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Efecto político y las cartas sobre la mesa

Las primeras reuniones tuvieron un efecto político de múltiples manifestaciones: 1) la fractura de la oposición se acentúo entre «moderados» y «radicales», aumentado su crisis de credibilidad generalizada; 2) EEUU como promotor de sanciones financieras perdió interlocución interna y capacidad de reordenar a la MUD en función de objetivos monolíticos; 3) Luis Almagro y otros operadores del cambio de régimen perdieron peso en su vocería internacional; 4) Internacionalmente el chavismo ganó espacios de credibilidad y confianza, posibilitando que gobiernos como México o Chile, quienes desde la OEA enfrentaron al Gobierno durante 2016 y 2017, legitimaran la instancia de diálogo; 5) La debilidad, deslegitimación e inconsistencia de los liderazgos opositores es un factor transversal en la presencia del antichavismo dentro de la Mesa de Dialogo, en el espacio político del parlamento y en la escena política venezolana en general, con alcance incluso en la escena puertas afuera de Venezuela.

Los mediadores, así como los voceros de la oposición y el Gobierno, administraron con tacto la información sobre todos los puntos y detalles que estaban en medio de la negociación; sin embargo, en la opinión pública las apuestas e intereses de lado y lado se hicieron públicos.

El presidente Maduro recalcó a mediados de noviembre que «los emisarios del gobierno pedirán que ellos se comprometan, Julio Borges y Luis Florido, que han negociado conmigo, se comprometan a hablar con el Gobierno de EE UU y exigir que levante la persecución financiera y económica, y las sanciones contra Venezuela, esa es la exigencia que lleva Venezuela a la mesa de diálogo». De esta forma el Gobierno puso su carta principal sobre la mesa.

Por su parte la oposición, dirigida en el diálogo por Julio Borges, mantiene como carta política el cambio de rectores del CNE, en parte por la desconfianza sembrada por la dirigencia en el ente electoral actual (un factor constitutivo de la abstención en sus filas), en parte por la postura de EEUU de buscar un choque institucional de poderes bajo la excusa de un CNE «parcializado».

Muestra de ello fue el desconocimiento de los resultados de las elecciones regionales del 15 de octubre por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que más que una declaración política representaba una orden para evitar que la dirigencia opositora participara en los comicios municipales del 10 de diciembre, debido a que, al igual que las regionales, las elecciones habían sido convocados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El no reconocimiento de la ANC es otro punto de honor de la Administración Trump, y por delegación de la oposición, toda vez que en su cálculo estratégico la Asamblea Nacional debe ser utilizada como mecanismo para doblegar al Gobierno, anidar el camino de mayores sanciones y erigirse como un gobierno paralelo, más no para articular una mediación política con otro poder constitucional como lo es la ANC.

Por su parte han avanzado en un instrumento legal aprobado en la Cámara Baja del Congreso para posibilitar una intervención humanitaria, mediada por ONGs y otros dispositivos de poder blando, maniobra que a su vez supedita a la aceptación de ese plan su apoyo a la coalición opositora. La variable electoral entra en un segundo plano, o a lo sumo como acelerante de la operación de cambio de régimen que se va decantando por la variante humanitaria.

El factor Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y la reacción de EEUU

Días después de la alocución de Maduro el dirigente de AD Edgard Zambrano amagó con reconocer la ANC si así el trayecto del diálogo lo permitía. Esa insinuación no sólo crispó los ánimos opositores en las redes sociales, sino que también sembró dudas sobre si la juramentación de 4 gobernadores de AD ante esta instancia había sido negociada (en contraposición a lo que dijera el líder del partido Henry Ramos Allup en su momento), y alrededor de si la decisión de UNT de participar y reconocer a la ANC, decisión frenada por Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) cuando fue convocada, volvería al ruedo en la Mesa de Diálogo.

Los sectores llamados «radicales», articulados en torno a María Corina Machado, Antonio Ledezma y Diego Arria, quienes reclaman para sí la vocería venezolana de la Administración Trump y su agenda de asfixia económica, criticaron fuertemente la elección de Omar Barboza como presidente de la AN a inicios de enero de 2018.

Ese mismo día sin hacer ninguna mención de respaldo o apoyo a la nueva junta directiva, el Departamento del Tesoro sancionó a 4 funcionarios del Gobierno venezolano, en una muestra clara de que su agenda unilateral continúa y que no confían en UNT o AD por entablar puentes con el chavismo. Y aquí no sólo se mezcla la urgencia geopolítica de derrocar al Gobierno venezolano, toda vez que las alianzas con Rusia y China aumentan a paso acelerado, sino la toma del frente interno por actores sobre los cuales no tienen un control absoluto, cuestión diametralmente distinta cuando se trata de PJ y VP: la vanguardia interna de las guarimbas y la exigencia de sanciones.

El asunto de la deuda y las presidenciales

En el filo de las negociaciones se encuentra el tema de la reestructuración y/o emisión de deuda nueva, hoy judicializadas por EEUU para evitar que el país obtenga financiamiento para reacomodar su economía interna, además del conjunto de sanciones más específicas que limitan las transacciones internacionales e importaciones del país. Es necesario destacar que a inicios de diciembre pasado el Departamento del Tesoro anunció que emitiría una licencia para emisión de deuda si ésta era aprobada por la AN. Este es su principal recurso de poder en las negociaciones, donde la debilidad política del antichavismo a lo interno ha sido compensada por el asedio financiero externo contra el país.

Las informaciones públicas sobre los temas claves del dialogo, suponen que en el contexto actual EEUU intuye que factores como UNT y AD podrían negociar una reestructuración de la deuda y aprobarla por la AN (previa reincorporación al ruedo), además de brindar un reconocimiento tácito de convivencia con la ANC, a expensas de cambios poco sustanciales en el CNE y la superación del desacato de la AN. Para que esto sea efectivo, la oposición debe mostrar capacidad de lograr una flexibilización mayor de las sanciones. Y no parecieran tener la fuerza para ello.

Un retorno a cierto equilibrio institucional, requerido por la apremiante situación económica del país, impactaría negativamente en la capacidad de EEUU para marcar la pauta y los tiempos del conflicto.

En respuesta parece haber decidido avanzar en el bloqueo financiero y en la desestabilización económica como punto de honor, así intentarían vaciar el sentido de las presidenciales ante la presunción de que Maduro ganaría, pero también en lo que respecta al diálogo hacen saber que no levantarán las sanciones por exigencia de dirigentes opositores.

En tal sentido la responsabilidad de un eventual estancamiento del diálogo radica en los efectos contraproducentes que generaron las sanciones financieras, y la imposibilidad de quienes las solicitaron de revertir la situación. La debilidad interna e inercia política de la oposición, es otro factor de peso que juega en contra para tratar de obtener sus puntos estratégicos en el diálogo.

Muy probablemente a raíz de estos movimientos los cancilleres de México y Chile aseguraron que reconsiderarían su participación como mediadores en el diálogo, al mismo tiempo algunos operadores como Felipe González y analistas de distinto nivel, anuncian que es el Gobierno quien tiene una posición de dominio en el diálogo.

Otro aspecto importante es que la ANC podría adelantar las presidenciales, un factor que colocaría en aprietos a la oposición en busca de nuevas condiciones de unidad política y electoral. Ya AD decidió que se relegitimaría ante la ANC, en busca de posicionar a su líder principal como candidato presidencial, hecho que no sólo reduce los incentivos para una negociación del CNE, sino que aumenta las fracturas internas en la coalición opositora.

Para el Gobierno venezolano el diálogo es una oportunidad de retornar a ciertos puntos de equilibrio político e institucional que se traduzcan en acciones positivas en beneficio de la economía interna, la estabilidad política, la regresión de las amenazas de confrontación social y la construcción de gobernabilidad. Para la oposición representa una encrucijada: un acuerdo mínimo de diálogo tiene graves afectaciones políticas y electorales, tanto para su base de seguidores como para otros actores que disputan el liderazgo de partidos políticos tradicionales en la opinión pública; producir su estancamiento por la incapacidad de levantar sanciones, en cambio, generaría una situación de aislamiento que sería poco rentable y sobre todo, peligroso.

Misión Verdad