Opinión / Noticias
Por: Irán Aguilera
Los recientes anuncios realizados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en materias económica y social, apuntan decididamente hacia la consolidación del desarrollo integral de la nación. Estas medidas, que buscan garantizar el bienestar del pueblo venezolano, se concentran de manera estratégica en el fortalecimiento de la infraestructura y en la mejora del ingreso de los trabajadores y trabajadoras; una información que el país esperaba con fundado optimismo.
Como es sabido, Venezuela ha sido el blanco de un incesante ataque de guerra económica durante más de trece años. El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, ha informado que, hasta el presente mes de abril, se contabilizan 1.040 medidas coercitivas unilaterales activas. Estas mal llamadas “sanciones”, impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.), son solo una pieza del engranaje de agresión imperialista que ha intentado asfixiar nuestra soberanía.
Los efectos de esta agresión fueron devastadores. Si tomamos como referencia el año 2012 —fecha de la promulgación de la Lottt—, el PIB cayó en picada hasta tocar fondo en 2020, con una reducción del 75 por ciento. En ese mismo periodo, el valor de las exportaciones se desplomó de 97.669 mm de dólares a apenas 8.724 mm de dólares, todo acompañado por una voraz hiperinflación inducida y el desabastecimiento planificado y ejecutado por los mismos agresores. El objetivo era claro: pulverizar el salario —había llegado a ser con Chávez el más alto del continente— para utilizar el descontento popular como arma contra la Revolución Bolivariana.
Sin embargo, a partir de 2021, el presidente Nicolás Maduro logró revertir esa tendencia, iniciando un crecimiento sostenido que hoy continúa la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Los indicadores son contundentes: en 2025, el PIB alcanzó un crecimiento del 35,7 por ciento en comparación con el mismo 2012, mientras que las exportaciones subieron a 26.785 mm dólares. En lo social, en el fragor de esa guerra se implementaron medidas de protección —CLAP, subsidios a servicios públicos y combustible, misiones, etc.— que fueron sistemáticamente atacadas. En el caso particular del salario, se insistió hasta consolidar una fórmula de resistencia para la coyuntura: los bonos indexados, que comenzaron con 30 dólares en 2021 y ya en marzo de 2026 alcanzan los 190 dólares.
Dando más pasos en esa dirección, la Jefa de Estado encargada aseguró que el próximo primero de mayo anunciará un incremento salarial, el cual va a realizar de manera responsable, al tiempo que profundizará las medidas de protección social. Asimismo, subrayó que en la medida en que Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad del ingreso, vendrán más avances en esa dirección. No obstante, para que estas mejoras alcancen su máximo potencial y se traduzcan en estabilidad definitiva para la familia venezolana, es indispensable que EE.UU. elimine las sanciones ilegales. Por ello, vamos a sumarnos a la “Gran Peregrinación Nacional” contra las sanciones, que recorrerá el país desde el 19 de abril hasta el 1 de mayo.
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Barcelona / Edo. Anzoátegui