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Cámara de diputados de Brasil

Foto: Telesur

Para este miércoles está previsto que el relator de la Comisión de la Cámara de Diputados de Brasil, que analiza la posibilidad de un juicio político contra la presidenta de esa nación suramericana, Dilma Rousseff, presente un informe con los argumentos de si existen o no eventuales motivos para solicitar la destitución de la mandataria.

El dictamen se dará a conocer antes de que sea votado el lunes 11 de abril y enviado a la Cámara, reseña Telesur en su sitio web.

La resolución no vinculante que se apruebe el 11 de abril será publicado al día siguiente y dos días después estaría en condiciones de ser votado por el pleno de la Cámara de 513 diputados.

El recurso deberá contar con el apoyo de 342 legisladores (dos tercios de los escaños) para que pueda ser enviado al Senado. En caso de no suceder, será archivado.

Si llega a la Cámara Alta, se deberá crear una comisión de 21 diputados para hacer una segunda revisión, antes de que los 81 integrantes del Senado decidan, por mayoría simple, si lo admiten o lo archivan.

De aprobarse la destitución de Rousseff, acusada de supuestos vínculos con hechos de corrupción en Petrobras, la Presidenta sería apartada de sus funciones durante un máximo de 180 días mientras es investigada y en su lugar asumiría el vicepresidente, Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que se ha mostrado a favor del juicio político.

De esta manera comenzaría oficialmente el proceso contra Rousseff y la sesión final se realizaría en el plenario del Senado, bajo la dirección del presidente de la Corte Suprema.

Se necesitan dos tercios de los votos del Senado (54 de un total de 81) para destituir definitivamente a la mandataria.

El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, ratificó en días pasados que el juicio político solicitado por la oposición en Brasil y aprobado en diciembre pasado por el presidente del Congreso de ese país, Eduardo Cunha, está viciado por retaliación y por lo tanto es ilegal.

Este proceso de juicio político “no se abrió por el ejercicio normal de la competencia legal y constitucional de sus excelencias. Se abrió como una retaliación, se abrió como una venganza, se abrió por venganza para hacer su propia condición efectiva para el juicio político, para la casación del mandato de la Presidenta. Es una verdad inexorable”, denunció el jurista.

Rousseff enfrenta una campaña de desprestigio promovida por parte de sectores opositores, que intentan vincularla con hechos de corrupción en Petrobras (empresa petrolera de Brasil), como parte de una operación de golpe de Estado.

El pueblo brasileño ha salido a las calles a marchar en reiteradas ocasiones en rechazo al intento de golpe de Estado contra el Gobierno de Rousseff.

Las pretensiones de golpe de Estado en Brasil también han sido condenadas por países de todo el mundo.

AVN

 

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