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La derecha venezolana pretende borrar los alcances en inversión social hechos por el Gobierno Bolivariano y adjudicarse propuestas «inclusivas» como estrategia para negar los logros alcanzados, específicamente en lo relacionado con el pago de pensiones a los adultos mayores.
Como parte de las promesas de campaña para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), publicó en su sitio web el documento Oferta legislativa para el cambio, en el que asume como propias las políticas que ya fueron impulsadas por la Revolución Bolivariana.
En el referido documento plantean que de obtener mayoría en la Asamblea Nacional (AN), aprobarían proyectos de ley o la reforma de leyes ya existentes —especialmente en áreas clave que han sido logros tangibles de la gestión de gobierno— en las políticas sociales, como ha sido el pago de pensiones.
A juicio de la MUD es «lamentable» la situación actual de las personas de la tercera edad por lo que dictarían una «Ley de pensiones universales no contributivas» que consistiría en crear un «beneficio vitalicio» para los adultos mayores.
Sostienen que esta ley incluiría «incluso a aquellas que por su ocupación o por cualquier circunstancia no hayan contribuido al seguridad social (sic.) o lo han hecho parcialmente», y además agrega que «este beneficio debería ser revisado constantemente para homologarlo a las remuneraciones de los trabajadores activos».
Dicha propuesta, que la coalición política ofrece como novedosa, es un mandato constitucional que el gobierno revolucionario ha honrado con eficiencia. En 1999 únicamente 387 mil personas conformaban el grupo de venezolanos que gozaban del cobro de pensión, 16 años después son dos millones 800 mil los pensionados con la meta de llegar a los 3 millones de pensionados.
Con la Gran Misión en Amor Mayor, creada en 2011, aquellos adultos mayores que no hayan cotizado también han sido incorporados al cobro de pensiones, derecho establecido en el artículo 80 de la Constitución Bolivariana, que garantiza el resguardo de la seguridad social de los adultos mayores, quienes cobran un monto de pensión homologado con el salario mínimo vigente (Bs 9.649) y que aumenta con cada incremento decretado.
La oposición, por su parte, ha negado sistemáticamente la aprobación de créditos adicionales en la sesiones ordinarias de la AN, sin importarle que el objetivo de la solicitud de recursos es para mantener el funcionamiento de las misiones e inversiones de carácter social en beneficio del pueblo, que ellos catalogan como gasto y que ahora presentan como promesa con fines populistas y de mercadeo electoral.
AVN