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Apenas dos de cada diez venezolanos tienen interés en que la nueva Asamblea Nacional, dominada por los factores políticos que conforman la MUD, asuma como prioridad la llamada “Ley de Amnistía” de acuerdo a una encuesta colocada en el portal de internet de un importante medio venezolano y en el cual habían expresado su opinión cerca de 8 mil personas al 15 de enero. A través de este instrumento legal, calificado como prioritario por diputados como Freddy Guevara (Voluntad Popular), los elementos de la oposición presentes en el Parlamento pretenden poner en libertad, entre otros, a Leopoldo López, uno de los líderes del fracasado intento de rebelión denominado “La salida” del cual justamente se cumplen dos años este 23 de enero, el cual ocasionó la muerte de 43 venezolanos y centenares de heridos en una aventura política que buscaba la caída del gobierno del presidente Nicolás Maduro mediante la promoción de actividades violentas de calle.

Las prioridades, hoy
Si bien el proceso electoral del pasado 6 de diciembre buscaba seleccionar a los miembros de la nueva Asamblea Nacional, ciertas tendencias políticas presentes en la coalición opositora han interpretado los resultados como una suerte de “carta blanca” que los autoriza a emprender cualquier clase de proyecto legislativo, aunque los resultados de la encuesta ya citada indica que apenas el 18% de los venezolanos considera necesaria la llamada “Ley de Amnistía”.

En el primer lugar de las prio- ridades de los consultados se encuentra algún tipo de instrumento legal que contribuya a terminar con las colas en los supermercados (61%) y en segundo una mejora en la seguridad personal de los venezolanos (21%).

Con la llamada “Ley de Amnistía” de acuerdo a las informaciones filtradas a la prensa por algunos de los abogados asesores de los diversos proyectos con los cuales se persigue “borrar” diversos actos delictuales cometidos en los últimos 17 años, se preten- dería incluir a unas 25 mil personas, una cifra a todas luces exagerada si se toma en cuenta que supuestamente incluye a 20 mil exempleados de la estatal petrolera PDVSA que abandonaron sus puestos de trabajo en medio del parosabotaje petrolero de 2002, los cuales en ningún momento han sido sometidos a procesos de persecución judicial, excepto un pequeño grupo de una organización denominada “Gente del Petróleo” la cual fue directamente responsable de la paralización total de la producción petrolera en Venezuela, lo cual ocasionó pérdidas por miles de millones de dólares al Estado venezolano y un grave desabastecimiento de combustible en todo el país por cerca de dos meses, que afectó a toda la población hasta que personal ejecutivo y obrero de Petróleos de Venezuela en conjunto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo movilizado lograron reactivar las complejas operaciones de la industria petrolera.

Paros, golpes y guarimbas
Otro de los casos emblemáticos sobre los cuales se pretende lograr “amnistía”, es el golpe de Estado de abril del año 2002, cuando una asonada en donde participaron elementos civiles y militares lograron tomar el poder durante 48 horas. Pedro Carmona Estanga, autojuramentado presidente de los sediciosos, entraría dentro del grupo de “amnistiados” de acuerdo a las condiciones establecidas en uno de los proyectos legales que circulan en la Asamblea Nacional. Los acontecimientos de la Plaza Altamira, cuando un grupo de militares en rebelión contra la Constitución tomaron la emblemática ubicación del este caraqueño y en donde incluso ocurrieron asesinatos por encargo, sería otro de los objetos del proyecto de ley. Los diversos actos de violencia protagonizado por sectores opositores a lo largo de la última década, entre los que se cuentan las diversas “versiones” de la llamada guarimba, a través de las cuales se ha pretendido crear caos social, serían agregadas al cuerpo legal como elementos a ser amnistiados.

El caso López
Probablemente uno de los casos que ha generado más resonancia por su cercanía temporal y la voluntad expresada por el Ejecutivo Nacional para el cumplimiento de las leyes de la República, ha sido el conocido como “La salida”. El propio Leopoldo López, líder de la convocatoria, expresó al final de la rueda de prensa que las acciones de calle no terminarían “hasta la salida del gobierno”.

La violencia desatada en los meses siguientes produjo 43 muertes, cientos de heridos, daños físicos en instituciones públicas y quema de centros de educación superior. La acción de grupos de “choque” con entrenamiento previo en tácticas de guerrilla urbana se hizo evidente en ciertas urbanizaciones del este de Caracas y otras ciudades del país, entre ellas San Cristóbal, capital del estado Táchira, en donde pequeños grupos violentos crearon un sistema de pago de “vacuna” por el cual los ciudadanos no podían circular libremente por la calle si no cancelaban una suma de dinero.

El propio Leopoldo López, quien se había declarado “clandestino” luego del inicio de las violentas protestas, se convirtió en una potencial víctima de su propio plan, pues fuentes de inteligencia gubernamentales develaron un plan de asesinato del diri- gente de Voluntad Popular dirigido por sectores de ultraderecha que buscaban crear un estado de conmoción social a partir de la eliminación física de López. El 18 de febrero de 2014 se entregó a un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela luego de una concentración en la Plaza Martí, en Caracas, con el objeto de resguardar su integridad física.

Prensa cuatro F/ Luis Dávila