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23.Oct.2017 / 01:39 pm / Haga un comentario

Foto: AVN

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Luego de la derrota electoral sufrida por la oposición en los comicios del pasado 15 de octubre, en los que obtuvo el 45% de los votos de más de 11 millones de venezolanos, logrando ganar sólo cinco de las 23 gobernaciones del país, la derecha trasnacional arreció las arremetidas contra el orden institucional de la República, mediante ataques mediáticos contra los poderes públicos de la nación y el inicio de una gira internacional para seguir promoviendo matrices en contra del proceso comicial.

La misma noche del domingo 15 de octubre, tras el primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) con los resultados irreversibles de 22 estados del país, la coalición opositora Mesa de la Unidad (MUD) anunció que «desconocería» los resultados de la contienda, por no coincidir éstos con sus cálculos a boca de urna.

Durante los días siguientes voceros de la derecha interna y externa, respaldados por el poder mediático internacional, han tildado de «fraudulento» el proceso de elección; sin embargo, el CNE no ha recibido, hasta la fecha, ninguna impugnación formal por parte de partidos de la derecha a la elección del 15 de octubre, y los cinco gobernadores opositores electos han asumido su victoria, aclarando incluso que su elección fue «limpia y transparente».

A una semana del proceso, voceros como Julio Borges y excandidatos como Andrés Velásquez insisten en fallas como supuestas incidencias con huellas dactilares, aun cuando técnicos y testigos de la MUD avalaron auditorías de los datos de electores y de verificación ciudadana, que contrasta las actas con los comprobantes de votación.

A eso se suman las voces de naciones con gobiernos conservadores, que cuestionan las fortalezas del sistema electoral venezolano e, incluso, piden intervención extranjera en la revisión de los resultados, proceso normado por leyes nacionales.

Los ataques contra el Poder Electoral se suman a otras agresiones propiciadas desde el extranjero contra el orden institucional de Venezuela, como la juramentación el pasado 13 de octubre de un supuesto Tribunal Supremo de Justicia sin validez jurídica, instalado en los Estados Unidos de Norteamérica y respaldado por gobiernos de la región de corte neoliberal, políticos venezolanos prófugos de la justicia y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Esta nueva acción injerencista no contó con la aprobación de los Estados miembros del organismo internacional, que en su gran mayoría han decidido mantenerse al margen. Sin embargo, el hecho es utilizado como arma mediática internacional para intentar deslegitimar la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela.

AVN

 

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