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Foto: Archivo
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, estado de Guerrero, México, en 2014, convocaron a nuevas manifestaciones para este martes 26 de abril, a 19 meses del suceso, en rechazo a los obstáculos que el Estado mexicano ha interpuesto a las investigaciones para dar con los jóvenes.
Señalan que el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha sido tomado en cuenta por las instituciones de Estado, dado que las investigaciones hechas por el Grupo arrojan que los 43 de Ayotzinapa, detenidos el 26 de septiembre de 2014, fueron entregados a funcionarios de la policía y el Ejército, cuestión que el Gobierno ha pasado por alto al insistir en la hipótesis de que los jóvenes fueron entregados a la organización criminal Guerreros Unidos e incinerados en un basurero de Cocula, reseñó Telesur.
El gobierno de Enrique Peña Nieto se negó a prorrogar la estadía del GIEI, quien debe abandonar México el próximo 30 de este mes.
Antes de su salida del país, el IGIE —integrado tres abogados, un médico y una jueza, defensores de los derechos humanos en sus países y en el mundo— presentó un nuevo informe en el que asientan los resultados de sus investigaciones y a su vez dan cuentan de las delaciones y bloqueos que sufrieron durante las pesquisas que comenzaron en marzo de 2015, reseñó El País.
Contra esto marcharán los padres de los 43, que luego de casi dos años de búsqueda y solicitud de justicia, se movilizan nuevamente. Esta vez, lo harán en el Distrito Federal, capital de México, y en el estado de Guerrero, donde ocurrió la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de educación en la escuela rural de Ayotzinapa, detalló Telesur.
Al respecto, el diario La Jornada de México publicó este lunes un editorial titulado «GIEI: adió amargo», en relación a la despedida del grupo de investigadores.
Señala el diario que «la terminación de la tarea encomendada al GIEI deja, ante extravíos, carencias y omisiones de la versión oficial, un tremendo vacío en la justicia nacional y coloca a las autoridades del país en una situación por demás comprometida, porque queda la idea de que falta voluntad política para llegar a fondo en la ubicación de los 43 desaparecidos y en el esclarecimiento real de los móviles, las responsabilidades y las complicidades de la barbarie ocurrida esa noche de septiembre en Iguala».