Jimmy López Morillo

El mismo día en que el engendro Donald Trump abandonó la Casa Blanca, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció la imposibilidad de utilizar parte de las reservas de oro secuestradas por el Banco de Inglaterra para la adquisición de vacunas contra la Covid-19, debido a la negativa de los integrantes del equipo legal de quien se autoproclamara “presidente” de un país de fantasías hace un par de años, por instrucciones del régimen del ahora expresidente estadounidense.

Fue la más reciente abominación cometida en contra de nuestro pueblo, de quien siguiendo instrucciones de sus amos imperiales se fue hasta una plaza pública el 23 de enero de 2019, violentando de manera flagrante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para autojuramentarse en una inexistente y por supuesto ilegal “presidencia interina”, dando inicio a una tragicomedia con la cual se le han causado severos daños a las venezolanas y los venezolanos.

De acuerdo con la denuncia de nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, el equipo legal del ilegal autoproclamado, valiéndose del apoyo rastrero del decadente Reino Unido a las agresiones contra nuestra Patria emanadas desde Washington, bloqueó el empleo de 120 millones de dólares por parte del gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros, para participar en el programa Corax de vacunación contra la pandemia que azota al mundo desde hace poco más de un año.

Fue otro agregado más al grueso prontuario del grupo de delincuentes cuya cabeza visible es el ahora ex diputado, pero manejado en realidad por el verdadero ejecutor de las políticas de los genocidas de Washington, el psicópata prófugo de nuestra justicia Leopoldo López, quien, por cierto, “gracias” a los cientos de miles de millones de dólares esquilmados a nuestra nación por este hatajo de criminales, residirá ahora en una casa cuyo alquiler es de 10 mil euros mensuales, de acuerdo con la información publicada hace unos días por el recalcitrante diario antichavista ABC de España.

La lista de barbaridades cometidas en contra del pueblo venezolano cometida por este grupo gansteril que comandan López y el autoproclamado, sumó otro “logro” el pasado 14 de enero, cuando un juez de Delaware, autorizó la venta de nuestra principal refinería en suelo estadounidense, Citgo, a Crystallex,   uno de cuyos abogados fue José Ignacio Hernández, quien no por casualidad sería luego “procurador” del gobierno de fantasías del autojuramentado, en una tan clásica como descarada maniobra de pagar y darse el vuelto.

Pero hay todavía más que agregar solo en este mes del nefasto segundo aniversario de fechorías cometidas por la marioneta imperial y sus secuaces: la niña Xioyerlyn Pocaterra, quien estaba amparada por el convenio Citgo-Hospital Italiano-Argentino, falleció esperando un trasplante de hígado, añadiendo otra víctima fatídica más al historial de quienes ninguna conciencia tienen.

Desde aquel día

Todas y todos, desde adentro y desde fuera de nuestras fronteras, hemos podido atestiguar lo que ha venido ocurriendo desde el 23 de enero de 2019, cuando siguiendo el libreto de una farsa urdida en los maquiavélicos laboratorios del imperio estadounidense, un gris sujeto de quien hasta entonces solo conocíamos por sus desnudas posaderas, más que por su rostro de imbécil, se fue hasta una plaza para balbucear un “juramento” pisoteando toda nuestra normativa legal, como paso inicial para el descarado despojo y las más viles agresiones de las que ha sido objeto nación alguna, al menos en lo que va de siglo.

Como la orden salió desde la Casa Blanca, de inmediato se desbocaron a “reconocer” al “presidente interino” los rastreros gobernantes de “más de 50 países” –como siguen rezando en lastimera letanía las transnacionales de la comunicación, si bien la cifra es cada día mucho menor-, convalidando así toda la cantidad de desmanes que en adelante se sucederían, pasándose por el que te conté el derecho internacional.

Comenzó de esa manera el secuestro de los activos del Estado venezolano –léase el pueblo­– en el exterior, con la joya de la corona, Citgo, como la principal pieza del botín en el impune asalto en despoblado contra nuestra Patria, en el cual se incluye también, entre otras empresas, a Monómeros, en suelo colombiano.

Precisamente desde Colombia –y Brasil– se intentó un mes después –el 23 de febrero– la invasión a Venezuela disfrazada de “ayuda humanitaria”, que a decir del bufón imperial entraría “sí o sí” a nuestro territorio

El autoproclamado, quien días antes había proclamado su infame convicción de que “los muertos son una inversión”, valga recordar, cruzó la frontera bajo la protección de la tenebrosa banda narco-paramilitar Los Rastrojos.

La heroica resistencia de nuestro pueblo, en sólida unión cívico-militar policial, en los puentes “Simón Bolívar” y “Las Tienditas”, impidió el ingreso de los invasores, propinándole así la primera de innumerables derrotas el imperialismo y sus mandaderos en estos dos años.

Las agresiones se multiplicarían en adelante, recrudeciéndose las ilegales medidas coercitivas mal llamadas “sanciones”, con un despiadado bloqueo económico, comercial, financiero y naval, cortando la casi totalidad de nuestras fuentes de ingreso, en un intento por colocar de rodillas al pueblo venezolano, lo cual no han podido conseguir, ni lograrán jamás.

El 7 de marzo de ese 2019, se lanzaron el salvaje atentado terrorista contra el Sistema Eléctrico Nacional, pretendiendo dejar durante meses a oscuras al país y propiciar una explosión social. De nuevo, la decidida actitud cívica de nuestro pueblo, su concienzuda reacción frente a las adversidades, pudo más que las perversas intenciones de los enemigos de la Patria, los de afuera y los de adentro. El 30 de abril, fracasaron con un golpe de Estado, cuya más patética imagen fue la de un guacal de cambures abandonado sobre el Distribuidor Altamira, centro de los acontecimientos.

Continuaron las agresiones por todos los flancos, siendo derrotadas una y otra vez por la indoblegable voluntad de quienes habitamos esta tierra de libertadores. El 3 de mayo pasado, en plena pandemia mundial, intentaron otra invasión, con la fallida incursión de mercenarios desde Colombia en el marco de la “Operación Gedeón”, neutralizada nuevamente por la unión cívico-militar-policial.

En las siguientes semanas se pudo conocer que dicha operación formaba parte de un ominoso contrato con la empresa “Silver Corp”, propiedad del ex marine Jordan Goudreau, a quien se le daba patente de corso para cometer una carnicería, mientras a cambio se le hipotecaban una inmensa cantidad de nuestros recursos.

A la espera de justicia

Son incalculables los daños causados a la nación por la banda de delincuentes encabezada por Leopoldo López y el autoproclamado desde ese 23 de enero, tanto en materia económica como inclusive en pérdida de vidas humanas.

El 6 de diciembre, dimos un paso fundamental en el proceso de recuperación de la Patria, al elegir una nueva Asamblea Nacional, cuyo ahora presidente, Jorge Rodríguez,  al jurar el cargo el pasado 5 del corriente, prometió “reconciliación sin amnesia, perdón sin olvido”.

Ese mismo día, en las afueras del Palacio Legislativo y desde las redes digitales, la gran mayoría del pueblo venezolano clamaba castigo contra quienes convirtieron ese parlamento en la punta de lanza para entregar al país a manos extranjeras, mientras se enriquecían de manera escandalosa y descarada.

Luego de la fuga del principal cabecilla de esta organización criminal, Leopoldo López, el pueblo, incluyendo una inmensa parte de la oposición, espera que ya perdida su inmunidad parlamentaria y sin el apoyo del engendro que desde la Casa Blanca lo designó “presidente” de un país de las fantasías, el autoproclamado y sus secuaces que todavía permanecen en nuestro territorio, vayan a dar finalmente con sus huesos a la cárcel.