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24.Ene.2015 / 12:59 pm / Haga un comentario

Foto: AVN

El 24 de enero de 2002 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia en la que prohibía a los bancos otorgar créditos indexados, para proteger a las familias venezolanas de las acciones especuladoras y usureras de la banca.

Desde 1996 las instituciones financieras se valieron de una Ley aprobada por el Congreso de la IV República y promovida por los defensores de la oligarquía, para otorgar préstamos para la compra de viviendas, cuyo precio original era reajustado mensualmente en función de la evolución de la inflación.

Los bancos le explicaban a los usuarios que sólo debían cancelar cuotas de hasta 30% de su ingreso, pero les ocultaban que la diferencia que no podía ser cancelada se recapitalizaba a favor del banco.

Bajo esta modalidad de créditos, tenían además la potestad de cobrar intereses sobre intereses, lo que ocasionaba que el precio de la vivienda fuese muy difícil de cancelar.

Los elevados tipos de interés y el incremento de los precios causó que las tasas que cobraban los bancos fueran demasiado elevadas de forma que los clientes pagaban intereses pero sin ninguna posibilidad de amortizar el monto total de la deuda.

Como consecuencia de esta acción, miles de familias venezolanas perdieron sus viviendas al ejecutarse las hipotecas por los créditos indexados y las llamadas cuotas balón.

Pilar Díaz, quien fue una de las víctimas de esta política especuladora, relató en 2002 al diario El Universal los pormenores de su caso.

“Compré mi apartamento ubicado en Guarenas (estado Miranda) en 1997, y mientras me lo entregaban, la constructora de Nueva Casarapa compró Provivienda. Nos dijeron a un grupo de nosotros que ya no estábamos en Política Habitacional, sino en una fórmula llamada crédito fácil, que no entendimos de qué se trataba. Lo comprendimos al año, pues tuvimos que pagar un giro extra de tres meses y la deuda inicial del capital, que era de 10 millones de bolívares, se había elevado a 13. Allí nos agrupamos para protestar por los créditos. Hoy debo 28 millones y no puedo vender mi apartamento, pues eso es lo que cuesta un townhouse nuevo en la urbanización”, explicó.

Esta situación produjo la descapitalización de las familias venezolanas y la pérdida del patrimonio debido a las medidas tomadas por la banca ante la imposibilidad de los prestatarios de pagar el crédito.

Ante este escenario, el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, emprendió la tarea de defender al pueblo venezolano, por lo que instruyó al Ministerio Público a iniciar una profunda investigación sobre el tema.

La sentencia emitida el 24 de enero de 2002 por la Sala Constitucional del TSJ señaló que dicha investigación corroboró “que la banca cometía el delito de usura al cobrar intereses sobre los intereses de parte de la cuota financiera que el deudor no cancelaba mensualmente”.

A partir de esta fecha quedó prohibida la aplicación de los créditos indexados.

El fallo estableció que la fórmula de matemática financiera que se debía aplicar para las hipotecas de las viviendas debe ser aquella que menos perjudicara al deudor.

También se eliminaron los contratos de refinanciamiento, lo que supuso que tasa de interés que debía regir el crédito sería la tasa del mes en que fue firmado el contrato y no una tasa variable.

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Banco central de Venezuela (BCV) fijar las Tasas de Interés de los créditos otorgados entre 1996 y 2002.

Asimismo, las tasas de los nuevos financiamientos sólo podrían ser fijadas por el ente emisor y no unilateralmente por las Instituciones Financieras, como venía sucediendo para ese entonces.

La decisión del TSJ prohibió además la ejecución de contratos con capitalización de interés sobre saldos diarios, y de los créditos con modalidad de refinanciamiento.

Carmona firmó el regreso de las cuotas balón

10 años después de esta sentencia el comadante Chávez recordó en 2012 que uno de los pocos decretos que promulgó el golpista Pedro Carmona Estanga en 2002, además de la disolución de todos los poderes públicos, fue el retorno de las cuotas balón.

“No les dio tiempo hacer más, ni de juramentar a los ‘ministros’, salieron corriendo de acá (de Miraflores) cuando el pueblo empezó a rugir”, señaló Chávez en una alocución desde el salón Ayacucho de la sede de gobierno, en Caracas.

Chávez rememoró que ese decreto restituía un régimen de intereses especulativos y sin control que perjudicaba especialmente a la clase media “porque los pobres ni siquiera tenían acceso a un banco”.

Narró que en una oportunidad una mujer le contó que “una hija de ella intentó suicidarse producto de la crisis familiar que se desató como consecuencia de las cuotas balón”.

“¡Cuánto dolor ha vivido este pueblo producto de la aplicación perversa del sistema capitalista!, pero menos mal que el pueblo despertó y ya no es el mismo al que engañaban y manipulaban, ese pueblo que dormía como Lázaro”, expresó el líder socialista en alusión a la rebelión cívico-popular que derrotó el golpe impulsado por los empresarios venezolanos en abril de 2002.

Destacó que gracias al esfuerzo de la Revolución, la clase media podía acceder a créditos de vivienda y vehículos sin ningún temor “a intereses bajos, con una banca responsable y con unas leyes que les protegen”.

AVN

 

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