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Foto: AVN
Con argumentos de supuesta «expropiación» de la minera Crystallex, que vendió sus derechos legales a un fondo de capital de riesgo, la ultraderecha venezolana aliada a factores transnacionales urde una compleja trama criminal para adueñarse ilegalmente de Citgo, denuncia el blog de análisis La Tabla.
La rescisión en 2011 del contrato de explotación de la mina Las Cristinas, al sur de Venezuela, por parte de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), fue calificada por Crystallex como una «expropiación», dando paso a un largo conflicto judicial de la transnacional y que tuvo eco en los medios dominados por las grandes corporaciones.
Sobre la base de acciones judiciales ante tribunales estadounidenses se tramó una operación que ahora pretende ser validada a través del «gobierno interino» conformado por miembros del partido de ultraderecha Voluntad Popular (VP), en coordinación con el gobierno de EEUU para lograr, de manera ilegal y a todas luces con visos de robo criminal, el embargo de $1.400 millones a Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Estamos ante una compleja modalidad de crimen corporativo transnacional que utiliza figuras propias de la institucionalidad democrática, totalmente ilegales pero «teñidas» de una cubierta de «legalidad», como por ejemplo el empleo de un supuesto «procurador general de la República», nombrado por una Asamblea Nacional en desacato, a través de un acto írrito y que acciona en nombre de un Gobierno Interino ficticio ante tribunales en el exterior, en sintonía con los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que a través del lobby ejercen presión y control sobre dichas instancias.
Además, el entramado de corrupción internacional del grupo político cercano al «autoproclamado» diputado Juan Guaidó, en esta nueva etapa de su escalada criminal, comete claramente un fraude continuo al valerse de una empresa inexistente para lograr el embargo de los activos de una compañía venezolana, en este caso Citgo, la cual consideran en su argumentación como parte del Estado venezolano, un «Otro yo» o «Alter ego», lo cual es totalmente erróneo e improcedente para casos como éste.
La falsa matriz de «expropiación»
Los conflictos con el Estado venezolano iniciaron en mayo de 2008, cuando fue negado un permiso luego de daños ambientales e incumplimientos por parte de Crystallex en la mina Las Cristinas, estado Bolívar, señala el blog de periodismo de investigación La Tabla.
Tres años después, por paralización de actividades, la Corporación Venezolana de Guayana rescinde el contrato de explotación a Crystallex y exige la entrega de la mina en 90 días, acción que no constituye una «expropiación», como hacen ver voceros opositores y medios.
Como consecuencia Crystallex acudió al mecanismo de resolución de conflictos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para exigir una compensación, alegando un supuesto cumplimiento de un plan de inversión por 350 millones de dólares que nunca se llevó a cabo.
Con una decisión firme por parte del Ciadi en 2016, la transnacional canadiense se presentó ante un tribunal de distrito en Delaware (EEUU) para pedir una autorización y proceder al embargo de los activos de Citgo, señalando erróneamente que la empresa petrolera era parte del Estado venezolano.
En noviembre de 2018 el Gobierno Bolivariano detuvo la acción contra Citgo al acordar con Crystallex, en un tribunal de Ontario, un plan de pagos a partir de 2021, así como la cancelación en ese momento de 425 millones de dólares.
Una empresa inexistente
Sin embargo, las acciones tomaron otro rumbo el 23 de enero de 2019, con la auto proclamación de Juan Guaidó y su reconocimiento por el gobierno de EEUU.
La Asamblea Nacional en desacato procedió a designar a José Ignacio Hernández como Procurador Especial, quien se hizo pasar por funcionario del Estado venezolano ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Filadelfia.
Esta instancia decidió rechazar una apelación de Pdvsa ante un fallo dictado en agosto de 2018 por el Tribunal de Distrito de Delaware que permitiría a la minera canadiense Crystallex International Corporation el embargo de activos de Citgo.
Sin embargo, como señala el sitio web La Tabla, Crystallex vendió sus derechos legales y el proceso judicial lo adelanta el fondo de capital de riesgo Tenor Capital -dedicado a impulsar demandas por parte de empresas transnacionales contra Estados- que compró los documentos por $36 millones para gestionar las acciones legales contra el Estado venezolano, de modo que obtendría una ganancia de 70% de lo obtenido.
AVN