Foto: Ciudad CCS

Cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, planteó el pasado 1° de mayo convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para restablecer el orden en el país, trastocado por las acciones violentas que desde el mes de abril habían desatado sectores radicales de la oposición, se abrió la posibilidad de que los sectores en conflicto se sentaran de nuevo en una misma mesa a dialogar para buscar soluciones en lo económico, en lo político y en lo social, partiendo del carácter supraconstitucional del poder originario.

Una de las peticiones de Maduro fue la creación de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, instancia que se encargaría de realizar las averiguaciones sobre los hechos violentos para establecer las correspondientes responsabilidades, y que debería estar encabezada por quien fuese designado presidente o presidenta de la ANC.

Una vez elegida la Constituyente el 30 de julio, el jefe de Estado presentó el pasado 10 de agosto un compendio de 11 propuestas, entre las que destacó la realización de un gran debate nacional sobre la paz como una necesidad, derecho y anhelo del pueblo.

“Ha llegado la hora de superar las campañas de odio, intolerancia, violencia, persecución. Ha llegado la hora de a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, intolerancia, en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente.

Iniciemos una gran campaña contra el odio”, expuso el mandatario en aquella oportunidad.

La tesis de Maduro fue reforzada además con la presentación de un proyecto legal a ser discutido en la ANC para frenar la campaña de odio y violencia sembrada en el país, denominado Ley Constitucional para la Convivencia Pacífica y contra la Intolerancia.

El proyecto presidencial, en manos ahora del poder originario, continúa siendo uno de los puntos de honor en el debate constituyente y por ello la ANC se ha desplegado más allá de los muros del Palacio Federal Legislativo para escuchar a víctimas y familiares de las llamadas guarimbas que se desarrollaron durante 4 meses.

Uno de los encuentros más relevantes fue el realizado el pasado 18 de septiembre en la sede del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, ubicado en la avenida Francisco de Miranda del municipio Chacao, precisamente uno de los lugares donde la violencia se desató con mayor intensidad durante las guarimbas, pues incluso ese inmueble resultó seriamente afectado por las bombas incendiarias y objetos contundentes lanzados sobre su estructura.

En esa reunión la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública determinó que la actuación de los distintos cuerpos de seguridad del Estado habilitados para la preservación del orden público actuaron apegados a la Constitución y las leyes.

En ese sentido, la presidenta de la ANC y también presidenta de la Comisión, Delcy Rodríguez, informó haber recibido pruebas suficientes que dan fe del buen proceder de los uniformados.
“Hemos recibido todas las ordenes de forma escrita, de forma además grabada que dan cuenta de cómo la actuación de nuestros cuerpos de seguridad fue en estricto apego de la Constitución de la República y las leyes”, precisó.

Expresó además que la comisión que preside recibió “listas de los funcionarios heridos por objetos contundentes y armas de fuego, armas no convencionales, pero que tenían el mismo impacto de las armas industriales”.

Reiteró sus acusaciones de que estos sucesos evidenciaron que “la violencia, los hechos violentos y de grave alteración al orden público respondieron a un plan preconcebido, que líderes de la oposición venezolana convocaron y apoyaron logística y financieramente los hechos de violencia cometidos durante esos tres meses, y que bandas organizadas fueron contratadas por la dirigencia opositora para causar hechos de violencia en las llamadas guarimbas”.

Rodríguez resaltó que “hemos investigado, hemos escuchado de voz de las autoridades de voz de los familiares de las víctimas, los presuntos responsables de quienes convocaron a la violencia letal. De quienes suministraron, facilitaron logística y financiamiento para la violencia. Es una investigación que está en curso y habrá justicia”.

La reunión en República Dominicana

Luego del infructuoso ciclo de conversaciones entre Gobierno y oposición del año 2016, la ANC planteó recientemente retomar el diálogo con los representantes opositores, para lo cual el Gobierno de República Dominicana, con su presidente Danilo Medina al frente, ofreció el territorio quisqueyano para realizar un nuevo debate, a partir del 13 de septiembre, en el que participó como mediador el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, tal como lo hizo el pasado año.

El evento estuvo encabezado por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien estuvo acompañada por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.

Luego de este primer intento, el mandatario dominicano resaltó el que se haya logrado como avance incorporar representantes de países amigos, entre ellos México, Chile, Bolivia y Nicaragua.

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, como vocero del Gobierno, coincidió con el mandatario dominicano en que la suma de otros países amigos de Venezuela facilitará las conversaciones.
No obstante, los líderes opositores, encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, prefirieron reunirse aparte con Medina e insistieron mediante la vocería del diputado de Primero Justicia que no habrá diálogo hasta que no estén establecidas las condiciones que planteó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Reiteramos a Danilo Medina y Antonio Guterres que no hay diálogo hasta que se cumplan las condiciones y haya acompañamiento internacional”, dijo Borges.

Uno de los aspectos positivos de este encuentro en tierras quisqueyanas fue la realización de una nueva reunión el próximo 27 de septiembre en la que participarían otros países colaboradores.

La importancia de la juventud 

En medio de este desafío trazado por la Asamblea Nacional Constituyente por recuperar la paz del país, el poder originario ha considerado indispensable el rol que ocupa la juventud en la sociedad y cómo incorporar de una manera más determinante este importante sector en el desarrollo del país.
En ese sentido ya se han adelantado, por ejemplo, actividades coordinadas con el Movimiento por la Paz y la Vida para insertar a los jóvenes en actividades culturales y deportivas y mantenerlos con ello alejados de aquellas personas que pretendan utilizarlos como “carne de cañón” en nuevos actos terroristas, tal como lo hicieron durante las manifestaciones ocurridas entre abril y julio.

Los 11 objetivos del proceso constituyente

1 Ganar la paz, aislar a los violentos. Reafirmar los valores de la justicia, de la no impunidad.

2 Ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano, para dejar instalado un nuevo sistema postpetrolero.

3 Constitucionalizar todas las Misiones y Grandes Misiones.

4 Potenciar el Funcionamiento del Sistema de Justicia, Seguridad y Protección del Pueblo.

5 Impulsar las Nuevas Formas de la Democracia Participativa y Protagónica.

6 Impulsar la Política Exterior de defensa soberana de nuestra integridad.

7 Impulsar la Identidad Cultural, la Nueva Venezolanidad, la Nueva Espiritualidad del país.

8  La Garantía del futuro para la juventud.

9 El cambio climático, la supervivencia de la vida.

10 Un capítulo en la Constitución para la mujer.

11 Iniciar proceso constituyente militar para consolidar la doctrina Bolivariana.

Ciudad CCS