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Foto: Archivo
Desde el pasado mes de enero la ultraderecha venezolana arreció su campaña contra el Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Este sector, que ha sido impulsor de acciones desestabilizadoras en el país, solicitó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela, por las presuntas violaciones a los derechos humanos y la supuesta promoción de la guerra por parte del Ejecutivo.
La Carta Democrática Interamericana es un mecanismo que se aplica en el caso de que se produzca una ruptura del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un Gobierno democráticamente electo, en cualquiera de los Estados miembros de la organización.
¿Qué esconde la derecha tras este plan?
Con la activación de la Carta Democrática Interamericana la oposición busca acordar la suspensión temporal de Venezuela del ejercicio de su derecho de participación en la OEA. Sin embargo, para que ello se materialice se requiere el visto bueno de dos tercios de los Estados que conforman la Organización (34 países).
La misma práctica de sugerir reinterpretaciones para aplicar al Gobierno venezolano la Carta Democrática Interamericana fue utilizada en 2002 cuando la derecha, respaldada por sectores académicos vinculados al sistema interamericano, emprendió una campaña política y mediática de desestabilización, para derrocar al entonces presidente Hugo Chávez.
- El nuevo mecanismo que se utiliza contra gobiernos, que no responden a los intereses de la derecha internacional, es el llamado a golpes parlamentarios, cuyo objetivo es deteriorar la institucionalidad del Estado, intentando hurtarle la legítima representatividad al Poder Ejecutivo y violar el principio de no intervención, pilar de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana.
¿Qué aplicaría para Venezuela?
En enero de 2016, el secretario general Luis Almagro le advirtió al presidente Nicolás Maduro que la Carta Democrática Interamericana le obliga a actuar si se afecta el proceso político institucional del país.
Tras ello, el embajador venezolano ante la OEA, Bernardo Álvarez afirmó que una supuesta actuación del secretario general -vía invocación de la Carta Democrática Interamericana- se convertiría en un intento de usurpar la autoridad y soberanía del Estado y en el desconocimiento de su Gobierno, hecho que sería rechazado.
Álvarez defendió que en Venezuela “no existe ninguna situación fáctica que encaje o se subsuma bajo los supuestos de hecho establecidos en la Carta”, porque no existe una ruptura o alteración del orden constitucional.
Más allá de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, la conducta ya pública y notoria de Almagro lo inhabilita para tener cualquier tipo de participación sobre los asuntos relacionados con Venezuela, señaló Álvarez.
En contexto
La guerra económica iniciada a finales del 2014, caracterizada por la especulación de los precios y el desabastecimiento; el acaparamiento de productos de primera necesidad y campañas de rumores; intentos fallidos golpes de Estado, y planes para generar violencia y zozobra en el país llevaron, entre otras razones, a la victoria circunstancial de la derecha venezolana en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.
En febrero de este año, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, denunció los golpes blandos y advirtió los planes de la derecha internacional para desestabilizar a Latinoamérica.
El triunfo de la derecha en las elecciones generales de Argentina, aunado a la posición de los diputados de la oposición venezolana de desconocer los logros sociales de los gobiernos progresistas, son las nuevas tácticas que usaría la derecha internacional para continuar sus ataques en la región este 2016.
Este año, la oposición brasilera siguiendo los lineamientos de la derecha internacional, usó la estrategia de la corrupción para atacar al Gobierno de la presidenta Dilma Rouseff, al vincularla con los escándalos en la estatal petrolera Petrobras.
teleSUR