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14.Ene.2016 / 01:34 pm / Haga un comentario

Diputado Rojas

Foto: Archivo

“El tema de los derechos humanos es de todos los venezolanos y no se reduce a una élite que se siente con derecho a violar el estado de derecho, la democracia y vidas humanas”, afirmó este jueves el diputado ante la Asamblea Nacional (AN) Edwin Rojas, del Bloque de la Patria, en referencia al llamado acuerdo de cumplimiento de las resoluciones dictadas por organismos internacionales en derechos humanos planteado por la derecha parlamentaria.

En declaraciones a Venezolana de Televisión a las afueras del hemiciclo, el diputado denunció que con dicho acuerdo la derecha pretende que proceda una amnistía para políticos que han cometido delitos y han violado la Constitución.

“La justicia es la que debe reinar (…) Debemos dar un ejemplo de respeto democrático a la Constitución. (…) Si cualquier ciudadano es sancionado por un tribunal por un delito de tipo penal debe cumplir su sentencia y no ampararse en la condición política para decir que es un preso político”, sostuvo.

Remarcó que los diputados del Bloque de la Patria ante la AN rechazan dicho acuerdo, así como “la participación de cortes internacionales en Venezuela (…) que forman parte de un dominio imperial que quieren acabar con los Estados, con la jurisdicción nacional de nuestros tribunales”.

Rojas dejó claro que la Constitución “dice que cualquier persona que quiere plantear una denuncia tiene los tribunales nacionales, el Tribunal Supremo de Justicia. Hay una jurisdicción penal, contenciosa administrativa, hay una Sala Constitucional y Penal. Una vez agotados los trámites ante nuestros tribunales ordinarios es que se podría hacer valer una jurisdicción internacional, que sea válidamente suscrita y aceptada como tratado internacional por Venezuela”.

En plenaria de este jueves, la diputada de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Delsa Solórzano pidió la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Venezuela, que es un órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA), del cual el Estado venezolano se retiró en septiembre de 2013 por ser un ente violatorio del fin para el cual fue creado de proteger los derechos humanos.

Esta Corte no se pronunció por la masacre de campesinos en Yumare, estado Yaracuy, en la década de los 90, ni tampoco por los 43 fallecidos y más de 800 heridos que dejaron las acciones violentas propiciadas por el dirigente de ultraderecha Leopoldo López en 2014.

La instancia, además, reconoció al Gobierno de facto de Pedro Carmona, durante el golpe de Estado de 2002.

AVN
 

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