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El llamado a «paro cívico» extendido por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), junto a la pretensión de la Asamblea Nacional (AN) en desacato de designar de forma extemporánea a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), constituyen un paso adelante en la escalada insurreccional contra el Estado de derecho en Venezuela, emprendida desde hace tres meses por la derecha nacional e internacional para hacerse con el poder político de la nación.
La nueva fase pretende escudarse en los resultados de la encuesta interna no vinculante que realizó la coalición opositora el pasado domingo, que demostró que la MUD cuenta con el mismo capital político —supuestamente siete millones de personas— que tradicionalmente ha ostentado y que no es suficiente para revocar el mandato del presidente constitucional, Nicolás Maduro.
A pesar de la imposibilidad de auditar tales resultados, la derecha parlamentaria se apoya en estos para dar la «entrada al informe de la Comisión de Postulaciones Judiciales para el nombramiento de los nuevos magistrados», proceso que culminará el viernes «con el nombramiento de los nuevos magistrados del TSJ de Venezuela», afirmó el diputado Freddy Guevara en nombre de la coalición.
Los magistrados que pretenden sustituir fueron nombrados en diciembre de 2015, en un proceso que actualmente desconoce la fiscal general, Luisa Ortega, año y medio después de la designación.
Ante ese panorama, el Consejo Moral Republicano de Venezuela consideró este martes que esta acción «se hace a destiempo, perturba el orden interno, alienta una intervención extranjera, usurpa funciones de autoridades públicas y estimula la confrontación a los establecidos por el Estado, ocasionando daños irreparables a la República».
La pretensión de nombrar y destituir funcionarios ha sido una jugada empleada por la derecha nacional desde que alcanzó el control del Parlamento en 2016, pero estas acciones no han tenido efecto jurídico debido a la condición de desacato al Poder Judicial que mantiene en estado de nulidad a la AN.
Esa maniobra se conjuga con el llamado para este jueves a un paro, acción política que antecedió el golpe de Estado de abril de 2002 y al sabotaje petrolero de fines de ese año e inicios de 2003. Esta vez, constituye un paso adelante en la escalada insurreccional emprendida por la coalición opositora desde hace más de 3 meses, que ha ocasionado la muerte de más de 100 venezolanos, destrozo de bienes públicos y privados y la violación al derecho a la paz de la ciudadanía.
AVN