Nadie podrá negar los avances sociales en Venezuela, como consecuencia del apego del Gobierno Bolivariano a los mandatos de la CRBV contenidos en el CAPÍTULO V, DE LOS DERECHOS SOCIALES Y DE LA FAMILIA (Artículo. 75 al 97) y CAPÍTULO VI, DE LOS DERECHOS CULTURALES Y EDUCATIVOS (Artículo 98 al 111); todo con base al búsqueda de una mayor inclusión social y una mejor distribución de las riquezas; con miras a la consecución del objetivo superior bolivariano de lograr para las y los venezolanos: “la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible”. Todo lo anterior teniendo en mente lo establecido en el artículo 2 de la CRBV: “Venezuela se constituye en un ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

Con base a lo anterior, el Estado debe comenzar por proteger a la familia venezolana como “asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas…”, lo cual incluye protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia…(Artículo 75); protección a la maternidad y la paternidad ( Art. 76); protección al matrimonio entre un hombre y una mujer (Art.77); protección a niños, niñas, adolescentes y jóvenes ( Art.78 y 79); protección a los ancianos y ancianas( Art. 80); protección a las y los venezolanos con discapacidad ( Art. 81). Sólo los mezquinos son capaces de negar la inversión y el esfuerzo del Estado por proteger a la familia venezolana en relación al derecho a la vivienda (Art. 82), salud (83 al 85), seguridad social (Art. 86), trabajo (87 al 97). También es válido incluir en este renglón la seguridad alimentaria; la cual, sin ninguna duda, ha sido garantizada por el Estado a través de su amplio apoyo al sector agroalimentario y a través del suministro de los alimentos de la cesta básica, distribuidos principalmente por las redes Mercal y PDVAL a precios subsidiados y regulados, respectivamente.

Sin ninguna duda, la CRBV es una Constitución garantista. En la práctica estas garantías sociales, educativas y alimentarias, se traducen en una mayor inversión social, y en una obvia disminución de la pobreza general y extrema. En este sentido, es bueno recordar que en el período 1986- 1998 (12 años); la inversión social, que la derecha llamaba GASTO SOCIAL, fue de 36,2%, mientras que en el período 1999- 2011(12 años), la INVERSIÓN SOCIAL fue de 60,7%. En el 2013 la inversión social del Gobierno Bolivariano de llegó a 64%. Analizando muy brevemente los logros sociales, debemos reconocer el éxito de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que quienes son racionales sólo le podrán objetar que no se haya iniciado antes con la misma fuerza del 2011. Sin embargo, recordamos que los programas de viviendas, con dotación a la familia de muebles y otros enseres, los inició la Revolución Bolivariana con la atención a los dignificados de Vargas, a quienes para devolverle aunque sea el techo perdido, ubicó en diferentes estados de Venezuela.

En términos de satisfacer lo preceptuado en el artículo 82 de la CRBV, todavía falta mucho por hacer y por corregir. Sin embargo, hoy por hoy, las familias que han recibido viviendas dignas, muchas veces equipadas, se cuentan por varios cientos de miles. Entre una de las correcciones que debe hacerse, es ser más celoso en la adjudicación de viviendas, de manera que sólo sean beneficiarias las familias que realmente carecen de un techo propio, y no tienen capacidad financiera para adquirirlo en el mercado privado. Los Consejos Comunales y las Comunas pueden ayudar a detectar a tiempo a los vivarachos que en todas partes están a la caza de un negocio para su lucro personal. No sin razón, la Biblia nos enseña que “raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (Timoteo 6:10).

Tenemos que reconocer que uno de los problemas de la Revolución Bolivariana, es la corrupción heredada de la cuarta república, corrupción que no hemos podido extirpar, y cual enfermedad social amenaza peligrosamente la salud espiritual, ética y moral de la Patria. Urge internalizar, cumplir y hacer cumplir el objetivo 2.4 del Plan de la Patria. Todas y todos somos corresponsables y estamos obligados a comprometernos en el combate de la corrupción en todos los ámbitos, desde la Contraloría Social hasta la Contraloría General de la República. Desde la Fiscalía Superior hasta la Fiscalía General de la República, apoyados por órganos investigativos, deben actuar con celeridad, todo con apego revolucionario y cristiano a la verdad verdadera, sin sesgo de ningún tipo. Desde el más humilde tribunal hasta el máximo Tribunal de la República tiene que luchar para que los delitos de corrupción no queden impunes.

Finalmente, nos permitimos recordar que se peca por acción y por omisión; así que quienes por indiferencia o por miedo voltean la cara para no comprometerse ni aportar ninguna ayuda en el combate de la corrupción, no tienen autoridad moral para reclamar. Pidámosle a nuestro Creador sabiduría y discernimiento para ser capaz de llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. A todas y a todos, les deseamos que tengan unas alegres navidades en familia y sin excesos. CHÁVEZ VIVE. LA LUCHA POR LA PATRIA SIGUE.

San Juan de los Morros, 17 de diciembre de 2014