En 2018, Venezuela alcanzó la meta de pensionar al 100% de los adultos mayores, con lo que se declaró como el primer territorio de América Latina en consolidar un sistema de protección y seguridad social efectivo para su población.

En el registro histórico de la seguridad social venezolana, se puede constatar hoy día, que hay 20 veces más pensionados que hace 29 años. En 1998, apenas 387 mil personas, el 19,6% de la población en edad pensionable, hacía uso del beneficio, mientras actualmente 4 millones 862 mil 665 hombres y mujeres, es decir, el 100 % percibe cada mes ese sustento económico, lo que representa un incremento de 1072 % de cobertura.

Además de elevar la cobertura de las personas en edad de pensión, el gobierno venezolano dio un paso trascendental en el pago del seguro, al ajustarlo al 100 % del salario mínimo nacional, pues en 1998, los adultos mayores que solo estaban registrados en el sistema contributivo recibían el 75% del sueldo.

El modelo socialista transformó el sistema de pensiones venezolano hacia la inclusión y la justicia social. Rompió con el esquema de transferencias intergeneracionales, donde los trabajadores activos financiaban a los trabajadores retirados; estableció la posibilidad de que las personas con la edad mínima exigida para optar al beneficio, 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres, pudieran cancelar las cotizaciones hasta llegar a las 750 que contempla la Ley del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS).

Además, incorporó al sistema de seguridad social a miles de personas que no cotizaron nunca por la condición informal de sus oficios, como campesinos, pescadores, taxistas y amas de casa. La pensión de sobreviviente y huérfanos, fue homologada para que no se perdiera el derecho a la misma, en caso de que el beneficiario (a) volviera a casarse o a establecer una unión de hecho.

Cabe destacar, que además de estos aspectos relacionados a la protección social de los adultos mayores, en Venezuela se contemplan beneficios que aseguran y garantizan la seguridad económica. Así, el Estado promueve y desarrolla políticas orientadas a elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo de este grupo etáreo. De la misma forma, han sido desarrollados programas de nivelación de las pensiones con mecanismos de ahorro en la criptomoneda Petro, la adquisición de certificados en oro y otros instrumentos como bonificaciones y ayudas dinerarias desde la Plataforma Patria.

Además y efectivamente importante, ha sido otorgado el derecho igualitario del goce a la continuidad laboral de acuerdo a las capacidades de las personas de tercera edad, que a diferencia de otros países de la región es por imposición.

La experiencia venezolana sobre de protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible se sigue profundizando como un derecho humano y social fundamental e irrenunciable, en Latinoamérica más de la mitad de las personas mayores no reciben pensión.

Las pensiones en América Latina

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en promedio, un 57,7% de las personas de entre 65 y 69 años, y un 51,8% de los que tienen 70 y más años de edad, no perciben una pensión de un sistema contributivo. En el caso de las mujeres esta tasa es más elevada. La OIT ha subrayado que los ingresos del porcentaje de adultos que perciben pensión es insuficiente, situación que obliga a muchas personas mayores a trabajar.

En base a sus estimaciones la OIT aseguró recién que solo el 29 % de la población mundial está protegida por un sistema de seguridad social integral, que abarca toda la gama de prestaciones, desde beneficios familiares hasta pensiones de vejez, y que la amplia mayoría de la población del mundo, –el 71 %, o 5200 millones de personas– tiene solo una cobertura parcial o ninguna.

Entre los aspectos que retrasan la protección al adulto mayor en la región se encuentran el desarrollo permanente de las tecnologías, la competitividad laboral, la precarización del mercado de trabajo, las brechas sociales entre la población económicamente activa y los sectores vulnerables que, por llegar a cierta edad carecen de destrezas.

De acuerdo a un informe denominado 40 años de privatización de las pensiones: ¿qué nos dejaron?, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), entre 1981 y 2014 el discurso neoliberal sobre la imposición del libre mercado para financiar programas sociales impuso a las naciones la idea de la privatización de las pensiones.

De este modo, las élites financieras se lucrarían de los dividendos destinados a la protección de los trabajadores tras su retiro laboral. Así, sucumbieron a la imposición de esta doctrina unas 14 naciones de América Latina, entre ellas: Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia y México. La gran mayoría de los países rechazaron la privatización a partir de la crisis financiera mundial de 2007-2008.

No obstante, ante el revés de la privatización, el Fondo Monetario Internacional intenta reeditar fórmulas agresivas contra la población en situación de retiro laboral. En las naciones que acuden a dicha organización financiera, dicho Fondo viene reclamando a los países que siguen su doctrina que ante los «riesgos» de que la gente viva más de lo esperado», es necesario proponer soluciones de mercado que sirvan para retardar las edades y recortar los fondos para la longevidad, ya que «al vivir más la población tendrá que pagarse más en pensiones y prestaciones a la seguridad social».

Estas formulas de recorte se han pretendido aplicar en países de América Latina, especialmente en Argentina y Brasil donde regresó la derecha a gobernar. Mauricio Macri, dio un primer paso para cercenar el derecho a recibir pensiones a sus connacionales, al intentar reducir los haberes de 17 millones de personas. Este cálculo o cambio de índice impulsado por su gobierno, fue rechazado por inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia argentina.

Por su lado, en Brasil, la reforma de las pensiones impulsadas por Temer, que fue presentada ante el Congreso brasileño, fue aprobada y establece, entre otros aspectos, que tanto hombres como mujeres deben tener 25 años de contribución al sistema. Mientras en Chile, el dinero de las pensiones que cada persona ahorra en grupos privados, ya que no hay subvención del empleador ni del Estado, actualmente representa menos de la mitad del sueldo mínimo.

Entre tanto, Uruguay, adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la OEA, para dar continuidad a ello elaboró el 2do Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, proyecto estatal que establece lineamientos que articulan las acciones dirigidas a promover y proteger el ejercicio de derechos de todas las personas mayores».

En Colombia, el 70% de su población no tiene pensión, mientras uno de cada dos adultos mayores de 65 años no tiene ingresos propios. Para el año 2018, se ubicó como el tercer país de la región con mayor tasa de mayores dependientes, con el 49,8 % su población mayor, solamente por debajo de Paraguay que tiene 56,5 % y de México que cuenta con el 55,3 %.

AVN