Noticias / Memorias
Foto: Archivo
Este 12 de febrero de 2014 se cumple un año de la ola de ataques que empezó con la agresión a la sede del Ministerio Público y desencadenó una serie de protestas violentas en diferentes municipios del país, principalmente en el Este de Caracas, Mérida, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal y Puerto Ordaz, como parte del plan denominado “La Salida”.
Hace un año los dirigentes de la extrema derecha venezolana, vinculados a la mal llamada Mesa de la Unidad (MUD), Leopoldo López y María Corina Machado convocaron a una movilización en la ciudad de Caracas, sin autorización previa, que partió de Plaza Venezuela con destino a la sede principal del Ministerio Público.
Al llegar la marcha al lugar, sin razón alguna y bajo la excusa de no haber sido recibido por las autoridades de ese organismo, la protesta se tornó violenta, y como consecuencia se causaron serios daños al edificio Ministerio Público, se registraron destrozos a las instalaciones del Parque Carabobo, edificaciones privadas cercanas y a las brigadas de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana, que se encontraban formando un cordón de seguridad.
Esta agresión dejó dos personas fallecidas por disparos de armas de fuego, 23 heridos, varios vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y de particulares quemados. Los disturbios se extendieron a la parroquia Chacao, en las adyacencias de la avenida Francisco Miranda, donde se registró el fallecimiento de otro ciudadano por la detonación de un arma de fuego.
Estas protestas, que forman parte del proyecto de un sector violento de la oposición, derivó en numerosos hechos vandálicos dejaron 43 fallecidos -33 civiles y 10 funcionarios de distintos organismos de seguridad del Estado-, y 878 lesionados -600 civiles y 278 efectivos policiales y de la Guardia Nacional Bolivariana-.
De acuerdo con el último balance presentado por el Ministerio Público por estos hechos fueron aprehendidas un total de 3.351 personas, de las cuales a 1.436 se les solicitó sobreseimiento, mil 402 fueron acusadas, seis tienen archivos fiscales y 507 se encuentran en proceso de investigación. Un total de 41 personas tienen medidas privativas de libertad, de las cuales 27 son civiles y 14 son funcionarios de seguridad.
Pese al afán de la prensa nacional e internacional de desprestigiar la acción del Gobierno Nacional en estos hechos, al asegurar que todos los fallecidos habían sido estudiantes u opositores venezolanos asesinados por fuerzas de seguridad del Estado, se desplegó un gran operativo para garantizar el respeto a los derechos humanos durante estos ataques violentos ocurridos en el país desde el 12 de febrero hasta el 30 de junio del año pasado.
RNV