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Foto: Archivo
Utilizando como excusa la autonomía universitaria, la rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, mantiene su negativa de permitir el ingreso de cuerpos policiales que garanticen la seguridad de trabajadores y pacientes en el Hospital Universitario de Caracas (HUC), ubicado dentro del campus universitario, cuyo servicio de emergencia se mantiene suspendido desde el pasado 30 de junio cuando dos hombres fueron asesinados dentro del recinto médico.
Tras el hecho criminal, el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en representación del Gobierno Nacional, solicitó nuevamente a García Arocha permitir la aplicación del plan de seguridad que se ejecuta en hospitales nacionales.
El Estado creó un dispositivo de seguridad para recintos médico-asistenciales que incluye Patrullaje Inteligente, así como protocolos de actuación mediante un equipo multidisciplinario para el fortalecimiento de la vigilancia interna.
A pesar de esta disposición gubernamental, a la fecha, el único hospital que se mantiene fuera del plan es el Universitario de Caracas, debido a la no autorización de parte de su rectora, quien se ampara en la «inviolabilidad del recinto universitario», contemplada en el artículo 109 de la Constitución Nacional, para mantener en desprotección a la comunidad que acude al referido nosocomio.
No obstante, el plan trazado por el Ejecutivo mantiene la disposición de incorporar a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), junto a los cuerpos policiales regionales y municipales, según sea el caso, a las labores de custodia del hospital y así ejecutar el plan denominado Servicio de Policía Hospitalaria.
Por su parte, cabe mencionar que otras universidades del país, en las que rige por igual el principio de autonomía universitaria, cuentan con el Plan Patria Segura, tras la petición hecha por sus rectores para asegurar la paz en dichos recintos estudiantiles.
Cierre indefinido
Este jueves, el consejo directivo del HUC sostuvo una reunión en la que destacó el deseo colectivo de los médicos que allí laboran de reabrir el servicio de emergencia, no obstante, manifiestan que es necesario garantizar la seguridad del hospital.
Justo esta garantía la ofrece el Gobierno Nacional a través de su plan de vigilancia hospitalaria, sin embargo, la posición de las autoridades de la UCV es de rechazo a esta posibilidad, utilizando como excusa la autonomía universitaria.
«Fuerza pública armada dentro del hospital no habrá», aseveró este jueves Roberto Ochoa Iturbe, representante de la rectora García Arocha en el consejo directivo ampliado del Hospital Universitario, quien a su vez dijo: «La emergencia (del Hospital) permanecerá cerrada hasta tanto estén dadas las condiciones que le garanticen al personal y a los pacientes y familiares su seguridad», indicó.
Según Ochoa el método de protección idóneo para el hospital pasa por reubicar a los mototaxistas que están apostados frente del centro médico, así como los ciudadanos de la economía informal que están dentro y fuera de dicho nosocomio, así como instalar puntos de control permanentes en las cuatro puertas que dan acceso al campus.
Igualmente retomó la idea rechazada por la comunidad universitaria de colocar puertas en la entrada de la universidad, aduciendo que fueron diseñadas por el importante arquitecto venezolano Carlos Raúl Villanueva y que no han sido instaladas porque un amparo judicial lo impidió.
Por tanto, sostiene que «eso tiene que tramitarse por las vías judiciales para quitar el amparo y se puedan poner las puertas», dijo.
«No puede reabrirse la emergencia hasta tanto haya seguridad», insistió, al mismo tiempo que el Servicio de Policía Hospitalaria se implementa con éxito en los principales hospitales del país.
AVN