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El pasado 10 de noviembre se gestó en Bolivia un golpe de Estado contra el presidente constitucional recién reelecto, Evo Morales, quien fue obligado a renunciar -bajo amenaza de muerte- luego de que un grupo ultracatólico de extrema derecha se alió con la embajada de Estados Unidos y una cúpula de la Policía para sacar al líder indígena de la jefatura de Estado.
Desde entonces, el vacío de Poder generado tras la salida intempestiva de Morales, así como del vicepresidente, Álvaro García Linera, generó una persecución contra todo lo que representara o se acercara al Socialismo que imperaba en el país, al estilo de los tiempos de la inquisición, cuando el odio y el racismo eran la principal fuente para perpetrar asesinatos, torturas y vandalismo, bajo el amparo del fundamentalismo religioso y en el nombre de «Dios».
Así llegó a imponerse una dictadura de facto que es encabezada por la también ultracatólica, aporofóbica y xenófoba, Jeanine Áñez, una mujer que detesta a los pueblos indígenas, los tilda de satánicos, ignorantes y brujos.
Áñez, auspiciada por la extrema derecha boliviana que cuenta con el respaldo económico del empresario separatista de Santa Cruz Luis Fernando «facho» Camacho, el excandidato presidencial perdedor Carlos de Mesa y la directiva de la Policía, ha impuesto una dictadura salvaje que persigue y desaparece a toda aquella persona que denuncie sus arbitrariedades y que se manifieste en su contra, así como también a quienes exigen el retorno del orden constitucional y la democracia al país andino, que hasta hace poco era el que mejor números de crecimiento y estabilidad económica tenía el continente americano.
Las arbitrariedades y la violencia desatadas por la dictadura de Áñez, y controlada por la extrema derecha, han recibido señalamientos de distintas organizaciones que velan por el respeto de los derechos humanos.
El Ciudadano