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El 31 de julio de 1829, El Libertador, Simón Bolívar, promulgó el Decreto de Guayaquil, mediante el cual estableció una política de Estado para garantizar la protección y conservación de los bosques, ordenó la delimitación del patrimonio forestal, e impulsó un sistema normativo que propiciara el uso consciente de los recursos naturales no renovables en los países de la Gran Colombia.

Estas acciones de un hombre que se adelantó al pensamiento de su tiempo en muchos ámbitos, lo ubicaron en la historia como el conservacionista de América. El Libertador con su pensamiento visionario, fue uno de los políticos de su tiempo más preocupado por la conservación del ambiente, y tomó las medidas necesarias para hacer de éste pensamiento una política de Estado.

Terminada la guerra de independencia, Bolívar ya se mostraba muy interesado en este tipo de acciones y como él mismo lo expresó, quería revertir los efectos dañinos que causó la guerra en la naturaleza.

El Libertador también dedicó especial atención a la minería y la explotación de los recursos naturales, y mostró su firme convicción de que las reservas de cualquier mineral en América debían ser manejadas por el Estado, ser parte del patrimonio de la República, y no el negocio de unos pocos.

Bolívar como visionario planteó la necesidad de una legislación ambientalista y conservacionista de los recursos naturales que permitieran la permanencia de la vida en el planeta, y su pensamiento es claramente identificable en el del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, quien en el Plan de la Patria planteó como quinto objetivo fundamental: “Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana”, que llama a hacer todos los esfuerzos posibles para “revertir las causas y efectos de las devastadoras crisis ambientales que atentan contra la posibilidad de vida del ser humano sobre el planeta Tierra”.

AVN

 

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