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A lo largo de 18 años de Revolución Bolivariana en Venezuela, reiteradas han sido las acusaciones de «dictadura» por parte de la derecha mundial. La oposición venezolana (con apoyo de actores cómplices en la región) mantiene en su discurso que en el país no se respetan los derechos humanos, la libertad de expresión y el estado de derecho y de justicia.
A juicio del investigador dominicano Matías Bosch, resulta «una falacia llamar dictadura a lo que hay en Venezuela». Afirma que dictaduras hubo «a mediados del siglo XX en países de América Latina», época en la cual no había «la menor tolerancia a la disidencia y la discrepancia (…), donde los derechos individuales fueron violados a gran escala».
Señala que la permanente negativa a acudir al diálogo con el Gobierno Bolivariano responde al interés en demostrar que Venezuela es un proyecto fallido y crear las condiciones que justifiquen un Golpe de Estado.
Bosch explica que acceder a la petición del diálogo significaría atenerse a las reglas del juego democrático.
«Como ellos no creen en las reglas de ganar y perder, de aceptar las reglas y aceptar las instituciones, mucho menos pueden dialogar, que sería, una vez aceptadas las normas y reglas del juego, poder entenderse y tener canales fluidos de cooperación y colaboración entre poderes», dijo.
Contrariamente a lo que expresa la oposición venezolana, desde 1999 se han realizado 22 procesos electorales en todo el país. La población votante ha participado en elecciones presidenciales, de gobernación, municipales y parlamentarias acudiendo a las urnas mediante el sufragio universal, libre, directo y secreto.
De la «desobediencia civil» a las elecciones de gobernación
El pasado agosto la oposición venezolana anunció que participaría en los comicios anunciados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), que tendrán fecha de celebración el próximo 15 de octubre.
De tratarse de otra fuerza política, esta decisión significaría un triunfo para el fortalecimiento del sistema democrático de cualquier país y la vía indicada para dirimir las diferencias políticas. Sin embargo, en este caso no es posible interpretar una postura «democrática» de las fuerzas contrarias al Gobierno liderado por Nicolás Maduro.
La participación opositora es incongruente con todas las acusaciones y ofensas que ha esgrimido a lo largo de toda la Revolución en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Recientemente, uno de sus dirigentes, Julio Borges, quien además fue electo como diputado para la Asamblea Nacional en 2015 por el mismo órgano electoral, afirmó que el CNE es «un apéndice vergonzoso y subordinado del partido de Gobierno».
Entre abril y julio, dirigentes de la oposición venezolana se ampararon supuestamente en el artículo 350 de la Constitución vigente para justificar la violencia, los asesinatos y ataques perpetrados por grupos de choque que ellos mismos fomentaron y financiaron.
En ese entonces afirmaban que «la sociedad civil desconocía toda autoridad del Gobierno del presidente Nicolás Maduro». Abiertamente llamaron a la desobediencia de todas las instituciones y órganos del Estado.
En la actualidad, a dos meses de haberse instalado la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de que restaurara la paz en el país y de que los focos de violencia auspiciados por ellos mismos fueran controlados, la oposición anunció que participaría con 23 candidatos en el sufragio.
El Gobierno Bolivariano reitera su llamado a la paz
Ante este nuevo escenario, en el que aparentemente la oposición opta por el camino democrático, el presidente Maduro ha expresado su reconocimiento.
«Yo saludo que al día de hoy todos los partidos políticos de la oposición hayan inscrito candidatos y candidatas ante el CNE, y se dispongan a participar en las elecciones (…) han reconocido la legitimidad del CNE, han reconocido la legitimidad de esta Constituyente», ha dicho el mandatario.
Ha declarado también que espera que la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y la derecha permita reponer la paz en el país y reponer los niveles de entendimiento y de tolerancia política.
En este espacio de diálogo que fue instalado en República Dominicana participan países acompañantes como México, Chile, Bolivia, Nicaragua y España, pero la oposición nuevamente se ha retirado de ella pidiendo condiciones «serias».
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