El 9 de marzo de 2015, el entonces presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Barack Obama, firmó un infame “decreto” contra la soberanía y los derechos humanos de los venezolanos, al declarar que “Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional de la nación norteamericana, abriendo las puertas a una insólita agresión, abierta y criminal, con las pretendidas y mal llamadas “sanciones” que han provocado pérdidas milmillonarias a la República Bolivariana.

“Yo, Barack Obama, (…) considero que la situación en Venezuela (…) constituye una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política externa de Estados Unidos“, señaló en el decreto que firmó, titulado pomposamente como “Orden Ejecutiva 13962 del 9 de marzo de 2015″, que se constituyó como la primera piedra de una seguidilla de ataques y persecuciones sin precedentes, que fueron apoyadas desde el principio por la derecha apátrida criolla.

No obstante, a 8 años de aquella imposición imperial, y tras el fracaso del intento del “cambio de régimen” que pretendió conseguir con dichas medidas coercitivas y con el derrotado títere, el presunto “presidente interino”, autojuramentado en una plaza de Caracas, al régimen imperial que gobierna EE. UU. no le queda otra opción que seguir renovando cada año una mentira histórica.

Este 2 de marzo, una vez más, el ahora mandatario Joe Biden, tal como lo hizo Donald Trump en su oportunidad, volvió a extender por otro año el ilegal documento, que fue rechazado también, una vez más, por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, parte del comunicado refiere que el Gobierno Bolivariano condena la afirmación infundada de que Venezuela representa algún tipo de amenaza contra la nación estadounidense, “aún más cuando es evidente que ha sido Venezuela el país que ha tenido que enfrentar una multiplicidad de amenazas, chantajes, agresiones y ataques que vulneran los derechos humanos de todo el pueblo venezolano”.

“¡Obama, deroga el Decreto YA!”

A 8 años del decreto de Barack Obama continúa agresión contra Venezuela tras fracaso del títere interino y las mal llamadas sanciones

En el mismo momento de conocerse esta bufonada antijurídica norteamericana, que viola la Ley Internacional y los derechos humanos de los venezolanos y de los pueblos del mundo en general, hace 8 años los venezolanos y venezolanas emprendieron una campaña bautizada: ¡Obama, deroga el Decreto YA!”, que recogió más de 10 millones de firmas tanto en Venezuela como en la región latinocaribeña.

A raíz de esta demostración de dignidad, Obama pareció recular y llegó a afirmar que, en realidad, Venezuela no es amenaza para EE. UU.

“No creemos que Venezuela sea una amenaza para Estados Unidos y Estados Unidos no es una amenaza para el Gobierno de Venezuela”, dijo en una declaración, en horas previas al inicio de la séptima Cumbre de las Américas en Panamá, en abril de 2015.

Pero, cínicamente, renovó el infame decreto varias veces, mientras el brutal bloqueo criminal escalaba cada día, con el abierto objetivo de construir una causa artificial que provocara una “crisis” inducida y culpar de ello al Gobierno Bolivariano a cargo del presidente Nicolás Maduro Moros, elegido en elecciones constitucionales sobrevenidas en abril de 2013.

Con esta mascarada, Obama continuó atentando y agrediendo a Venezuela, pues en febrero de 2015, un mes antes de firma la pretendida orden ejecutiva, había dicho públicamente una confesión que lo incriminaba en delitos de lesa humanidad a él y a los gobiernos de ese país:

“Tenemos el Ejército más fuerte del mundo y ocasionalmente tenemos que torcer el brazo a los países que no quieren hacer lo que queremos que hagan, si fallan otros mecanismos de presión como económicos, diplomáticos y a veces militares“.

Derecha apátrida avala la infamia:

La aventura antidemocrática de un “cambio de régimen” inició en Venezuela en diciembre de 2015, paradójicamente tras la victoria electoral parlamentaria de la oposición de derecha que obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional (AN), y que pasó cinco años como un caballo de troya para los intentos golpistas y desestabilizadores.

El 5 de enero de 2016, cuando asumió la presidencia del Poder Legislativo el diputado adeco Henry Ramos Allup, dejó ver lo que vendría más adelante, al establecer un plazo máximo de seis meses para concretar un cambio forzado de gobierno.

Con estas declaraciones, el dirigente hizo patente que la derecha venezolana se alineó a las directrices estratégicas ilegales del Gobierno de los Estados Unidos, y convirtió a la AN en una instancia en desacato constitucional contumaz, arrodillada al imperio, que se dedicó a entregar al país y sus recursos en el exterior.

Mentiras renovadas

Esta “orden ejecutiva” de EE. UU. es un eslabón “jurídico”, ilegal y criminal, que se firmó para “sancionar” a funcionarios del Estado venezolano, según repitieron los medios pro-estadounidenses.

EE. UU. se cuidó de decir y jurar que estas “sanciones” no apuntarían contra el pueblo ni la economía venezolana, ni tendrían un efecto directo en el sector petrolero venezolano. Una mentira que el tiempo se encargó de evidenciar en forma mortal.

En 2022, cuando se cumplieron siete años de aquella firma indigna, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, encabezó una Tribuna Antiimperialista, donde afirmó una verdad del tamaño de una catedral, al refutar la mentira con la que pretendieron convencer al pueblo de que las medidas solo afectaban a un grupo de funcionarios del Gobierno Bolivariano.

“Nadie se atreve hoy a sostener el tamaño de lo absurdo. Todos hemos aprendido en nuestra propia piel, en los dolores de nuestro propio pueblo de que esa medida criminal del presidente Obama fue la puerta de entrada a un conjunto mal llamadas de sanciones”, resaltó el ministro Villegas.

ONU comprueba violación de EE. UU.

En febrero de 2021, la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció que las mal llamadas “sanciones” de EE. UU. y otros países contra Venezuela constituyen una violación flagrante de los derechos humanos (DD. HH.) y de la ley internacional, y la política pretendida de cambiar gobiernos por “máxima presión” es contraria al principio de igualdad soberana de los Estados miembros.

La relatora especial ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, durante la presentación de su informe preliminar “Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales”, subrayó que las “sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional”.

Como parte de sus conclusiones, la relatora especial confirmó que el “estado de emergencia nacional” anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 9 de marzo de 2015, como fundamento para introducir mayores sanciones contra Venezuela, “no se corresponde con los requisitos del Artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, con lo cual se viola igualmente esta normativa.

Según el Artículo citado, no existen elementos que indiquen a Venezuela como una real amenaza para la vida de EE. UU. y el decreto firmado por Barack Obama en su oportunidad y prorrogado muchas veces después por otros mandatarios, representan medidas de duración ilimitadas, son discriminatorias, derogan el derecho a la vida y castigan actividades que no constituyen delito, tal como se menciona en comunicación de expertos en derechos humanos publicado el 29 de enero de 2021.

Pérdidas milmillonarias

Venezuela registra una caída del 99 % de los ingresos petroleros del país, la actividad de inversión, exploración, explotación, producción de productos del petróleo, comercialización, ventas y cobro de actividades son sometidas al intervencionismo.

Con la disminución de producción en el sector petrolero, Venezuela dejó de percibir más de 200 mil millones de dólares, destinados a salarios, derechos sociales, educación, salud, alimentación, vivienda e infraestructura para el desarrollo general.

Entre el periodo 2021-2022 solo ingresó el 1 % de lo que debía percibir el sector económico.

Este lunes 6 de enero, el fiscal general de la República Tarek William Saab, denunció que con la nueva extensión del infame decreto de Obama, Venezuela acumula 927 medidas unilaterales coercitivas ilegales, de las cuales la principal industria del país, Petróleos de Venezuela (PDVSA) se le han aplicado 103 sanciones.

“En 2015, al momento de aprobarse el decreto de Obama con el que se inicia el ataque directo a nuestro país, Venezuela producía 2,4 millones de barriles diarios. Entre enero de 2015 y junio de 2020, producto de la agresión de EE. UU. contra PDVSA, la producción cayó 87 % pasando de un promedio de 2,4 millones de barriles diarios a 339 mil barriles diarios en junio de 2020”, explicó Saab en rueda de prensa.

Recientes investigaciones económicas estiman en más de 214 mil millones de dólares, la cifra de pérdidas de la industria petrolera, debido a la caída de la producción, producto de las sanciones, la guerra de precios y el sabotaje contra PDVSA.

A Venezuela no la para nadie

El presidente Maduro, de manera perseverante, ha reafirmado que el pueblo venezolano ha demostrado una gran resiliencia ante las dificultades, producto de las más de 920 medidas coercitivas unilaterales en contra de la economía nacional.

En enero de 2023, el jefe de Estado acudió a la Asamblea Nacional para llevar la Memoria y Cuenta Anual, anunciando siete líneas de trabajo para la diversificación de la economía productiva, con el propósito de curar las heridas y las desigualdades que se han creado, producto de esas sanciones y la guerra inclemente contra el pueblo.

Consolidar el crecimiento económico con igualdad.

Expandir la protección social.

Ampliar la presencia del Poder Popular.

Consolidar la seguridad integral de la nación y garantizar la justicia.

Consolidar y expandir el método del 1×10 del Buen Gobierno y las Bricomiles.

Avanzar en la independencia integral y la descolonización de Venezuela.

Consolidar la Patria Grande.

“Nuestra Revolución nació de la mano del pueblo, del voto del pueblo, de la soberanía popular, por conciencia, estrategia, responsabilidad y direccionalidad de un gran líder, de un gran hombre, nuestro Comandante Chávez”, enfatizó el jefe de Estado

El fracasado intento imperial chocó con la resistencia popular y en 2023, Venezuela inició una etapa de renacimiento que experimenta la economía nacional y que forma parte de la celebración del Bicentenario rumbo al 2030.

Representa “el punto de no retorno de la Revolución Bolivariana”, profetizó el presidente Maduro.

VTV