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El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, encargó al jefe de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido, solicitar formalmente el pasado jueves al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que invoque la Carta Interamericana contra Venezuela.
En su misiva enviada a Almagro, la directiva de la AN justificó la aplicación de la medida debido a que la situación en Venezuela “es de tal gravedad que ha superado las posibilidades de resolución institucional exclusivamente interna de la seria situación que padecemos”.
Esta afirmación va en contra del Artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que: “Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”. Asimismo, quienes suscriben y gestionan este acto están faltando al mandato del Artículo 130 de la Carta Magna, que determina que: “Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación”.
La carta no habla, en tanto, que la nación ha estado sometida a una situación de sostenida especulación, acaparamiento y contrabando por más de tres años, que se conoce como “guerra económica”.
En días pasados se conoció que Luis Florido, además de ser diputado de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, es también dueño de una empresa de compra y reventa de alimentos registrada en Panamá que opera ofreciendo productos a través de otra empresa suya registrada en Venezuela.
Florido se reunió con Almagro y le entregó el encargo de Ramos Allup. En la solicitud, firmada por el presidente y los dos vicepresidentes de la AN, se dice expresamente que la Carta de la OEA “debe ser invocada bajo el artículo 20”, alegando que “el orden democrático en el país ha sido socavado y gravemente disminuido”.
El mencionado artículo de la Carta Democrática plantea: “En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes”.
Es de suponer que el objetivo que persigue Henry Ramos Allup y el resto de los promotores de esta iniciativa es que se dé el supuesto que plantea el Artículo 21 de ese instrumento, que es la suspensión de nuestro país del sistema interamericano.
Luego de su encuentro con el secretario general de la OEA, Florido declaró a los periodistas internacionales que le planteó al uruguayo el “sentido de urgencia” de invocar el documento de marras, apelando a la “solidaridad de nuestro sistema interamericano”.
Ante la prensa neoyorquina el parlamentario siguió hablando que una “profunda crisis” que traería como consecuencia al país la “ocurrencia de situaciones que nadie desea y espera”, pero que la derecha aúpa con acciones como las tomadas este jueves en la OEA.
Lo que queda en adelante es esperar que el secretario general presente la solicitud ante el Consejo Permanente, lo que podría ocurrir en los próximos días, según dijo. Antes “evaluará” el informe entregado por Florido junto a la carta de solicitud de intervención.
Claro está, la OEA deberá, asimismo, considerar las acciones que el Gobierno Bolivariano ejerza como legítimo representante del Estado Venezolano, quien a fin de cuentas es el único actor válido para actuar en nombre del país en los foros internacionales.
Ciudad CCS