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Será en definitiva este martes que el jefe de la fracción parlamentaria de la autodenominada Mesa de la Unidad, Julio Borges, presente en la Asamblea Nacional para su primera discusión, la llamada Ley para la activación y fortalecimiento de la Producción Nacional, algo que a juicio de la bancada del Bloque Parlamentario de la Patria, busca privatizar las empresas recuperadas por el Estado venezolano y con esto concretar despidos masivos como ya ocurrió durante la cuarta república.

Entre los 34 artículos de la polémica propuesta destacan el 5 que establece de manera textual que “A los fines de incentivar la inversión asociada a la producción nacional, se establece una disminución especial del monto a pagar por concepto de impuesto sobre la renta, del treinta por ciento (30%) del monto de las nuevas inversiones realizadas por personas naturales o jurídicas, que aumenten la producción o la capacidad productiva nacional de bienes y servicios, en actividades, productivas, agrícolas, pecuarias, pesqueras o piscícolas, industriales, agroindustriales, construcción, electricidad, ciencia y tecnología. Esta disminución especial se concederá por los cuatro (4) años siguientes, contados a partir del momento de entrada en vigencia de la presente ley, prorrogables otros cuatro (4) años”.

En el artículo 11 que habla “Del régimen especial de utilización de divisas para el incremento de la producción nacional” establece que “Bajo el presente régimen especial todas las personas naturales y jurídicas podrán retener hasta el cien por ciento (100%) de los ingresos que perciban en divisas, en razón de las exportaciones realizadas, siempre y cuanto tales ingresos si dirijan únicamente a la compra de materias primas, insumos, repuestos, maquinaria u otros elementos vinculados al proceso de producción y, en general, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la actividad productora y exportadora.

Otra polémica en la propuesta que presenta la bancada de la derecha venezolana está en el artículo 13 que habla del “Del régimen especial de precios” y señala que “Con el objeto de estimular la producción nacional, los precios fijados por la SUPERINTENDENCIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIOECONÓMICOS (SUNDDE), a través de providencia, podrán ser modificados por los productores cada dos (2) meses, aplicando el método de ajuste de precio descrito en los artículos siguientes, sometido a la revisión posterior por parte de esa Superintendencia”.

Sin embargo a juicio del Bloque Parlamentario de la Patria, el artículo que genera mayor polémica y “donde está la trampa de la derecha adeco-burguesa” es en el artículo 19 que ordena que “En caso que la Comisión determine que alguna empresa, tierras de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva de los que hayan sido evaluados conforme al artículo 17 de esta Ley, se encuentre total o parcialmente inactiva o haya decrecido sus niveles de producción respecto de aquellos con los cuales contaba en los  doce (12) meses previos al momento en el cual se adoptó la medida de que se trate, ordenará al Ejecutivo Nacional en el Informe correspondiente la adopción de la siguiente medida para la pronta reactivación de la producción nacional, el otorgamiento a un tercero del derecho a gestionar la empresa, tierra de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva de que se trate, aplicando un procedimiento de selección público, expedito y competitivo que garantice rapidez en la reactivación productiva y la verificación de que el interesado cuenta con la capacidad financiera y experiencia necesarias para alcanzar esos fines. Al término del lapso por el cual se le otorgue ese derecho de gestión, se le dará la posibilidad al interesado de adquirir la titularidad del derecho de propiedad de la empresa, tierra de producción agrícola, bienes, infraestructuras, activos industriales, planta de producción o cualquier otro bien, activo o unidad productiva de que se trate, una vez se haya resuelto jurídicamente lo atinente a la privación coactiva de la propiedad de la cual haya sido objeto la persona natural o jurídica que la ostentaba antes de su asunción por parte del Estado”.

Como respuesta a esta propuesta de la derecha venezolana, la clase obrera se declaró este lunes en movilización permanente en rechazo a los proyectos de leyes que busca privatizar las conquistas alcanzadas por el poder popular en 17 años de Revolución Bolivariana.

Al respecto, la clase obrera conformada por trabajadores de empresas recuperadas por el Estado, nacionalizadas y comuneros, manifestaron en un documento, redactado el pasado domingo, su repudio a estas acciones, debido a que solo buscan privatizar los derechos del pueblo establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999.

«La nueva Asamblea Nacional pretende privatizar a favor del gran capital oligárquico, medios de producción, fábricas y servicios donde el pueblo venezolano está haciendo serios esfuerzos para salir adelante. Quieren privatizar las tierras que el comandante Chávez le devolvió al pueblo campesino y trabajador con la Ley de Tierras. Quieren aprobar leyes demagógicas cuyo fin último es privatizar los derechos humanos», expresa el documento, leído este lunes por Roberto Antonio, trabajador de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en transmisión conjunta de radio y televisión desde el Complejo Petroquímico Ana María Campo, ubicado en la Costa Oriental del Lago, estado Zulia .

Prensa Bloque de la Patria