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Este martes, en sesión ordinaria, la bancada revolucionaria de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo para rechazar la paralización de clases que, desde hace tres años, las autoridades de las universidades autónomas mantienen de forma intermitente en dichas instituciones, negando el derecho al estudio a 200.000 estudiantes que cursan pregrado en el país.
En su intervención previa a la aprobación, el diputado y profesor universitario jubilado, Manuel Briceño, denunció “el secuestro político de las universidades”, que organizaciones como la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), así como otros voceros que “no son gremios nada porque solo representan posiciones partidistas”, realizan bajo la excusa de exigir demandas laborales.
“Con tanta sapiencia, cómo es que no saben administrar eficientemente los recursos”, inquirió Briceño en referencia al paradigma del cual presumen las universidades autónomas de supuestamente ofrecer la mejor preparación con recursos garantizados por el Estado, que superan el presupuesto del resto de las universidades públicas, aunque las llamadas autónomas solo poseen el 11% de la matrícula universitaria.
Por su parte, diputados opositores como Miguel Pizarro y Carlos Ramos insistieron con el argumento de que el Gobierno Bolivariano amenaza la autonomía de estas universidades –omitiendo que este precepto tomó rango constitucional con la Carta Magna de 1999, tras la experiencia de intervención que ocurrió en la UCV (1969) bajo el gobierno de Rafael Caldera– y pidieron que se escuche a las facciones en paro, ignorando que todas participaron en la mesa de negociación de la última contratación colectiva y que estudiantes de derecha han sido recibidos en reiteradas oportunidades, la última el pasado 29 de octubre, en el ministerio de Educación Universitaria para que expongan sus posturas.
El acuerdo aprobado por el órgano legislativo hace énfasis en que las universidades deben dedicarse a promover el debate y el estudio sobre la situación económica que enfrenta el país, producto de las bajas de los precios del petróleo, para proponer soluciones desde la academia, en lugar de mantener a los estudiantes en el ocio con una paralización injustificada.
El proyecto también sugiere al Gobierno nacional nombrar una comisión de juristas para introducir una demanda contra los representantes de las universidades en paro, por perjuicio al Estado; así como “tomar las medidas necesarias ante el ministerio del Proceso Social del Trabajo” y realizar una auditoría a las instituciones paralizadas para analizar el uso de los recursos que el Estado ha entregado y la cancelación de sueldos a personas que no han trabajado.
El presupuesto aprobado para el comienzo de este año académico en las universidades públicas asciende a 84.000 millones de bolívares, lo que duplica el asignado para el período pasado.
AVN