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El 23 de enero de 2019, después de dos décadas de intentos desestabilizadores, golpes de Estado, guarimbas terroristas, asesinatos selectivos y hasta un magnicidio en grado de frustración, la derecha política venezolana aplaudió en una plaza pública la autoproclamación de un usurpador de la presidencia de la República. Once meses después, ese acto ha esquilmado miles de millones de dólares a los venezolanos, las mentiras sistemáticas de la oposición provocan la decepción de sus seguidores y diversos dirigentes de la propia derecha política denuncian al autoproclamado por corrupción.

La fecha escogida pretendía vincular el acto callejero a la conmemoración histórica del 23 de enero de 1958, cuando el pueblo de Venezuela desalojó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Pero, por el contrario, la autojuramentación de un diputado sin aval del Parlamento y sin que nadie lo votara convirtió a ese “gobierno interino” en un acto de usurpación dictatorial sin precedentes en la historia nacional.

Casi un año después, aquellos venezolanos que se dejaron engañar ven estupefactos cómo ese inédito -aunque fracasado- golpe de Estado solo enriqueció a los usurpadores internos que despojaron a Venezuela de activos extranjeros y hasta del dinero que Estados Unidos (EE.UU.) ha entregado ilegalmente para financiarlos.

Paradójicamente, el usurpador vendió durante ese acto de ridículo histórico la consigna “cese de la usurpación” y elecciones “libres” para, precisamente, mantener la usurpación. Los hechos posteriores evidencian cómo el pretexto fue un acto de obediencia automática a las órdenes del régimen imperial norteamericano.

El gobierno de EE.UU. inmediatamente apoyó al autoproclamado y alegó que es el presidente de la Asamblea Nacional (AN) elegida en elecciones democráticas y, por tanto, el “único” órgano legítimo en Venezuela.

Poco importó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó la victoria a los diputados de la derecha en las elecciones parlamentarias de 2015 sea el mismo que proclamó a Nicolás Maduro Moros como Presidente Constitucional (y legítimo) de la República en las elecciones presidenciales de mayo de 2018.
No obstante, en diciembre de 2019, tras los repetidos fracasos del usurpador, el vicecanciller para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Michael Kozak, se vio obligado a “aclarar” que su país no apoyaba a Guaidó como persona particular, sino en su condición de presidente de la AN (en desacato contumaz) desde donde ha pedido “sanciones” contra Venezuela, provocando pérdidas milmillonarias al país, desde 2015.

Así, EE.UU. anunció que apoyará “a cualquiera” que ocupe ese cargo a partir del 5 de diciembre de 2020, cuando se elegirá internamente a la última directiva anual del Poder Legislativo en manos de la oposición.
La invasión fracasada en la frontera

El 22 de febrero de 2019, apenas un mes después de la autoproclamación callejera, la oposición criolla junto al gobierno de Colombia y otros mandatarios de países de la derecha continental auspiciaron un “concierto” musical de artistas internacionales en la ciudad colombiana de Cúcuta, con la que anunciaban la pretensión de recabar cifras millonarias en dólares para los venezolanos, así como la introducción forzada de “ayuda humanitaria”, violando la frontera venezolana, con supuestos productos alimenticios y medicamentos donados por EE.UU.

Fue la fachada farandulera para justificar la invasión a territorio venezolano a través de la frontera colombiana. El autoproclamado se presenta sorpresivamente en Cúcuta, donde llegó por vía terrestre, pese a que tenía prohibición de salida de Venezuela. Junto a Sebastián Piñera, de Chile; Mario Abdo Benítez, de Paraguay, e Iván Duque, de Colombia, se fotografía públicamente anunciando “libertad”.

El fracaso, sin embargo, termina con el incendio de los camiones que transportaban el supuesto “cargamento humanitario” para responsabilizar mundialmente al Gobierno Bolivariano. Se descubre que quemaron materiales para guarimbas y se denuncia la conducta hostil de Colombia para derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. El Ejecutivo Nacional denuncia que los millones recaudados fueron usados para fiestas, licores, prostitutas y narcóticos, por parte de los grupos venezolanos que coordinan esa “ayuda humanitaria”. La prensa derechista mundial silencia las evidencias de lo que se conocerá luego como el “cucutazo”.

Pero meses después, la misma mediática gringa reconoce que fueron los guarimberos golpistas quienes quemaron las gandolas, validando la denuncia que había hecho Venezuela.

Un medio electrónico derechista, Panam Post, devela la trama de corrupción millonaria que había sido denunciada previamente, pero ahora atribuyendo fuentes de “investigaciones” de Colombia que revelaron cómo se apropiaron de los dólares “recabados” para uso propio.

Igualmente, tiempo después aparecen las fotografías de narcoterroristas paramilitares colombianos de la peligrosa banda Los Rastrojos posando al lado del autoproclamado durante su paso por territorio colombiano, donde un helicóptero del ejecutivo lo trasladó a Cúcuta para el concierto millonario. La verdad se abrió paso obligado en la gran prensa.

Los terroristas pactaron con el usurpador para actuar libremente en la frontera occidental venezolana cuando este se posesionara verdaderamente del poder en Miraflores. Las fotos eran una especie de “documento sellado” del acuerdo. Así lo ratificaron algunos de los narcoparacos capturados en Venezuela, quienes confesaron el ardid en declaraciones grabadas.

Entre enero y marzo los fracasos de la derecha se acumulan. El autoproclamado, quien se atribuye las presidencias del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional (en desacato contumaz), se apropia de dos Poderes Públicos, simultáneamente, lo cual es curioso por cuanto la derecha acusaba al Gobierno de impedir la “división de poderes” en el país.

Pero tampoco el autoproclamado convoca a elecciones en 30 días, como manda la Constitución Bolivariana en caso de una verdadera situación de vacío democrático. En su lugar, la írrita AN en desacato aprueba un “Estatuto de Transición” que ignora a la propia Carta Magna y se coloca sobre ella.

El documento pretende alargar el “período” de la usurpación sin necesidad de elecciones, entre otras leguleyerías apócrifas que fueron anuladas por el TSJ, que ya había sentenciado como írrito y sin valor cualquier decisión del Parlamento hasta tanto no resolviera el desacato constitucional en que se encuentra desde 2015.

Ataque terrorista contra El Guri

El 7 de marzo, en las redes sociales varios mensajes de voceros gubernamentales norteamericanos y, en especial, del congresista Marco Rubio, revelan que los venezolanos “sufrirán la peor de las penurias cuando en pocas horas se quedarán sin comida, sin gasolina, sin agua”. Ese día se produce un inédito e histórico apagón eléctrico tras el ataque masivo al complejo hidroeléctrico El Guri, donde se genera más de 70% de la energía a todo el país.

Venezuela queda en la más absoluta oscuridad por varios días, afectando además los servicios públicos, agua potable, gasolina, la distribución de alimentos… pero los venezolanos resisten en calma y la predicción de la derecha sobre un estallido social no se produce nunca.

La prensa derechista mundial se burla de las denuncias de Venezuela sobre los ataques cibernéticos y electromagnéticos contra las redes de generación y distribución de electricidad, que se registran contra El Guri y otras instalaciones de forma sistemática.

Pero en abril, el propio presidente norteamericano, Donald Trump, reconoce, sin proponérselo, la validez de las denuncias cuando firma una orden ejecutiva para proteger a EE.UU. de los efectos del pulso electromagnético contra sus redes eléctricas y electrónicas, además de usar estos dispositivos como herramientas para ataque a presuntos enemigos.

Golpe militar fracasado y despojos imperiales

El 30 de abril es, quizás, la fecha clave de inicio de la debacle derechista, cuando el autoproclamado, diputados derechistas y dirigentes que se autobautizan comos democráticos protagonizan un clásico golpe militar con un pequeño grupo de desertores castrenses, desde el puente de una autopista cercana a una base militar en la ciudad de Caracas.

Los complotados anuncian que habían tomado la base aérea de La Carlota y en las redes sociales llamaban al derrocamiento del Gobierno legítimo. Cuando se comprobó el engaño, los fascinerosos huyeron a las embajadas dejando abandonados a sus seguidores y un guacal con manos de cambures.

De abril a noviembre se produjeron los despojos de activos venezolanos en empresas propias ubicadas en el extranjero. Citgo es expropiada de facto por autoridades de EE.UU. para entregárselas supuestamente a las autoridades “legítimas” designadas por la AN en desacato. Igual situación ocurre con la planta petroquímica de Monómeros, en Colombia.

Entretanto, la administración de Trump recrudece el bloqueo financiero y económico contra Venezuela. Sanciona a empresas privadas internacionales, barcos, navieras, bancos, proveedores y cualquier entidad que haga negocios legales con Venezuela. Los voceros prófugos de la oposición en el mundo aúpan estas medidas y persiguen cualquier cuenta de la República para embargarla: depósitos en oro y dólares son congelados o incautados.

Más tarde, aparecen evidencias de la operación fraudulenta para transferir a cuentas personales del autoproclamado o de su grupo colaborador los dineros de todos los venezolanos. La descarada expoliación de los dineros de la nación genera la difusión de la reacción nacional en las redes con la acusación #GuaidóLadrón.
En el cerco diplomático que impulsan gobiernos de la derecha, se ejecutan acciones que violan la Ley Internacional para hostigar sedes diplomáticas de Venezuela. En EE.UU., los consulados de Washington y Nueva York son asediados por hordas derechistas. La defensa histórica que hacen colectivos de Estados Unidos para proteger esas instalaciones es elocuente, por lo cual las autoridades imperialistas someten a los activistas y los reprimen acusándolos de obstaculizar “la justicia”.

En noviembre, un audio grabado entre el embajador colombiano en EE.UU., Francisco Santos, y la nueva canciller Claudia Blum, confirma la participación del gobierno de Duque en la conspiración contra Venezuela.

Entre otras confesiones, Santos reafirma que Guaidó es un fiasco y él debe “inventarse cosas contra Venezuela” para que la Casa Blanca siga interesada en financiarlos para derrocar al Gobierno Bolivariano. El escándalo político indigna incluso a los colombianos, pero la prensa derechista se encarga de apagar sus efectos.

En diciembre, en uno de los más recientes escándalos del autoproclamado, se produce la “destitución” de Humberto Calderón Berti, el supuesto embajador imaginario en Colombia designado por la AN en desacato. Calderón Berti desata las denuncias de corrupción del Guaidó que él llegó a conocer durante su “gestión” diplomática, pero que solo ahora ventiló a la opinión pública.

La última acción antidemocrática de la derecha fascista y evidencia de sus consecutivos fracasos, fue la planificación de una operación terrorista que pretendía perpetrarse contra el Cuartel General Gran Mariscal Sucre y el Comando Zonal de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Sucre, develada por las autoridades nacionales el pasado 14 de diciembre.

La intención era provocar un baño de sangre masivo. Fueron acusados los integrantes del grupo terrorista de ultraderecha Voluntad Popular liderado por Leopoldo López, Juan Guaidó y secundados por diputados de la Asamblea Nacional en desacato, Janet Fermín y Fernando Orozco.

Epílogo

La Mesa Nacional de Diálogo instalada en septiembre a instancias del Gobierno Bolivariano con dirigentes de varias fracciones de la derecha corrobora la intención de los sectores políticos de llegar a acuerdos por vías democráticas, desechar los atajos anticonstitucionales, deslindándose del supuesto liderazgo de un usurpador.

Mediante acuerdos que buscan la reconciliación, los diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) se incorporaron a la Asamblea Nacional (AN) para colaborar en su rehabilitación y tratar de sacarla del desacato constitucional. Asimismo, acordaron mecanismos para escoger por consenso la nueva conformación del CNE rumbo a las elecciones parlamentarias de 2020.

Mientras tanto, el 5 de enero de 2020 deberán designar una nueva jefatura en la AN en desacato y la actual directiva con el usurpador a la cabeza pretendió modificar el reglamento interno para que algunos de los diputados principales, prófugos de la justicia, puedan votar por vía electrónica desde sus lugares de huida.

Ante esta ilegalidad, diputados suplentes de la oposición consignaron este 18 de diciembre ante el TSJ una demanda contra Guaidó por el intento de disolver las atribuciones que le competen a los legisladores democráticamente electos que suplen las faltas temporales o definitivas de los principales.

El máximo tribunal actuó en consecuencia y reafirmó la sentencia de nulidad de todas las actuaciones realizadas a la fecha por la actual directiva en desacato.

El último de los escándalos que involucra a la derecha venezolana fue un ataque terrorista perpetrado el pasado domingo 22 de diciembre a la Unidad 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, ubicada en la zona fronteriza del sur de Venezuela, que contó con el apoyo de los gobiernos de Colombia, Perú y Brasil, que dieron alojo y financiaron a los malhechores responsables de los actos que le arrebataron la vida al soldado Luis Jampier Caraballo.

De acuerdo con testimonios de los implicados detrás de todas estas acciones planificadas de la mano de militantes de la ultraderecha, se encuentran involucrados Leopoldo López, Juan Guaidó, en complicidad con los diputados suplentes de Voluntad Popular, Fernando Orozco y Yanet Fermín, Ismael León, Gilber Caro, el activista Vilca Fernández, con el apoyo de policías municipales, estadales y militares venezolanos que desertaron el pasado 23 de febrero.

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