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El 4 de octubre de 1982, durante la Cuarta República se cometió una de las masacres más impactante en la historia de Venezuela, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, que acabó con la vida de 23 jóvenes, hombres y mujeres de entre 16 a 30 años. Esto significó el desmantelamiento del último frente guerrillero en oriente y se usó, junto a las de El Amparo y Yumare, como un método de coerción social para mantener a raya y exterminar al movimiento revolucionario.
En la Masacre de Cantaura se utilizaron 17 bombas de 250 libras, las cuales fueron lanzadas al campamento, mientras que 1 mil 500 efectivos del ejército, y la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) cercaban la zona con orden de aniquilar a los miembros del Frente Américo Silva. Según el testimonio de algunos sobrevivientes, la operación fue ejecutada por propio Henry López Sisco, quien también fue autor material de la Masacre de Yumare.
Aunque el gobierno de Campins calificó la masacre como un “encuentro armado”, las exhumaciones de los cadáveres demostraron todo lo contrario, ya que la mayoría de las víctimas ajusticiadas mostraban en sus cuerpos signos de tortura y tiros de gracia en el cráneo. Es por ello que la Federación de Derechos Humanos denunció en esa época las extrañas circunstancias en la que murieron los miembros del frente y solicitaron una investigación al hoy extinto Congreso Nacional y la Fiscalía General de la República, pero a pesar del esfuerzo por conseguir respuesta, toda la información se mantuvo archivada.
Sin embargo, gracias a la Revolución Bolivariana en 2009, 27 años después de la Masacre de Cantaura, la Fiscalía retomó el caso y entre 2007-2008 ya se habían exhumado 18 cuerpos en Caracas, Barcelona, Anaco, Cumaná, La Guaira y Puerto Cabello.