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Así como los griegos usaron el caballo de Troya como artimaña para introducirse en la ciudad fortificada de los troyanos, el imperio norteamericano empleó la Asamblea Nacional, ganada por la oposición venezolana en el año 2015, para afectar a la población venezolana sin distingo de ideología política, clase social, raza, credo, como parte de su política hegemónica y unilateral.

El informe la Verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio expone todas las acciones que desde la AN, dirigida por la extrema derecha venezolana, se han ejecutado para facilitar la agresión imperialista contra el gobierno legítimamente electo por el 68% de los votos emitidos por el pueblo el 20 de mayo de 2018.

La aventura de un “cambio de régimen” inició el 5 de enero de 2016, cuando asumió la presidencia del Poder Legislativo, el diputado Henry Ramos Allup. En ese primer discurso el dirigente de la derecha venezolana dejó ver lo que vendría más adelante, al establecer un plazo máximo de seis meses para concretar un cambio forzado de gobierno, amparándose en la propuesta de un referéndum revocatorio, una enmienda constitucional e incluso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

Con estas declaraciones se alineó a las directrices estratégicas del Gobierno de los Estados Unidos, y es así como la Asamblea Nacional tomó un rumbo distinto al de legislar en beneficio del país y cumplir las promesas realizadas durante la campaña electoral.

Por otra parte, el Parlamento Nacional se resistió a cumplir con los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con lo cual se abrió un ciclo de confrontación política que devino en que el máximo Tribunal del país  declarara a la Asamblea Nacional en desacato, lo que implicó la nulidad de todos los actos parlamentarios, hasta que se resolviera el impasse provocado por la elección irregular de diputados del estado Amazonas.

En conclusión, las acciones del Parlamento dirigido por Ramos Allup, en ese primer año, estuvieron orientadas al choque de poderes y al intento desesperado por desmantelar las conquistas sociales alcanzadas por el pueblo hecho Gobierno.

En 2017, avanzaron los intentos de desestabilización de la democracia en Venezuela, con la juramentación del diputado Julio Borges, como presidente del Parlamento. El dirigente de la autodenominada Mesa de la Unidad, y hoy prófugo de la justicia, además de extender la controversia que produjo el desacato el año anterior, instrumentalizó la instancia parlamentaria para facilitar el bloqueo económico y comercial contra el país.

Además, aprovechó su posición para continuar impulsando el “cambio de régimen” mediante acciones violentas en las calles, apalancó las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU., el aislamiento financiero y comercial del país y legitimó las acciones injerencistas promovidas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno norteamericano.

Otras de las acciones del Parlamento dirigido por el diputado Borges, fueron:

Activar de una campaña internacional para desconectar al país del sistema financiero internacional, mediante el envío de cartas -en abril de ese año- a decenas de instituciones financieras internacionales que mantenían fondos y relaciones comerciales con Venezuela exigiendo la suspensión de dichas actividades.
Solicitar el cierre de cuentas manejadas por el Estado venezolano para llevar a cabo sus actividades de comercio y finanzas a nivel internacional.
Colaborar con la agenda de presión económica y financiera desplegada por el Gobierno de los Estados Unidos a partir de la publicación del Decreto Obama (Orden Ejecutiva 13692) de marzo de 2015.
Entregar misivas a instituciones financieras como Deutsche Bank (Alemania), Goldman Sachs (los Estados Unidos) y Credit Suisse (Suiza) para obstaculizar el movimiento de fondos venezolanos y el uso normal de las cuentas del Estado venezolano, lo que incidió en una paralización del comercio exterior y del ingreso de divisas, ambas variables fundamentales para entender el agravamiento de la crisis económica a partir del año 2016.
Articular estrategias de cerco y asfixia que, en agosto de 2017, se formalizó con la Orden Ejecutiva 13808 emitida por el presidente Donald Trump en respuesta a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.
Inhibir gestiones para el nuevo endeudamiento que habría representado una inyección de capitales vitales para el funcionamiento de la economía nacional.
Tras ser el brazo formal de la campaña de “cambio de régimen” orientado por el Gobierno de los Estados Unidos, la Asamblea Nacional asume un nuevo capítulo golpista, esta vez con el diputado Juan Guaidó a la cabeza, quien  manipulando el texto constitucional y tergiversando sus funciones legislativas se autoproclamó como “presidente encargado” de la República Bolivariana de Venezuela en una plaza pública.

Las maniobras políticas de EE.UU., Guaidó y otras instancias internacionales han confiscado ilegalmente varios activos de Venezuela en el exterior como Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA); Monómeros, la compañía petrolera colombo-venezolana con sede en Barranquilla, Colombia; el robo de más de 33.000 millones de dólares de Venezuela que se encontraban en bancos en el extranjero y el intento de robo de 31 toneladas de oro que equivalen a más de mil millones de dólares.

Además, para que su gobierno ficticio recibiera el reconocimiento del Ejecutivo inglés, Guaidó comprometió los intereses y derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo, y tranzó con el grupo narcoparamilitar Los Rastrojos la frontera occidental venezolana, para que esta banda pudiera moverse sin ninguna limitación por la zona.

Todas  estas acciones promovidas por Gobierno estadounidense y ejecutadas la extrema derecha al frente del Parlamento entre 2015 y 2020, incluso en plena pandemia, han generado grandes daños a la nación y sobre todo al pueblo venezolano.

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