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El triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, que acabó con la dictadura de Fulgencio Batista, trajo consigo la recuperación de las industrias nacionales, azucareras, compañías eléctrica y telefónica, en manos de extranjeros y burgueses cubanos.
Una de las primeras acciones del líder Fidel Castro fue la promulgación de la Ley Fundamental de la República, el 7 de febrero de 1959, que resalta la soberanía e independencia del Estado cubano “para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”.
Bajo esta ley, se comenzaron a tomar una serie de medidas en beneficio de la población, como la reducción de los precios de alquileres y electricidad en 30% y 50% y se declara la discriminación racial como uno de los males a erradicar.
La soberanía del pueblo cubano se profundizó con el decreto de la Primera Ley de Reforma Agraria el 17 de mayo de 1959, que permitió el inicio de la recuperación de los recursos naturales y las principales industrias del país, entre ellas los ingenios azucareros estadounidenses, hecho que comenzaría a concretarse en el sector agropecuario el 4 de junio de ese año.
Las nacionalizaciones se llevaron a cabo bajo el respeto a los inversores extranjeros. Y las recuperaciones se basaron en el principio de “utilidad pública o interés social”, establecido en el artículo 24 de la Ley Fundamental de la República.
La Reforma Agraria establecía el pago de una indemnización mediante bonos que devengarían un interés anual no mayor del 4,5%, amortizable en veinte (20) años que era aplicable por igual para cubanos y extranjeros.
Bajo estas normas se hicieron negociaciones con Inglaterra, Canadá, Francia, México, Italia, España y Suiza. El único país que no aceptó las indemnizaciones fue Estados Unidos.
Respuesta de Estados Unidos
Al principio, Washington reconoció el derecho cubano a la nacionalización. El 12 de junio de 1959, en nota del Gobierno estadounidense a Cuba, se expresa que “los EEUU reconocen que, según el Derecho Internacional, un Estado tiene la facultad de expropiar dentro de su jurisdicción para propósitos públicos».
Pero luego, las medidas soberanas de Cuba, fueron interpretadas por EEUU como una provocación. Ese mismo mes, el Departamento de Estado estadounidense emite un comunicado en el que expresa que “corresponde al Gobierno de Estados Unidos asumir de inmediato una posición muy firme contra la Ley de Reforma Agraria y su implementación. (…) La mejor manera de alcanzar el necesario resultado era la presión económica.»
Por ello, a cada nacionalización cubana, Estados Unidos respondía con medidas contra la isla, como la presión a Inglaterra para frustrar la venta a Cuba de Jet Figthers en octubre de 1959 y la prohibición de exportaciones a la mayor de las Antillas, acción que se estableció en octubre de 1960. Asimismo habían constantes acusaciones contra La Habana en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En febrero de 1960, Fidel señaló que todas estas medidas eran tomadas para “que el amo de sus riquezas sea el país, porque no se concibe un país libre, cuya economía es economía de extranjeros. Porque quieren mandar no solamente en la economía, sino que entonces quieren también mandar en la política, y quieren mandar en todos los aspectos de la vida del país”.
En un balance presentado apenas un año después del triunfo revolucionario, “la Revolución logró reducir el número de los que carecían por completo de empleo, de 371.000 que había en enero de 1959, a 237.000 en enero de 1960. Es decir que se redujo el número de desempleados aproximadamente en 134.000 personas”, expresó Castro.
El triunfo de la Revolución Cubana daba sus frutos. Ante ello, en junio de 1960 el presidente Dwight Eisenhower decreta la reducción de 700 mil toneladas de la cuota azucarera cubana en mercado estadounidense.
Previamente, en el mes de abril, Esso, Texaco y Shell, a petición de Washington, restringen exportación de combustible a Cuba.
Ante el ataque estadounidense, el 6 de julio de 1960, el gobierno cubano decreta la Ley 851, relativa a la nacionalización de todas las empresas de Estados Unidos en Cuba.
Esto incluyó la recuperación de 36 centrales azucareros y de las compañías de teléfono y electricidad, de propiedad estadounidense.
A cada central azucarero nacionalizado se le dio como nombre el de un país latinoamericano o caribeño. En lo que fue la antigua provincia de Camaguey, hacia el sur de la ciudad principal, en un poblado de la hoy provincia de Ciego de Ávila, el más grande central azucarero nacionalizado se le dió el nombre de Venezuela, y cincuenta años después varias generaciones que allí han crecido se identifican como «venezolanos» de Cuba.
AVN