paramilitarismo” del barrio, con bandas abiertamente violentas, hay otro “paramilitarismo” sifrinoide que administra la violencia con “deportes” como el “airsoft” y fantasea con matar chavistas y a guardias nacionales desde lo alto de su edificio o la garita de la urbanización.

Comercio y lavado

El paramilitarismo se ha insertado en el sector comercial y en las ciudades de tres modos. Uno, con el control que ejercen sobre el contrabando de extracción. Dos, con inversiones en el mercado inmobiliario y la construcción y operación de locales para comercio, todo ello orientado a la legitimación de capitales. Y tres con la activación de bandas que prestan servicios de seguridad, formales o no, a comerciantes urbanos. En este último caso es común el pago de cuotas mensuales o semanales a grupos que garantizan un mínimo de vigilancia con recorridos nocturnos y atención inmediata en emergencias. En las inversiones llama la atención la construcción de centros comerciales en ciudades pequeñas y medianas y la apertura de establecimientos de alimentos preparados en locales cuya adquisición o alquiler es muy costosa por su ubicación en las áreas comerciales más tradicionales.

Víctor Hugo Majano / Ciudad Caracas