Colombia es tierra cuya oligarquía ha seguido la línea de Francisco de Paula Santander en cuanto a política conservadora (en el sentido partidista de la palabra) y visión sangrienta del territorio. Hoy, el condimento de guerra posmoderna ha hecho germinar entre las larvas a organizaciones y personajes como los hermanos Castaño, los Urabeños y Juan Manuel Santos.

De trato y habla melifluos, yupi con acento cachaco, ha sido uno de los operadores del neoliberalismo más constantes en política institucional y medios de comunicación.

Su árbol genealógico está repleto de propagandistas del partido liberal y políticos de alta esfera, como su tío-abuelo Eduardo Santos, propietario del periódico El Tiempo. Desde la tribuna periodística logró allanar camino hasta la presidencia de la república entre 1938 y 1942, años de encunamiento de la época de La Violencia.

El padre de Juan Manuel Santos fue un afamado de la prensa burguesa, cuyo sobrenombre «Calibán» no le hizo honor a los sentires y pesares del proletario y campesino colombiano sino al sentido comercial y arribista de su familia. El actual presidente de Colombia no sería la excepción.

La familia requería que Juan Manuel estuviera preparado para seguir los pasos de la dinastía Santos. Por ello estudió Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Kansas. Con maestría en Economía y Desarrollo Económico del London School of Economics y otra en Administración Pública de la Universidad de Harvard. También recibió becas de la Fundación Fulbright en el The Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad Tufts, y de la Fundación Nieman para el Periodismo en Universidad de Harvard.

Desde la época colonial su familia mantuvo latifundios y negocios cafeteros desde la región de Guanentá. Y Juan Manuel no se quedó atrás: representó durante nueve años, entre 1972 y 1981, ante la Organización Internacional de Café en Londres, a la antiobrera Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. En su regreso a Colombia, asumió el puesto de subdirector de El Tiempo.

Desde ese puesto empezó a escalar en cuanto a influencia política. Debido a su tino neoliberal y el fluido manejo del inglés fue designado por el entonces presidente César Gaviria, en 1991, ministro de Comercio Exterior, oficina que fue creada para el cómodo servicio de enclave de los futuros Tratados de Libre Comercio que los sucesivos gobiernos de Colombia asumirían sin chistar.

Formó parte de la dirección del Partido Liberal. La influencia de Santos fue importante, con el solo porte de apellido era suficiente para dar golpes de mesa.

A Ernesto Samper le ofreció la idea de la zona de distensión en El Caguán para las negociaciones de paz con las guerrilleras revolucionarias, hoy considerada una de las políticas fallidas menos celebradas por los partidos tradicionales.

Para cumplir con la misión de administración del enmiseriamiento de las mayorías según la orden neoliberal, fue designado en el año 2000 ministro de Hacienda y Crédito Público por el presidente de turno y actualmente payaso de la mediática pro-guarimbera, Andrés Pastrana.

En 2004, Santos se retiró del Partido Liberal para respaldar la política de Álvaro Uribe Vélez. Fundó junto a éste, en 2005, el Partido de la U para apoyar un segundo período de la política de Seguridad Democrática, es decir, del ingreso formal del narcoparamilitarismo en la vida pública colombiana. Su primo Francisco Santos Calderón fue vicepresidente de la república entre 2002 y 2010. Por el espaldarazo, Juan Manuel fue designado en 2006 ministro de Defensa.

«Falsos positivos» y crisis de fronteras

En su toma de posesión de la oficina de Defensa, dijo que sería «el ministro de la guerra para conseguir la paz». Y su concepción de paz se acerca bastante a la de los sepulcros.

Bajo el amparo de Uribe, Santos hizo oficial la política de recompensa por asesinatos encargados durante su estancia en el Ministerio de Defensa. Las ejecuciones extrajudiciales de civiles disfrazados de guerrilleros («terroristas», según el argot fascista) fueron presentados ante los medios como «falsos positivos». El escándalo no permeó en el cuerpo institucional; Santos negó rotundamente lo que ya era política de terror del Estado, incluso antes de su participación en el gobierno uribista. Años después aceptó que esto era una realidad, pero que nunca comportó un patrón fundamental dentro de la línea de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Santos puso el foco en «unas pocas manzanas podridas» y procedió al retiro discrecional de 27 oficiales del Ejército del servicio activo y a la aceptación de la renuncia del comandante del Ejército, Mario Montoya, quien pasó a ocupar el cargo de embajador en República Dominicana.

Pero el aquellarre de la violencia no termina allí, como lo demuestra continuamente la historia de Colombia. La Operación Fénix, que consistió en el bombardeo por parte de las FFAA colombianas a un campamento de las Farc en la provincia de Sucumbíos, en la frontera del lado de Ecuador, fue causante de una crisis con los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez.

No sólo murieron en el ataque 17 guerrilleros y el comandante Raúl Reyes, sino que extendió las acusaciones de Uribe a Ecuador y Venezuela por apoyar y financiar la insurgencia de las Farc. Santos, quien dirigió la operación desde su oficina, hizo mutis por el foro ante la mediática regional, dejándole el papel ridículo a Uribe Vélez. No es de su costumbre asumir responsabilidades.

Nexos con el narco y el paramilitarismo

Quien fuera alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, dijo en una entrevista que «Juan Manuel Santos frustró las aproximaciones que el gobierno [de Belisario Betancur, 1982-1986] estaba haciendo en Panamá para extraditar capos del narcotráfico». Para aquella época, Santos estaba inmerso en las aguas de la oligarquía mediática, la relación entre gamonales latifundistas y paramilitares, y la política de Estado.

También fue acusado por el expresidente y ahora secretario general de Unasur, Ernesto Samper, de conspirar contra su otrora gobierno para derrocarlo. Habría convocado al narcoparamilitar Salvatore Mancuso -quien confirmó la historia- y facciones de la guerrilla para el golpe de Estado, que evidentemente no se concretó.

Durante la preparación de candidatos del Partido de la U a las elecciones de 2006, marginó a los viejos zorros de la politiquería para darle cabida a hombres de confianza de la parapolítica como Jorge Tulio Rodríguez, ex alcalde de Ibagué, y cuyos vínculos con Eduardo Restrepo Victoria y Wílber Valera, conocidos jefes del narco en el norte del Valle del Cauca, han sido notorios.

Su presidencia: continuidad de la política de los “falsos positivos”

Asesorado por Tony Blair, publicó en 1999, ensayo de su autoría, La Tercera Vía: una alternativa para Colombia. La política guerrerista de su mentor británico la continuaría en su presidencia, asumida en 2010, con vientos uribistas.

Declaró que los «falsos positivos» eran una cuestión del pasado. Sin embargo, informes presentados por defensores de derechos humanos ante la Comisión Interamericana señalan que durante su gobierno continuaron produciéndose nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales. En total, se estima que los «falsos positivos» habrían dejado más de 3 mil 500 víctimas entre 2002 y 2012. Y contando.

No sólo hace lobby al agronegocio transnacional sino que es experto en desembolsillar crisis diplomáticas. Ante la decisión soberana de Venezuela del cierre de frontera por la zona del Táchira, Santos ahora se da golpes de pecho con respecto a los colombianos desplazados por la guerra interna de su país, algunos deportados por el Gobierno Bolivariano debido a nexos con negocios de contrabando y paramilitarismo.

Si desde chiquito fue preparado para ser presidente, como dice un allegado suyo, en este momento Santos está demostrando que la política de Nariño tiene su molde fijo y que de ahí no puede salir. Al pender de un hilo su relación con Alba y Unasur pone en riesgo su proyección internacional, aun cuando las negociaciones de paz con las guerrillas estuvieran a punto de culminar exitosamente. Y los «falsos positivos» a su favor no son política de la región asumida bolivariana.

Misión Verdad