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El asesinato de los líderes sociales se ha convertido en otra pandemia en Colombia, donde la espiral de violencia sigue en aumento en este país.
Organizaciones sociales de Colombia condenaron una masacre ocurrida el domingo en el departamento de Antioquia (norte), donde un grupo de criminales asaltó una vivienda, asesinando a dos hombres y una mujer de una misma familia. Se trata de la segunda masacre del año 2021 en el país suramericano.
Por otro lado, comunicaron el hallazgo en el río Cauca del cuerpo sin vida de un parcelero desaparecido por paramilitares y el deceso de dos jóvenes en un campo minado en Policarpa (Nariño, en el suroeste de Colombia), así como el asesinato de dos líderes sociales en los municipios de Cáceres e Ituango (Antioquia).
Es más, un grupo de hombres armados ejecutó, en Ituango, al campesino Afredo García, miembro de la Asociación de Campesinos de Ituango (ASCIT), quien había sido amenazado y señalado por grupos paramilitares.
Diferentes organizaciones de derechos humanos han condenado las matanzas en Colombia y han enfatizado la necesidad de cumplir con los acuerdos de paz para combatir la inseguridad en el país y reforzar la protección de los grupos más vulnerables.
No obstante, el Gobierno de Colombia, pese a las continuas denuncias sobre la falta de garantías de seguridad para implementar el acuerdo de paz con el ahora partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), no ofrece medidas palpables y echa la culpa a los guerrilleros que operan en la frontera con Venezuela, alegando que los acoge Caracas.
Venezuela niega las acusaciones de Colombia, y dice que se trata de una campaña para desviar la opinión pública ante la incapacidad de Bogotá de establecer la paz en el país.
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