La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) parece haber desplazado a totalidad el eje del conflicto hacia la arena geopolítica. Los últimos (y acelerados) movimientos internacionales a solo horas de este avance político del chavismo, van confirmando lo que el fracaso de la oposición venezolana anunciaba días antes del 30 de julio: EEUU se involucra directamente (junto a sus aliados en la región) para lograr el objetivo de derrocar al Gobierno legítimo de Venezuela.

Agresiones coordinadas y la incapacidad política de la OEA

«La crisis de Venezuela es ya la gran prioridad en todas las cancillerías latinoamericanas», así comienza un artículo publicado por Javier Lafuente y Carlos Cué en El País de España hoy 6 de agosto.

Lo que en un diario de amplia audiencia se presenta como un interés ingenuo y total en la situación del país suramericano, encubre más bien el grado de coordinación sobre el cual actualmente trabaja EEUU y sus no más de una decena de aliados en la región contra Venezuela y su ANC.

Las sanciones del Departamento del Tesoro sobre 13 altos funcionarios del Estado dictadas el pasado 26 de julio no varían demasiado ni en forma ni fondo de rondas anteriores (contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Vicepresidente Tareck El Aissami este mismo año), salvo por la cualidad que las convirtió en extraordinarias: los gobiernos de Colombia, México y Panamá fueron los primeros en plegarse a dichas sanciones a pocas horas del anuncio.

El camino que labra esta primera acción no parece ser otro que el de construir un bloque de presión regional leal a EEUU que sortee el obstáculo caribeño en la OEA, factor que junto a otros países hoy impiden que en el Consejo Permanente puedan emitir una resolución unificada que impulse sanciones colectivas.

La convocatoria a una reunión de cancilleres el 8 de agosto por parte del gobierno de Perú, un día antes de que el Departamento del Tesoro sancionara al presidente Nicolás Maduro, al mismo tiempo que da muestra de esa debilidad también clarifica la necesidad que tiene EEUU de construir un bloque geopolítico informal que acompañe sus sanciones, buscando imponerle esa posición a las más de 15 naciones que llaman al diálogo y al respeto de la soberanía venezolana.

Venezuela y la desastrosa política exterior de la Administración Trump
Como una medida de fuerza la Casa Blanca prometió sanciones al sector petrolero venezolano si se instalaba la ANC. Al momento del anuncio un intenso debate se desarrolló sobre las desventajas tanto políticas como económicas con las que cargaría EEUU si aplicaba estas medidas.

Pero con respecto a Venezuela y Latinoamérica, así como al resto de zonas de interés estratégico para EEUU, no nos referimos a una administración que funciona bajo un criterio geopolítico unificado y con un aparato diplomático que coordine sus acciones en el terreno bajo una sola línea de mando.

«La tarea del secretario de Estado Rex Tillerson de liderar el Departamento de Estado se acaba de volver mucho más difícil», reseñaba una nota de The Washington Post sobre la renuncia masiva de funcionarios de carrera del Departamento de Estado en enero de 2017, sobre todo en el área de misiones consulares.

«Si el presidente no escucha al Departamento de Estado, la diplomacia de EEUU es torpe, en el mejor de los casos», afirma la profesora del Bowdoin College, Rebecca Gibbons, citada por El Confidencial de España en nota de junio de este año.

Gibbons se refiere a las tareas diplomáticas sensibles que ha delegado el presidente Donald Trump en su yerno Jared Kushner, tales como «mejorar» las relaciones con México y dialogar con China, pasando por encima del organigrama del Departamento de Estado.

En lo que respecta a Venezuela, este cuadro de confrontación y encono entre la Administración Trump y el Departamento de Estado, ha traído como consecuencia que Marco Rubio haya logrado la atención de la Casa Blanca para definir su política exterior.

Marco Rubio junto a otros senadores radicales de Florida, quienes son los principales patrocinadores de Voluntad Popular, no sólo han sido actores claves en las últimas sanciones, sino que proponen abiertamente un embargo petrolero a la par de desconocer al Gobierno venezolano.

El primero de agosto el Subsecretario adjunto del Departamento de Estado para Sudamérica Michael Fitzpatrick, declaró a EFE que EEUU no reconocería a un «gobierno paralelo» en Venezuela y que existe un canal de diálogo con el Gobierno venezolano.

Ese aparente cambio de coordenadas fue frenado por Rex Tillerson, quien al día siguiente declaró: «Maduro sale bajo su propia voluntad o regresamos los procesos del Gobierno a su Constitución», dejando entrever medidas de fuerza contra el país basadas en métodos de guerra financiera, económica y también irregular.

Ese mismo día fuentes del Departamento de Estado confirmaban al Foreing Policy que el archiconocido por su participación en el golpe de 2002, William Brownfield, es uno de los principales candidatos de Tillerson para ser el nuevo Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, cargo al cual están subordinados funcionarios como Fitzpatrick.

El reordenamiento de la política exterior hacia Venezuela bajo una línea agresiva e intervencionista que anuncia el posible nombramiento de Brownfield, encuentra su complemento en el nombramiento del general John Kelly, ex jefe del Comando Sur, como director de gabinete de la Administración Trump.

Quien en 2015 afirmara la necesidad de intervenir a Venezuela desde el Comando Sur bajo un contexto de «crisis humanitaria», actualmente está trabajando codo a codo con Marco Rubio para «darle forma a la respuesta que deberá tener el gobierno del presidente Donald Trump ante la crisis del país sudamericano», según informa una nota de El Nuevo Herald el 4 de agosto.

Este conjunto de maniobras filtradas a la prensa no sólo son a modo de reordenar en torno a una sola política los movimientos de EEUU sobre Venezuela, también posicionar ante la opinión pública cuáles son los factores radicales de poder que tienen la voz cantante en su definición para marcar la «agenda única» que los genuflexos deben asumir sin titubear.

Para sumar un nuevo elemento de contradicción, el asesor de seguridad nacional de Trump, general H.R. McMaster, afirmó ayer que «es importante que la responsabilidad de esta catástrofe recaiga sobre los hombros de Maduro», dejando entrever su oposición a sanciones energéticas con impactos devastadores, decantándose por más sanciones individuales.

De la condena de comunicados a las acciones de fuerza
A medida que la ANC vaya tomando medidas para estabilizar el país y rescatar la autoridad del Estado venezolano, EEUU y sus aliados utilizarán el asedio diplomático y financiero como mecanismo de presión política para debilitar su margen de maniobra y capacidad de reordenamiento político.

Muestra de ello fue la primera medida: remover a Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República por faltas graves a sus competencias y funciones. Al momento en que ocurría, países miembros del Mercosuranunciaban la suspensión ilegal de Venezuela del organismo, sin que eso significara automáticamente sanciones comerciales.

Sin embargo, la maniobra marca un precedente y una posible ruta para la escalada: si las acciones simbólicas (resoluciones, acompañamiento de sanciones individuales, comunicados, etc.) no inciden en los actos de la ANC, que derivarán en acuerdos y planes para la recuperación económica, EEUU echará mano de sus gobiernos satélites para intentar romper relaciones diplomáticas y comerciales de forma selectiva, como ruta alterna para conseguir mínimamente los mismos resultados que traería una sanción petrolera: evitar la recomposición política y económica del país vía aislamiento, promover un nuevo ciclo de violencia armada en las calles y fabricar las condiciones de un «Estado fallido» que requiere urgente una intervención multilateral. Allí la médula de la maniobra: el desgaste político y económico prolongado para doblegar a un país entero.

Distintos analistas internacionales no precisamente chavistas, como Andrés Oppenheimer y Moisés Naím, refiriéndose a las sanciones contra Irán, Cuba o Rusia en tiempo pasado y reciente, comparten la opinión de que esas acciones son contraproducentes y no garantizan el éxito de los objetivos políticos de Estados Unidos. La encrucijada que se marca es la no garantía de doblegar a quienes reciben fuertes sanciones.

El Departamento de Estado condenó a través de un comunicado la remoción constitucional de Luisa Ortega Díaz exigiendo el «restablecimiento de la democracia». El director de la orquesta marcando el ritmo de la melodía y el tono al que deben sumarse los que están en el escalón inferior. México fue el primero en secundar el comunicado de EEUU, junto a otros gobiernos bajo la misma condición colonial. El modo de operar y la sincronía en sí es la confirmación de la mecánica del asedio en esta nueva etapa del conflicto, netamente geopolítica.

Sacar la política de la ecuación
En el horizonte político inmediato están las elecciones regionales. Varios partidos de la oposición venezolana han expresado su intención de inscribir candidatos.

Voluntad Popular, como partido creado y financiado para generar las condiciones de la intervención (en sus diversas formas de expresión, desde la militar hasta la político-financiera), expresa a través de su dirigente Freddy Guevara que «la MUD sostiene diversas reuniones para anunciar nuevas acciones para enfrentar a Maduro y su proyecto de nueva Constitución», en nota publicada por el medio El Estímulo.