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El ministro de Hacienda de Brasil, Nelson Barbosa, aseguró este viernes que los argumentos técnicos demuestran que no hay ningún crimen ni responsabilidad por parte de la mandataria de ese país, Dilma Rousseff.
El funcionario hizo esta aseveración durante la presentación de alegatos, en defensa de la presidenta, ante una comisión especial del Senado Federal brasileño que este viernes continúa su sesión de trabajo a fin de aprobar o no el juicio político contra Rousseff.
La acusación contra la jefa del Ejecutivo se sustenta en supuestas maniobras contables que según la oposición fueron realizadas para presentar los resultados en 2014 y 2015.
Como parte del plan para ejecutar un golpe de Estado contra Rousseff, la derecha brasileña alega que mediante decretos, fueron modificados los presupuestos, lo que permitió acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, acciones que supuestamente no fueron reflejadas en los balances del Gobierno.
Barbosa desmintió estas acusaciones al señalar que los financiamientos se hicieron públicos, al tiempo que explicó que los créditos suplementarios no fueron numerados porque en el 2002 se aprobó un decreto que establece que mientras no sean de carácter normativo no tienen que llevar la numeración.
“Esos decretos son compatibles con la legislación actual”, puntualizó.
El funcionario destacó que esos manejos contables fueron hechos dentro del más estricto marco legaly que muchos de ellos no eran responsabilidad directa de la presidenta, sino de los miembros de su equipo económico.
El Ministro insistió en que no hubo ninguna irregularidad y que, a pesar de que las deudas con labanca pública llegaron a sumar más de 13 mil millones de reales (alrededor de 3 mil 715 millones de dólares) a mediados del año pasado, fueron canceladas en diciembre.
«Este proceso está viciado de origen y por eso es nulo»
Por su parte, el abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, destacó en su intervención ante el Senado que el proceso que se quiere aplicar contra la mandataria está viciado en origen y por lo tanto es nulo.
“Hay una clara ilegalidad en la forma como se ha llevado este proceso”, dijo.
Cardozo explicó que la nulidad de origen comienza desde el momento en que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, actuó por venganza al aceptar las denuncias.
Cunha, adversario de la mandataria y acusado de corrupción, dio curso al trámite cuando el oficialistaPartido de los Trabajadores (PT) apoyó la apertura de un juicio en su contra, recordó Cardozo.
«Es un claro desvío de poder que anula el proceso desde su propio inicio y lo convierte en un golpe y además viola la Constitución”, aseguró.
Cardozo presentó nuevas causas que deberían conllevar a la anulación del trámite y entre ellas citó que el instructor de la comisión del Senado que analiza el caso, Antonio Anastasia, pertenece al opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al igual que uno de los firmantes de la denuncia.
La comisión del Senado elaborará un informe que será votado el próximo 6 de mayo.
Si el informe recomienda la apertura del juicio político y es aprobado por más de la mitad de los 21 miembros de la comisión, la palabra pasará al pleno del Senado y se pronunciará el 10 de mayo, pero en caso de que una mayoría simple entre los 81 senadores apruebe el juicio político, Rousseff deberá separarse del cargo durante los 180 días mientras se realiza el proceso judicial.
teleSUR