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A 21 años de la Revolución, que se concreta al haber elevado la conciencia patriótica y soberana de un pueblo que por años fue excluido por modelos neoliberales y que en la actualidad es parte de una gestión con derechos y deberes consagrados constitucionalmente, los adultos mayores y pensionados han obtenido un papel relevante en el tema de las políticas de protección, una de las premisas de los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Frente a la deuda histórica y desigualdades heredadas de la Cuarta República, en la actualidad, el Gobierno Bolivariano cuenta con cerca de cinco millones de mujeres y hombres antes excluidos y que hoy son 100 % dignificados con la asignación de pensión, ingreso homologado al salario mínimo, aguinaldos a fin de año y con un sistema social de protección e inclusión que los abraza de forma integral a través del Sistema del Carnet de la Patria.

La lucha por la reivindicación de este sector es histórica, en la década de los años 80 y 90, durante los 40 años de gobiernos de Acción Democrática y Copei, las medidas neoliberales dictadas por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, fijaban este derecho universal de forma acelerada como un gasto social que marcó la desesperanza en el pueblo que había entregado su fuerza laboral al sistema público y nacional y quienes enfrentaban la liberalización del mercado laboral.

En ese contexto, para 1999, año en que el comandante Hugo Chávez llegó al poder por la vía del voto, la pensión solo era recibida por 387.000 personas en todo el territorio nacional y en la actualidad el beneficio es entregado a más de cuatro millones novecientos de mujeres y hombres lo que representa el 100 % de la población en edad para recibirlo, 20 veces más pensionados que hace 20 años.

La historia reciente da cuenta de cómo en los gobiernos del Puntofijismo, las abuelas y abuelos debían hacer grandes manifestaciones de calle para alcanzar un bajo promedio del salario mínimo como pensión de jubilación. Una fuerte represión marcó parte de esta lucha contra quienes habían entregado su fuerza de trabajo y eran atacados ferozmente. Los Derechos Humanos fundamentales se diluían entre perdigones repartidos por la extinta Policía Metropolitana.

Es por eso que con llegada de la Revolución Bolivariana llegaron los vientos de cambio con un gobierno que se preocupa por su amado pueblo.

Gran Misión En Amor Mayor
La Gran Misión En Amor Mayor, impulsada por Hugo Chávez, nació para entregar esta asignación mensual a quienes no tuvieron la oportunidad de acumular las cotizaciones necesarias en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y a los adultos que están en pobreza.

“La Misión en Amor Mayor va a incluir a todos los venezolanos en situación de pobreza que no tengan pensión, en edad de pensión miles y miles de viejitas y de viejitos que no cotizaron, o que cotizaron un poquito y no les alcanzó y no les pagan, no es justo si trabajaron toda la vida”, manifestó el Gigante de América, Hugo Chávez durante la creación de la misión.

El 13 de diciembre del 2011, por Decreto Presidencial N° 8.694, se oficializó la “Gran Misión En Amor Mayor” consagrada para la máxima protección, respeto, bienestar, justicia social a los adultos y adultas mayores de la patria, mediante la universalización del derecho a la pensión de vejez, el acceso al sistema financiero, turismo social, recreación y un programa especial de salud.

Este beneficio acoge a las mujeres mayores de 55 años de edad y a los hombres de 60 años en adelante que no hayan podido cotizar las 750 semanas de trabajo necesarias para alcanzar el beneficio o que nunca hayan accedido a este sistema.

Para el desarrollo de la Misión se realizó en todo el territorio nacional un censo casa por casa durante tres meses, donde se registraron los adultos mayores y se tomaron en consideración los ingresos que eran inferiores al salario mínimo nacional, para así proporcionar una atención integral con el fin de romper los patrones de desigualdad heredados por la Cuarta República y fijar la asignación de una pensión de vejez o discapacidad.

Carnet de la Patria, inclusión social para todos
Con la implementación del Carnet de la Patria como sistema de inclusión en las políticas sociales del Gobierno Bolivariano, los jubilados y pensionados cuentan con la protección de su derecho constitucional en Venezuela.

Desde la llegada de la Revolución, este sector de la población goza de máxima protección, inclusión, respeto, bienestar y justicia social y muy especialmente a quienes vivían en hogares con ingresos inferiores al salario mínimo.

Por otra parte, el Ejecutivo le garantiza un espacio al adulto mayor para su capacitación, participar en los desarrollos culturales y socio-productivos del país.

Las garantías del Estado de Derecho en Venezuela están establecidas en la Ley Orgánica de Protección del Adulto Mayor, la cual establece el derecho a la igualdad de oportunidades y a una vida digna, así como a recibir apoyo familiar y social y elevar su autoestima, además del acceso a la atención preferente en salud, transporte y demás actividades.

Equidad para todos

En Venezuela, mediante el Sistema de Seguridad Social, se garantiza la protección para las jubiladas y jubilados, dignificando así a 5 millones 003 mil 987, adultas y adultos pensionados, lo que se traduce en un 100 % de cobertura a la población adulta mayor con ingresos justos y la protección integral a través del Sistema Patria.

Esta política social tiene su fundamento en el ideario Bolivariano de la Suprema Felicidad Social, plasmado como carta de navegación en el Plan de la Patria 2013-2019 y 2019-2025, que apunta a generar igualdad de condiciones de vida para todos y todas.

Asimismo, el Sistema de Seguridad Social venezolano incluye a extranjeros para que reciban una pensión y han sido abrigados como nunca antes como una política de integración de la Patria grande que soñó el Libertador Simón Bolívar.

Con el referente del Plan de la Patria 2019-2025, Venezuela transita la ruta de la construcción del socialismo como gesta histórica y alcanza victorias tempranas donde se inscriben hoy nuestros abuelas y abuelos, quienes celebran la vida con las garantías sociales logradas en la Revolución Bolivariana y son el referente de lucha para la emancipación de nuestro pueblo.

Es importante destacar, que la deuda social heredada de la Cuarta República con los pensionados sigue siendo saldada en Revolución de la mano del jefe de Estado, Nicolás Maduro, un hombre que se preocupa por su pueblo.

Políticas de protección social priorizadas en medio del bloqueo criminal
En medio del asedio y sanciones criminales impuestas por el Gobierno de los Estado Unidos (EEUU) contra la Patria de Bolívar, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en conjunto con las autoridades que conforman el Gabinete Ejecutivo, hacen diariamente un esfuerzo extraordinario para dar cumplimiento a la seguridad social, la cual es universal.

Es por eso, que ante los ataques imperiales y bajo la política de 100 % pensionados que implementa el Gobierno Bolivariano, este año se han otorgado 90.308 nuevas pensiones, a personas que nunca pudieron cotizar al IVSS.

Asimismo, frente a la lucha contra el Coronavirus (COVID-19) y los bloqueos económicos que sufre Venezuela, el Gobierno Bolivariano cumple con la dignificación de los adultos y las adultas, quienes lo dieron todo con trabajo y esfuerzo para construir la patria.

Venezuela supera el sistema de pensiones en la región
Venezuela se ha convertido en un ejemplo en la protección social, sobre todo para los gobiernos de corte neoliberal que se han impuesto en la actualidad en la región como Chile, Colombia, Perú y Ecuador que hoy forman parte del Grupo de Lima, extensión de la Organización de Estados Americanos (OEA), para atacar a la Patria.

Estas naciones que día a día planean ataques contra Venezuela, confrontan situaciones comprometidas en materia de seguridad social y promueven las desigualdades en sus naciones para favorecer a sus intereses.

Tal es el caso de Chile, el cambio del sistema establecido durante la dictadura de Augusto Pinochet, con un esquema privatizado y basado en el aporte individual, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) es uno de los mayores reclamos en las protestas justas del pueblo al Gobierno del presidente Sebastián Piñera.

Con una población de 19 millones 458 mil 310 personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, en su informe del año 2020 registra casi 2 millones de pensionados por vejez, una de las modalidades de jubilación, refiere la Superintendencia de Pensiones del país y en total cerca del 80 % de los jubilados recibe una pensión inferior al salario mínimo.

Cualquier trabajador en Chile está obligado a aportar un 10 % mensual de su sueldo a un fondo de pensiones personal, de ahorro individual, del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por una de las siete AFP.

Las AFP invierten en el mercado de capitales para rentabilizar sus fondos, con los que obtienen unos beneficios millonarios, sin embargo los pensionados no obtienen montos dignos.

En Colombia, el sistema público es parte de un modelo paralelo, y en el marco de una posible reforma, esta es criticada por plantear un aumento de la edad de jubilación y del porcentaje de aporte de los trabajadores, actualmente hay 2.380.423 afiliados según informó el ministerio de trabajo colombiano.

Mientras que Perú se encamina a ser el país con menos pensionistas a nivel mundial ante un nuevo proyecto en el Parlamento para nuevos retiros de dinero en el fondo provisional privado y una reforma que plantea la estatización total del sistema de pensiones.

Durante la pandemia el país inca ha puesto el dinero acumulado en los fondos privados de pensiones como una solución a todos los problemas que golpeaban el país y que necesitan liquidez como si fuera un seguro ante la falta de liquidez o de desempleo.

Asimismo, el uso indiscriminado del fondo de pensiones está gestando un gran problema en el mediano y largo plazo pues existe la certeza de que la mayoría de pensionistas que retiran el ahorro de su AFP van a necesitar dinero en su vejez con mayor urgencia. Actualmente hay dos millones y medio de afiliados.

Debido, principalmente, a la alta tasa de informalidad, sólo el 19 % de los mayores de 65 años reciben pensiones de alguno de estos dos sistemas. Por el contrario, la mayoría de los jubilados no recibe ninguna pensión o, de encontrarse en situación de pobreza extrema, reciben una subvención económica del programa Pensión 65.

En tanto que Ecuador, que ha pasado por varias crisis debido a la pandemia por COVID-19, tiene su propio dilema por el temor de algunos sectores a que se afecte la jubilación patronal, un derecho de los trabajadores con 25 años de servicio o más, o a nuevas formas de contratación que hoy precarizan el empleo.

Otro aspecto contrario, son los países que tienen la edad de jubilación más alta en América Latina como México, Costa Rica y Perú donde la edad mínima para jubilación es de 65 años para mujeres y hombres. En torno a esto Venezuela y Bolivia cuentan con las edades de jubilación más bajas de la región, reseña un trabajo especial publicado en el portal web de la Vicepresidencia de al República.

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