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Foto: Movimientos de Vivienda Venezolanos
Distintas organizaciones sociales revolucionarias: Movimiento de Inquilinas e Inquilinos, Ocupantes (ambas pertenecientes a la plataforma de Pobladores) y la vocerías de algunas Asambleas de Viviendo Venezolano de Caracas, se concentraron en la tarde de este miércoles en la puertas del Palacio de Justicia, para sumarse al pedido del Presidente Nicolás Maduro Moros y acelerar la Revolución del Sistema Judicial.
Esta solicitud se lleva a cabo, debido a que varias familias que luchan por el derecho a la vivienda (la mayoría familias inquilinas), vienen siendo criminalizadas y judicializadas con la simulación de hechos que no se resuelven por el ámbito penal; estas acciones son realizadas por abogados que han utilizado el sistema judicial para no reconocer las leyes en materia de vivienda hechas en Revolución y así ejecutar desalojos ilegales.
En algunos casos estas judicializaciones son acompañadas con campañas de criminalización impulsadas por sectores de la derecha política venezolana, como lo es el caso del ciudadano Carlos Julio Rojas, quien a través de medios de derecha nacionales e internacionales catalogan de invasores a familias inquilinas y lideresas de distintas Asambleas de Viviendo Venezolano, organizaciones que forman parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
En tal sentido, una vocería amplia fue recibida por el Presidente del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas, distintos jueces del circuito penal y el Diputado de la Asamblea Nacional Carlos Mogollón.
El Presidente del circuito penal agradeció a la organizaciones sociales por la alerta temprana y se comprometió a establecer una agenda de trabajo para revisar los casos denunciados y a su vez establecer un espacio permanente para la articulación con el Poder Popular, además de establecer un cronograma de formación popular para el personal que labora en los distintos tribunales.
Por último, el Presidente del circuito fue enfático en señalar que las causas que expresaron los movimientos de vivienda es una clara acción de intentar realizar un fraude a la ley y se puede considerar como un intento de ejercer terrorismo judicial, lo cual va en contra de los principales orientaciones del Estado y Gobierno Nacional: la defensa de los derechos establecidos en nuestra Constitución y la articulación con el pueblo organizado, por lo cual reafirmó que en el circuito penal del AMC no sé permitirá desalojos de vivienda por la vía penal.
Movimientos de Vivienda Venezolanos