Prensa Correo del Orinoco.- En su libro El programa de la MUD, el sociólogo e investigador francés Romain Migus -radicado en Venezuela desde 2005- analizó uno por uno los 1.237 artículos de los Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional (LPGU) que firmaron los seis pre-candidatos presidenciales de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Su estudio, asevera, le permitió demostró lo que Henrique Capriles “ha querido ocultar”: se trata de un nuevo paquete neoliberal, que de llegarse a aplicar dejaría a las grandes mayorías sin la protección del Estado, acabaría con la estabilidad laboral y eliminaría las misiones sociales.

Las primeras víctimas de la debacle que avizora Migus serían las empleadas y los empleados públicos, porque “se pretende manejar la administración pública como si fuera una empresa privada, lo cual es absurdo, porque la esencia de la empresa es generar ganancias para favorecer los intereses de un particular y no el servicio al ciudadano. Entonces, lo que regirá será el criterio de productividad, y eso traerá como consecuencia la destrucción de cualquier ambiente laboral saludable”

-¿Por qué eso destruiría el ambiente laboral saludable?

-Porque si se sustituye el objetivo de prestar servicio por la cultura del resultado, se impondrá la competencia generalizada y los funcionarios actuarán bajo una fuerte presión y en un ambiente de mucho estrés para asegurar su propio interés.

-¿A eso se refiere en su libro cuando sugiere que la competencia en la administración pública causaría daños psicológicos, además de accidentes laborales?

-Sí, porque si se maneja el manejo del Estado con criterios de negocios y se pone a las personas a competir con sus compañeros y no a cooperar para prestar un servicio mejor, uno puede imaginarse a esas personas pidiendo que las carguen de horas extra y renunciando a algunos beneficios a cambio de que no las despidan.

-Usted dice que eso responde a una “cultura del resultado”, ¿puede explicar a qué se refiere?

-Es una visión gerencial que busca mayores ganancias mediante una racionalización de los gastos con base en metas cuantitativas. Eso ya se ha aplicado en países como Estados Unidos, donde en los años 70, para racionalizar costos, el Estado delegó ciertas funciones en organismos autónomos que quedaron fuera del control del poder público. Yo quiero aclarar que es necesario que haya una organización racional del trabajo para asegurar la eficiencia de la función del Estado, pero insisto en que la administración pública no puede tratarse como si fuera una empresa privada, porque su esencia es totalmente distinta a la de un negocio.

-¿Racionalizar costos, en este caso, puede conducir a despidos masivos en el sector público?

-Lo que te puedo decir es que en los artículos 158 al 161 del documento de la MUD que Capriles firmó se planeta que hay un crecimiento excesivo de la cantidad de empleados públicos, que hay demasiados ministerios, que el Estado está creciendo demasiado. No dicen cómo van a “resolver” eso, pero sí hablan de reducir las nóminas de servicios.

-Capriles le ha dicho al personal de la administración pública que no va a despedir a nadie, pero lo que usted planeta sugiere lo contrario.

-Yo no lo planteó, está en el programa de la MUD, que es realmente neoliberal, y el neoliberalismo busca, si no destruir, atomizar el Estado en una serie de pequeños organismos hasta reducirlo al tamaña más pequeño posible.

En su libro, Migus cita los artículos 230, 231, 234 y 244 de los LPGU, que proponen, por ejemplo, crear criterios de “valoración y reconocimiento, no necesariamente económicos, para responder a los aportes de cada persona en el logro de los objetivos de la organización”, Al respecto, el analista advierte que “eso puede sonar muy racional, pero los que dicen eso al mismo tiempo afirman que la administración pública hay que reducirla y eso no se puede hacer sin recortar puestos de trabajo”.

Migus busca la página 77 de su libro y lee una cita textual del punto 211 de los LPGU, que propone “mecanismos consensuados que faciliten ajustar el número de funcionarios a un nivel adecuado en cantidad y calificación para operar una administración pública con calidad en sus procesos y agilidad en las decisiones”. A su vez, en el punto 295 se habla de “reducir la nómina de los servicios”, tal como él lo señaló.

-¿ Se trata de un “consenso” para decidir con los propios empleados cómo eliminar sus puestos de trabajo?

-Lo que digo es que el plan de Capriles propone una forma de organizar el trabajo que deja al personal en una permanente inseguridad laboral; ahí no puede haber estabilidad. Y sí, es posible que se llegue a eso que tú dices.

Romain Migus no disimula la alarma que le causa el planteamiento de la MUD de desvincular al Estado de actividades productivas y comerciales: “Mercal y Pdval van a desaparecer, porque en la visión neoliberal no hay interés en asumir ese tipo de actividad a menos que genere una ganancia. La derecha no va a permitir que el Estado maneje la producción de alimentos y mucho menos su distribución. Esa es una de las cosas más peligrosas que hay en el programa de Capriles: la eliminación de los programas alimentarios que mantiene el Gobierno Bolivariano ”.

-Pero en el documento de la MUD se habla de introducir cambios para mejorar el sistema de distribución de alimentos, incluidos los que denominan “programas para los sectores más vulnerables”…

-Claro, ellos no van a decir abiertamente que si ganan le van a quitar a la gente beneficios como las misiones, porque nadie va a votar por un programa que le perjudique. Capriles firmó ese documento aunque ahora lo niegue.

-Su comando dice que ese no es el programa que entregó al CNE.

-Pero el plan que presentaron cuando inscribieron la candidatura dice que está enmarcado en los lineamientos generales que firmaron los precandidatos de la derecha el 23 de enero (de 2012), Si él ganara, aplicaría esas medidas neoliberales.

-¿Qué opina del documento que mostró David de Lima?

-No sé si será auténtico o no, pero lo que dice es coherente con el programa de la MUD.

-¿La propuesta de la MUD de “mejorar” los programas de distribución de alimentos para “sectores vulnerables” apunta a traspasar Mercal y Pdval a manos privadas?

-A ningún empresario le interesa administrar una misión social porque no le va a reportar ninguna ganancia, olvídate de Pdval y Mercal, con la derecha eso no tiene vida.

-Pero tal vez quieran privatizar la gran infraestructura creada por el Gobierno Bolivariano. ¿No es posible que se la vendan o la traspasen bajo otra modalidad a algún monopolio del sector alimentos?

-Si fuera así, de todas maneras desaparecería como misión social. Para empezar, los productores que por esa vía colocan sus productos directamente o los venden a los precios justos que paga el Estado, tendrán que adaptarse a las condiciones que le ponga el empresario que se quede con la red. ¿Tú crees que un capitalista les va a mantener a los productores los precios que paga el Estado? No lo va hacer, pero tampoco le va a ofrecer los mismos precios ni le va a asegurar los mismos productos. De todos modos, la idea es eliminar todas las políticas de alimentación desarrolladas bajo el liderazgo del presidente Chávez, tanto productivas como de distribución. El esquema que ellos proponen es contradictorio con la visión de inclusión social.

-Mercal y Pdval desaparecerían, ¿y la infraestructura, la van a desmantelar?

-El plan de Capriles prevé mecanismos -que son presentados como “convenios” o “revisiones”- para traspasar a manos privadasobras ya hechas por el Estado, y también muchos proyectos en marcha. Eso abarca la alimentación y todos los sectores que para ellos son “improductivos”, pero harán lo mismo con el petróleo.

Los dedos de Migus rebuscan en su libro, hasta que se detiene en otros de los temas que lo alarman: la educación. Con base en los puntos 842, 858 y 860 de los LPGU denuncia que la derecha pretende apoderarse de la infraestructura escolar, con el pretexto de costear costos de mantenimiento y operaciones:

“El plan de Capriles planeta, mediante un convenio que sus asesores llaman alianza estratégica, que la empresa privada -sin invertir un centavo- se quede con los locales educativos, pero el Ministerio de Educación paga todo el personal docente y directivo. De esa manera, el Estado va a terminar por perder su capacidad de administrar y orientar la educación, que va a quedar subordinada a los intereses de particulares, son los empresarios los que van a decidir el sentido de la educación”.

-¿Con Barrio Adentro se plantearía el mismo esquema?

-En el caso de Barrio Adentro y de todo el sistema de salud , quieren impedir que el Estado los financie. No hay duda de que sacarían de la red a los médicos cubanos, porque van a “revisar” el Convenio Cuba-Venezuela. Y “revisarán” el alcance de los acuerdos diplomáticos, petroleros y de cualquier tipo con Cuba. También “revisarán” el trabajo de los egresados del programa de Medicina Integral Comunitaria. Cada vez que dicen que van “revisar” una misión, se debe entender que usan esa palabra para encubrir la intención de suprimirla. No dicen quién va a sustituir al personal cubano, pero sí se establece que la red de Barrio Adentro se va a atomizar en varios organismos.

Los señalamientos de Migus se basan en varios pasajes de los LPGU. En los puntos 901 al 905, por ejemplo, se plantea expresamente desarticular la Red Barrios Adentro I y II con el fin de adscribir los establecimientos a los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia; y a la Alcaldía Metropolitana. No se explica por qué solo a esas entidades, ni se aclara si pasarían a manos del las gobernaciones o de otros entes.

En el punto 904 se dice que “se iniciaran convenios de cooperación con el sector privado con el propósito de contribuir a enfrentar la crisis que afecta la red hospitalaria pública nacional”. Para Migus, ahí está la trampa: “La participación privada busca tomar todos esos servicios para controlarlos y transferir su financiamiento a las personas que lo requieren. Se pretende dar la idea de un Estado que se ha quedado sin recursos para justificar que la idea de que es la empresa privada la que puede asumir esas inversiones. Pero lo que va a ocurrir es que la gente de los sectores populares va a tener que pagarle a los empresarios por un sistema de salud que ahora es gratuito y funciona. Y como el Estado se le reduce a un simple árbitro de los negocios de los particulares, este no va a poder proteger a esas personas”.

Aunque el sociólogo califica de perversas tales propuestas, advierte que quienes las redactaron “no lo hicieron porque sean malas personas. En realidad, los 400 intelectuales que redactaron el programa de la MUD creen ciegamente en el dogma neoliberal; quieren acabar con el Estado nacional para delegar en el sector privado todo el poder de decisión”.