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La fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, precisó este viernes el balance de víctimas de la ola de violencia promovida por grupos de derecha en Venezuela desde el pasado 12 de febrero: 39 fallecidos, 31 de ellos civiles y el resto funcionarios policiales, militares y uno del Ministerio Público (MP); así como 608 lesionados, 414 de ellos civiles y 194 policías o militares.
La Fiscal destacó en rueda de prensa, transmitida por Venezolana de Televisión, que el MP ha asumido el compromiso de hacer justicia en todos los casos.
«Como Estado venezolano estamos en la obligación de determinar las responsabilidades de los que aparezcan como autores o partícipes de cualquier hecho punible, no importa cuál hecho punible se trate, no importa quién lo haya ejecutado, quien haya participado, cuál sea su tendencia religiosa, su afinidad sexual, su simpatía política. Todos van a ser sancionados, siempre garantizando el debido proceso y respetando los Derechos Humanos», enfatizó.
Del mismo modo, agregó que si hay denuncias o la Fiscalía conoce de alguna violación a los derechos fundamentales de personas privadas de libertad o irregularidades en los procedimientos, adoptarán las medidas necesarias, «porque el Estado está interesado en que se esclarezcan estos hechos y se haga justicia».
Ortega resaltó que durante estas acciones de bandas de derecha, que abarcan obstrucciones de vías, agresiones y destrozos a instalaciones, se han vulnerado también los derechos de los venezolanos que no han podido llegar a sus trabajos, llevar a sus niños a los colegios o asistir a un centro de salud porque se les impidió el libre tránsito.
«Las personas han tendido a encerrarse en sus viviendas, por temor a esas acciones beligerantes, agresivas, violentas, que han ocurrido alrededor de sus viviendas. Muchos venezolanos se han sentido atemorizados por su tendencia política, han sido perseguidos y algunos amenazados por sus vecinos con rociarles sustancias inflamables», alertó.
La Fiscal subrayó que su despacho tiene la obligación de velar por la protección de los derechos de todos pues es una institución de la totalidad de los ciudadanos.
El Estado venezolano ha denunciado que la agenda de estos grupos, desatada el pasado 12 de febrero, forma parte de un plan conspirativo que busca deponer al mandatario legítimo, Nicolás Maduro, y torcer la voluntad de la mayoría de los venezolanos que apoya la Revolución Bolivariana.
AVN