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Si existen dos aspectos políticos que describen sus primeros seis meses de (mala) gestión, son la presentación de adefesios legales -como la ley de estafa inmobiliaria y la de amnistía- y rehusarse a abordar el tema económico.

Ninguna de sus iniciativas legales ha tenido tan siquiera una mínima relación con sus promesas durante la campaña electoral, centralizadas en su mayoría en darle fin a las colas y los problemas económicos que aquejan al país. Más bien han hecho todo lo contrario: cuando el Gobierno Bolivariano busca recomponer una economía saboteada por sus financistas (Fedecámaras y derivados) salen rápidamente a entorpecer dichos intentos por el frente mediático e internacional.

Y ese papel de saboteadores permanentes y de poco interés con los problemas cotidianos del país, se profundiza cuando el mismo semanario Tal Cual, en su última edición en papel, recalca cómo buena parte de los altos dirigentes de la MUD están enfocados en pisar a sus contrarios de la misma mesa para unas eventuales elecciones de gobernadores, que ni siquiera tienen fecha. Esas son sus prioridades inmediatas. Cuidado, Capriles, que Maricori te quiere serruchar la candidatura a gobernador por el estado Miranda, según el semanario en cuestión.

Pero ha habido acuerdos y leyes que por el hecho de no pasar por el lindero de la condonación de penas a criminales, corruptos y narcotraficantes de ayer y hoy o por la entrega de un millón de viviendas construidas por el Estado venezolano al dolarizado sistema inmobiliario privado, no quiere decir que no tengan importancia dentro de la estrategia de desestabilización en contra de Venezuela.

La Asamblea Nacional ha emitido dos acuerdos de ley que refuerzan y profundizan el bloqueo financiero contra el país. El primero de ellos, de fecha 26 de mayo, intenta dejar bajo carácter de nulidad las inversiones petroleras internacionales en conjunto con el Estado venezolano. O como dijo el mismo Henry Ramos Allup el día en que aprobaron dicho acuerdo, citado por Reuters: «Contratos no aprobados por la Asamblea carecerán de vigencia en este y en el próximo Gobierno».

La Asamblea Nacional, ahora en respuesta a la sentencia N° 618 del Tribunal Supremo de Justicia sobre la prerrogativa que tiene Banco Central de Venezuela para recibir créditos internacionales y movilizar fondos en el extranjero, también hizo lo propio: declaró el préstamo de 482,5 millones de dólares del Fondo Latinoamericano de Reservas como nulo. Hasta el día de hoy, ninguno de sus principales operadores financieros (José Guerra, Luis Florido o Alfonso Marquina) han declarado en contra de que Citibank haya cerrado las cuentas del país en el extranjero. Esa omisión, más el par de acuerdos acá reseñados, pone de manifiesto que son los principales operadores de que Venezuela siga bajo asfixia, sin acceso al crédito internacional y sin posibilidad de estabilizar su economía.

Cuando toman estas decisiones, la MUD le está diciendo al país que ojalá continúen las colas y la agudización del sabotaje económico.

Pero el carácter nocivo de esta política pro-bloqueo que ejerce la Asamblea Nacional no radica simplemente en esos acuerdos, que al fin y al cabo puede decir misa y que tampoco son vinculantes, sino en cómo se ejercen. Henry Ramos Allup le dice a Reuters: «Vamos a oficiar a todas las embajadas que los únicos contratos con validez serán los revisados por la AN»; José Guerraamenaza con sancionar funcionarios que aprueben endeudamientos; y José Silva, diputado de la MUD por el estado Bolívar, dijo que ya a todo el cuerpo diplomático (y encargados de negocios) acreditado en el país será informado de los «riesgos» de ofrecer créditos o realizar inversiones en Venezuela.

Tiene como política sistemática inhibir a lo interno cualquier acercamiento de tipo comercial y financiero con la Agenda Económica Bolivariana, recalcando la supuesta amenaza que significa invertir en el país. Contribuyen al aislamiento de Venezuela desde el punto de vista financiero en tanto y en cuanto utilizan sus nexos de alto nivel con embajadas y encargados de negocios de diversos países para que no se acerquen al Ejecutivo ni se les ocurra invertir en planes para diversificar las exportaciones. «Esto está por caer, aguántense», dirá gagueando José Guerra.

Y en ese chismorreo de pasillo, en ese ininterrumpido corretaje de desinformaciones y amenazas con embajadas y representantes diplomáticos, es que la Asamblea Nacional juega al más alto nivel de la guerra económica, saboteando cualquier intento que realiza el Gobierno para obtener recursos financieros que permita mejorar parcialmente la situación económica.

Son los principales aliados internos de Citibank y Commerzbank, quienes ya hicieron su parte del trabajo al cerrar las cuentas del país en el extranjero y dando señales para que ningún otro banco le permita a Venezuela abrir una cuenta, cercenando así la posibilidad de realizar importaciones urgentes en áreas vitales para sortear la crisis.

Hacen política en contra de todo un país.

Misión Verdad