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«Conforme a las leyes, las minas de cualesquiera clase, corresponden a la República», reza el artículo primero del Decreto de Quito, que dictó el 25 de octubre de 1829, el Libertador, Simón Bolívar, para llamar a las nacientes repúblicas latinoamericanas a ejercer el control y manejo soberano sobre las inmensas riquezas minerales dispuestas en su territorio, y que durante siglos fueron esquilmadas por los reinos europeos.

Esta legislación de Bolívar estaba dirigida a los territorios de la Gran Colombia que superaba los 2.172.000 kilómetros cuadrados, al abarcar a Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, así como parte de la superficie de Guyana, Brasil, Perú y Nicaragua.

El dictamen dejó sin efecto a las «Ordenanzas para la Minería para la Nueva España», impuesta por la corona española para hacerse con la propiedad de las minas, y cualquier otra riqueza que emanara de la tierra latinoamericana.

De este modo, el decreto de 38 artículos «sobre conservación y propiedad de las minas contra cualquier ataque y contra la facilidad de turbarla o perderla «, constituye una muestra de la posición visionaria de Bolívar al destacar la necesidad de cultivar el conocimiento científico, y el espíritu de asociación y de empresa, para lograr un mejor aprovechamiento del recurso provisto por la naturaleza.

En este sentido, el decreto dispone la creación de un fondo -derivado del pago de aranceles- para el «establecimiento de una cátedra de minería y mecánica».

En el texto, el Libertador se refirió además a la importancia de fomentar la minería, que a pesar de constituir una de las principales fuentes de la riqueza pública, fue abandonada durante la el colonialismo.

También expresó la necesidad de derogar algunas disposiciones, que originaron disputas entre los mineros.

Plena soberanía petrolera

La concepción de soberanía en el manejo de los recursos mineros y energéticos que planteó Bolívar hace 186 años, cobra vida en la política de plena soberanía petrolera, implementada desde 1999 por el Gobierno revolucionario en este sector.

Desde que el comandante Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, puso en marcha su visión plenamente Bolivariana sobre el carácter estratégico y esencial que tiene el control de la actividad petrolera para el desarrollo económico y social del país.

Una de las primeras acciones para tomar control sobre la industria petrolera se vio reflejada en el proceso constituyente, al establecer en la Constitución de la República Bolivariana, en sus artículos 12, 302 y 303, la reserva de las actividades primarias de la industria petrolera al Estado venezolano, y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) como la operadora nacional 100% propiedad de la República.

De esta manera, Venezuela es uno de los pocos países petroleros del mundo que tiene estricto control y manejo soberano de sus recursos naturales, para garantizar que estén al servicio del pueblo.

Asimismo, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, el Estado logró incrementar el ingreso fiscal petrolero, al restablecer la tasa mínima de regalía, desde los niveles entreguistas del 1%, que pagaban las transnacionales con la apertura petrolera, a los niveles de 33,33%, que hoy día pagan todas las operadoras petroleras en el país, recalcó.

El Gobierno Bolivariano también emprendió la modificación de la Ley de Impuesto Sobre la Renta del año 2006, lo que hizo posible reajustar y reorganizar la recaudación de regalías e impuestos provenientes del sector hidrocarburos, aplicando una tasa de 50% para todos los operadores petroleros.

En revolución, Venezuela logró revalorizar el precio del petróleo en procura del desarrollo socioeconómico, por lo que impulsó en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) una correcta política de cuotas de producción para promover un precio justo del barril.

De este modo, desde 2003 el Estado ha logrado captar más de 500 mil millones de dólares, provenientes de actividad petrolera en el país, incluyendo los impuestos, tributos y regalías, que han servido para sostener las misiones sociales, como forma de distribuir de manera directa la renta petrolera en el pueblo y convertirla en salud, educación, deporte, cultura y vivienda.

Minería para el desarrollo

En agosto de 2011 el Gobierno revolucionario refrendó la Ley que reserva la explotación del oro al Estado venezolano, con el propósito de mejorar la calidad de vida del minero artesanal, impulsar la industrialización de la actividad minera, brindar atención social a las comunidades aledañas a las minas, y frenar las prácticas de contrabando de extracción.

Asimismo, el Plan Guayana Socialista, creado en 2009 por el comandante Hugo Chávez y reimpulsado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, permitirá potenciar las empresas básicas del Estado y así contribuir al desarrollo económico sustentable en el país.

A través de este proyecto, se aprovechará el enorme potencial económico y social que tiene la región Sur de Venezuela, junto con las grandes reservas petroleras y gasíferas de la Faja Petrolífera del Orinoco «Hugo Chávez», para impulsar un motor de desarrollo productivo en la nación.

Integración energética

El ideal bolivariano también se encuentra vigente en el accionar de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que promueve acciones comunes para el ejercicio soberano de las riquezas, el desarrollo industrial, la generación de empleos dignos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos de la región.

De acuerdo con el organismo regional, «bajo la superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados que ocupan los 12 países agrupados en la Unasur se encuentra el 20 % de las reservas mundiales probadas de petróleo, así como cantidades impresionantes de reservas minerales: litio (65 %), plata (42 %), cobre (38 %), estaño (33 %), hierro (21 %) y bauxita (18 %), entre otros».

De este modo, este mecanismo de integración integrado por Guyana, Surinam, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Venezuela, ha centrado sus esfuerzos en la necesidad de superar en Suramérica la actividad exportadora de materia prima a los mercados globales y el reto de impulsar el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la región para el bienestar de sus habitantes.

Asimismo, los ideales bolivarianos de unión, soberanía, independencia de los pueblos, integración y cooperación energética están presentes en el Acuerdo Petrocaribe, suscrito entre Venezuela y Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y Granadinas, Surinam, y Costa Rica.

Desde su creación, en 2005, este mecanismo ha fortalecido además un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y justo entre las naciones de la región caribeña, para garantizar el acceso regular a los recursos energéticos, en condiciones ventajosas de pago, que incluyen créditos blandos y bajas tasas de interés.

Al respecto, el presidente Maduro destacó que en sus primeros diez años, la región latinoamericana y caribeña ha logrado estabilidad económica y social gracias a Petrocaribe,

«Gracias a PetroCaribe hemos logrado en estos 10 años una estabilidad que hoy debemos cuidar, mejorar y profundizar. Solo juntos, unidos, nuestros pueblos del Caribe y América Latina son fuertes y podrán transitar por el desarrollo del siglo XXI, como pueblos independientes y dignos», expresó el líder socialista el pasado 21 de septiembre, durante una visita que efectuó a San Cristóbal y Nieves, como parte de una gira por países miembros del mecanismo de cooperación.

AVN