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Foto: AVN
El gobierno de Venezuela ratificó este lunes el pleno respeto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de enjuiciar en tribunales ordinarios al diputado Freddy Guevara por presuntos hechos punibles, como asociación y uso de adolescentes para delinquir; al mismo tiempo, rechaza las pretensiones de agentes internacionales de intentar tutelar el Estado venezolano.
Dicha posición quedó expresada en un comunicado divulgado por el canciller de la República, Jorge Arreaza, en el que se ratifica que Guevara, quien huyó a la Embajada de Chile en Venezuela, “dispone de todas las garantías jurídicas para preparar su defensa conforme al debido proceso tal cual lo establecen la Constitución y las leyes”.
En el texto, también se rechaza la postura de naciones como España y coaliciones como el Grupo de Lima, conformado por 12 países de América Latina, “que se arrogan -de manera insolente- una pretendida e inexistente licencia para tutelar la democracia venezolana y sus instituciones”.
Guevara, nombrado primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), instancia en desacato de decisiones judiciales, dirigió junto a otros activistas de la ultraderecha una ola de acciones sediciosas contra el Estado, además de promover una intensa campaña internacional solicitando el bloqueo económico, la intervención extranjera y creación de un gobierno paralelo.
A continuación, el contenido íntegro del comunicado:
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante la reciente decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia sobre la situación jurídica del Diputado Freddy A. Guevara C., expresa lo siguiente:
Conforme al Estado Social de Derecho y de Justicia vigente en Venezuela, y en acatamiento al principio de separación de poderes, el Gobierno Bolivariano toma nota de la decisión del Poder Judicial y mantiene su convencimiento de que las instituciones nacionales seguirán actuando conforme al ordenamiento jurídico venezolano, a la plena vigencia de la democracia y dentro del más estricto respeto a los derechos y garantías constitucionales.
El Gobierno Bolivariano está decidido a garantizar la estabilidad política e institucional de la República siendo que ello constituye uno de los fines esenciales del Estado. En ese sentido, brindará toda la colaboración que requieran el Ministerio Público o los Tribunales Nacionales en la instancia o momento que sea requerido.
La Constitución venezolana reconoce la inmunidad parlamentaria como principio esencial para el resguardo de la función legislativa, y establece los procedimientos en caso de que sea requerido su allanamiento. De igual forma, la doctrina y la jurisprudencia venezolana es clara al advertir que el antejuicio de mérito contra altos funcionarios del Estado no es procedente si se trata de un delito en flagrancia, y así lo ha determinado el Tribunal Supremo de Justicia.
Para el pueblo venezolano resultan públicas y notorias las actuaciones del diputado Freddy Guevara y su presunta responsabilidad durante las acciones violentas de desestabilización política conocidas como “las guarimbas”, que dejaron un doloroso saldo en pérdidas humanas y daños materiales entre los meses de abril y julio de 2017. Sin embargo, corresponde a los Tribunales Ordinarios de la República la confirmación, o no, de esta presunción y las actuaciones que dicte en ejercicio de la potestad exclusiva de administración de justicia.
De acuerdo a las leyes venezolanas, el Diputado Freddy Guevara dispone de todas las garantías jurídicas para preparar su defensa conforme al debido proceso tal cual lo establecen la Constitución y las leyes.
El Gobierno Bolivariano expresa igualmente su enérgico repudio a los permanentes actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de gobiernos, organizaciones y personas que se arrogan -de manera insolente- una pretendida e inexistente licencia para tutelar la democracia venezolana y sus instituciones.
El Gobierno Bolivariano exige el cese inmediato de las agresiones contra el pueblo y el Gobierno de Venezuela y sus instituciones, y denuncia la campaña de instigación al desconocimiento de las autoridades constitucionales, cuyo propósito evidente es alentar y reactivar la desestabilización y la violencia en el país.
Firme el propósito de profundizar la democracia venezolana, el Gobierno Bolivariano llama al pueblo a mantenerse enfocado en el proceso de elecciones municipales cuyos resultados derrotarán cualquier intento de agresión contra la paz social y política que hoy disfruta nuestra Patria”.
AVN