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6.Abr.2017 / 11:31 am / Haga un comentario

Foto: Misión Verdad

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Un nuevo capítulo de las continuas embestidas del antichavismo desde la Asamblea Nacional (AN) contra los demás poderes públicos ha tenido lugar este miércoles 5 de abril. La fracción opositora con mayoría en el parlamento venezolano aprobó la activación de un “proceso de remoción” de los Magistrados de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “por su responsabilidad en la ruptura del orden constitucional”.

Asimismo, acordaron emplazar a la Fiscalía General Luisa Ortega Díaz para tramitar una solicitud hecha el pasado viernes donde le solicitan investigar los posibles “delitos perpetrados” por los representantes de la SC del TSJ.

Luego de sesionar para declarar una “ruptura del orden constitucional” y la “permanencia de un golpe de Estado” en Venezuela, el parlamento refrendó por medio de un acto administrativo que en Venezuela existe un “golpe de Estado continuado” y que “los autores materiales son los magistrados de la Sala Constitucional”. Los magistrados señalados de infringir la Constitución son Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta de Merchán y Gladys Gutiérrez.

Consideraciones del caso

En desacato y nulidad: Sin lugar a dudas este es por defecto otro nuevo despropósito jurídico marcado por la tensión que desea imporle a Venezuela los actores del golpe. En ese plan las instituciones son también espacios de confrontación. Hay que entender que esto se trata de una escalada política, teniendo claro que durante más de un año de manera intermitente y continua desde junio de 2016, los actos del parlamento se encuentran en situación de nulidad, por desacato a sentencias del TSJ.

Dos tercios: La impugnación del proceso electoral del 6 de diciembre de 2015 en Amazonas restó al parlamento cuatro curules. 3 adjudicados a la MUD y 1 al chavismo, antes de la impugnación. El antichavismo no cuenta actualmente con los dos tercios de mayoría en el parlamento.

La Constitución venezolana es explícita en ese sentido. El artículo 265 señala de manera textual: “Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca”.

Sin faltas calificadas por el Poder Ciudadano: Diputados de la MUD han enviado una comunicación al Ministerio Público solicitando investigar a los magistrados señalados. Han dicho también que consignaron esa solicitud a la figura que hoy preside el Poder Ciudadano,Tareck William Saab, pero este ha negado haberla recibido.

En este sentido, e invocando lo estipulado en el artículo 265, debe producirse una calificación de “falta grave” por el Poder Ciudadano para que las destituciones por vía parlamentaria tengan lugar. El día 4 de abril, el TSJ en un comunicado conminó al parlamento a detener sus actos espurios, señalando que es necesaria “la concurrencia de dos de las ramas del Poder Público para proceder a la remoción de los Magistrados y Magistradas del TSJ, previo procedimiento de calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano”, que no ha otorgado esta calificación negativa en ninguna de sus ramas.

El llamado “golpe continuado”: El impasse resuelto por el Jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, instrumentando el Consejo de Seguridad de la Nación como fórmula para resolver situaciones que vulneren la seguridad integral nacional, es visto todavía para la AN como la persistencia de un “golpe continuado”, aunque ya no existan los dictámenes del TSJ sobre los cuales se sustenta dicha afirmación. Pero lo importante en este momento no es la justificación jurídica, sino la estrategia de choque institucional y golpe parlamentario (sin éxito, otra vez) para agudizar la tensión mediática e internacional.

La trama del conflicto

A la AN venezolana le faltan recursos político-institucionales para hacer efectiva la destitución en pleno de la SC del TSJ, con un altísimo riesgo de quedar nuevamente descolocada de la zona de strike, agudizando su pérdida de credibilidad y capacidad de hacer efectivas sus promesas. En las condiciones actuales es imposible que esta acción se desarrolle hasta sus últimas consecuencias. El mentado acto administrativo tendrá el destino de sencillamente no proceder. Lo que debemos observar serán las reacciones de los factores políticos en choque.

Dicho de otra manera: el parlamento en desacato tiene más que claro que sus acuerdos alcanzados el 5 de abril no procederán administrativamente, lo que parece colocar la sesión en el hemiciclo como un tramo más en un contexto de aceleración de la confrontación, aumento del calor en el termómetro político nacional y un argumento-base para la actuación de la OEA desde el extranjero, también intentando superar su falta de credibilidad y nulidad de su última sesión ilegal.

La trama de deslegitimación y asalto a los poderes e instituciones de la República adquiere una nueva variante, continúa y se acelera. No hay que desvincularla de dos situaciones de contexto:

  • En el ámbito interno, la promoción del enfrentamiento, la violencia y los choques, patrocinados por la ultra derecha que intenta capturar los espacios en la calle con poca presencia, pero sí con muchas cámaras, actos de violencia y promoción desproporcionada y manipulada. El empuje institucional de la violencia que se quiere instalar en la calle.
  • En el ámbito externo los claros actos injerencistas desde la OEA, quienes deben contar con la situación de estallido total interno para emplear estos eventos de manera instrumental y detonar mecanismos de presión e intimidación que apunten a doblegar a las instituciones venezolanas no subordinadas a la agenda de Washington.

Misión Verdad

 

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