Por: Karelis González

Fueron las luchas populares las que soliviantaron el camino para el triunfo electoral que en 1998 llevó a la presidencia al comandante Hugo Chávez.

Dos años antes de «El Caracazo», ocurrido en 1989, surgían signos de descontento popular en el sector educativo. Docentes de primaria y secundaría exigían el cumplimiento de la contratación colectiva, contando con el respaldo del movimiento estudiantil que tomó la calle en rechazo a la postura adoptada por el entonces gobierno de Jaime Lusinchi.

Las medidas económicas desataron una serie de conflictos sociales en el primer semestre de 1988, período caracterizado por una importante presencia de estudiantes en huelgas, tomas pacíficas de sedes diplomáticas y movilizaciones de carácter espontáneo en el Área Metropolitana de Caracas, que abarca municipios de los estados Vargas y Miranda.

Capuchas para salvar vidas

La represión policial y militar se estableció como mecanismo de control popular. El sector estudiantil se convirtió en el blanco de perdigones, bombas lacrimógenas y disparos perpetrados por efectivos de seguridad del Estado.

«La protesta estudiantil fue agitada, movida y con mucha presencia, obteniendo como respuesta una contundente, una dura represión que se extendió contra los sectores que se manifestaban descontentos con las políticas gubernamentales», subraya Lionel Muñoz, director del Instituto de Estudios Hispanoamericanos (IEH) de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

La ráfaga de balas recibió como respuesta motines callejeros (lanzamiento de piedras) y secuestros de autobuses, orquestados por grupos radicales de estudiantes. Los manifestantes también eran objeto de persecución, medida que se mantuvo durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) entre 1989 y 1993.

«Era usual que los cuerpos de seguridad fotografiaran a los manifestantes, puesto que con esas fotografías se hacía la identificación y luego se procedía con los allanamientos en sus casas en horas de la madrugada», explica.

Ante esto, estudiantes comenzaron a utilizar capuchas para proteger su identidad. Cubrir sus rostros les permitió preservar sus vidas, propósito contrario al de los grupos de choque de las guarimbas de 2014 y 2017, quienes usaban máscaras para amedrentar y generar episodios de violencia política que contribuyeran a establecer un clima de ingobernabilidad, para justificar una intervención extranjera.

En 1989 la crisis económica, política y social avivó la frustración de la población. Las protestas de calle eran un mecanismo de expresión ante el desabastecimiento, deficiencia en servicios públicos, desalojo de tierras y viviendas, incumplimiento de cláusulas contractuales y privatización de la educación superior universitaria.

El Caracazo

25 días se cumplían desde la toma de posesión de CAP como Presidente de la República, cuando el 27 de febrero ocurrió un estallido sorpresivo de violencia popular en seis estados y el Área Metropolitana de Caracas como consecuencia de los ajustes macroeconómicos de orientación liberal, anunciados el 16 de febrero.

En Guarenas, estado Miranda, inició una protesta contra el aumento arbitrario de las tarifas de transporte interurbano y la supresión del medio pasaje estudiantil. La indignación se tradujo en un enfrentamiento con la extinta Policía Metropolitana (PM), así como en destrucción de vehículos y saqueo de locales comerciales.

«No lo sabíamos entonces, pero había explotado la primera rebelión popular en el mundo contra los criminales paquetes impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque sin ningún tipo de direccionalidad, todo fue espontáneo», señala Jimmy López, periodista y participante de otras manifestaciones surgidas durante gobiernos de la IV República.

Para contener a los manifestantes, el gobierno activó el «Plan Ávila», que facultaba a la Guardia Nacional y al Ejército a acabar con las revueltas, permitiéndoles utilizar armas de fuego.

El toque de queda y la suspensión de garantías, anunciados el 28 de febrero, arreciaron la represión. La dureza de las acciones de las fuerzas de seguridad dejó un saldo de 2.000 muertos y miles de heridos, aunque las fuentes oficiales señalan 300 fallecidos.

«Esa repuesta represiva resultó en un miedo social impresionante a todo lo que significara presencia militar y policial en las calles, especialmente porque la sociedad venezolana de esa época no había experimentado una represión a esa escala», explica Lionel Muñoz.

Declive del puntofijismo

La creciente impopularidad del gobierno de CAP orientó numerosas manifestaciones después de El Caracazo. En 1990 y 1991 se registraron 546 protestas, caracterizadas por paros de docentes, transportistas y comerciantes; huelgas de hambre y marchas relacionadas al incremento de la gasolina e incumplimiento de cláusulas contractuales.

El neoliberalismo se profundizó. La Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la aerolínea Venezolana Internacional de Aviación (Viasa) pasaron a manos privadas, tras recomendaciones del FMI.

La privatización ensanchó la brecha existente entre el gobierno y la sociedad, que «veía como el país próspero se quedaba en el camino», apuntó Lionel Muñoz, quien indicó que, ante los ojos del pueblo, «los autores de ese extravío eran los políticos y los partidos gobernantes».

Entre 1989 y 1993, se realizaron 1.047 protestas de envergadura a escala nacional, de acuerdo con la investigación contenida en el libro Cronología de una implosión: la década final de la IV República.

Tiempo de rebelión

Un clima de ingobernabilidad y descontento popular desembocó en dos rebeliones de carácter cívico-militar, ocurridas el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.

El entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías dirigió la primera operación, en respuesta al deterioro social y la corrupción administrativa. Las ciudades de Barquisimeto (Lara), Maracaibo (Zulia), Maracay (Aragua), Valencia (Carabobo) y Distrito Capital fuero el teatro de operaciones de la insurrección, que terminó contenida por fuerzas de seguridad.

«Ante la posibilidad de acabar con la dictadura puntofijista, muchas organizaciones, grupos y movimientos salieron a respaldar la insurrección aún sin tener mayor información sobre sus líderes, sus propuestas y su proyecto de país», apunta Jimmy López.

Chávez, quien fue invitado a ofrecer su rendición ante los medios de comunicación, adoptó una postura inusual: asumió la responsabilidad de los hechos, al tiempo que pronunció un enigmático «Por ahora» que selló su compromiso político.

«Escasos segundos fueron capaces de partir la historia en dos. Su intervención contundente se quedó en una sociedad que vio en su liderazgo la salida del atolladero, una figura que surgía para enfrentar a las estructuras tradicionales de la política», recalcó Muñoz.

Luego de la insurrección cívico-militar, la popularidad de Hugo Chávez alcanzó niveles astronómicos. En igual medida se instaló una campaña de censura contra los medios de comunicación.

«Después de esas dos palabras que sacudieron el alma de la Patria, el pueblo comenzó a conocer por distintas vías el pensamiento de Chávez, su posición. A pesar del silencio mediático fue llegando a las masas con sus propuestas», enfatizó López.

Nueve meses después, una segunda asonada militar se levantó contra el gobierno de CAP. El 27 de noviembre los componentes de la Armada y Aviación militar tomaron el Palacio de Miraflores, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el aeropuerto La Carlota, mientras que grupos civiles se hacían con el dominio de Venezolana de Televisión y el centro de transmisión de tres canales.

La Fuerza Aérea tuvo una importante participación como fuerza de contención, sometiendo la sublevación que terminó con algunos de sus líderes detenidos y otros huyendo a Perú.

Si bien esta segunda rebelión fracasó, demostró la fractura de las Fuerzas Armadas y dio conteo final al Gobierno de Pérez.

Caída de CAP y transición

El 20 de mayo de 1993, el Presidente de la República es acusado y procesado por el delito de malversación de fondos públicos, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara con lugar la solicitud de antejuicio de mérito por el uso indebido de 250 millones de bolívares.

CAP es relevado de su cargo, convirtiéndose en el único presidente en ejercicio en ser destituido por el Poder Judicial. La Presidencia quedó a cargo de Octavio Lepage, quien ejercía funciones al frente del Congreso Nacional.

El 5 de junio comenzó el gobierno transitorio del historiador y político Ramón J. Velásquez, período en el que la sociedad venezolana enfrentó el fenómeno del terrorismo con explosivos ocurridas, entre los meses de julio y agosto, en diferentes zonas de Caracas.

El 4 de diciembre se celebran las elecciones presidenciales, dejando como vencedor a Rafael Caldera, abanderado del recién creado partido Convergencia, con el 30% de los votos.

Renacen las protestas

En su segundo mandato, Caldera no logró cumplir su cometido de combatir la corrupción, actuar bajo una filosofía antipartido y descartar el paquete económico que en 1989 condujo a El Caracazo.

Al contrario, en 1996 tenían lugar los primeros pasos de la Agenda Venezuela, cuyas medidas derivaron en manifestaciones protagonizadas por estudiantes, maestros, médicos, empleados públicos y miembros de la sociedad civil.

En las calles exigían el cumplimiento del pago del aumento salarial, al tiempo que rechazaban el incremento del pasaje estudiantil, los precios de la comida, la especulación, el alto costo de la vida y el aumento de la gasolina.

En zonas como las parroquias La Pastora, San José y el 23 de Enero se procedió a la quema de autobuses, situación que ocasionó paros nacionales en el sector transporte. En localidades de los estados Aragua y Zulia, se levantaron barricadas, quemaron cauchos e incendiaron unidades pertenecientes a la Cantv.

No obstante, este escenario no generó un «clima de extirpación» en la sociedad venezolana, ni «represiones abiertas» como las experimentadas durante el gobierno de CAP, precisa Muñoz.

«A pesar del endurecimiento del programa económico, las protestas estudiantiles y sociales fueron en menor medida, así como las medidas de contención. Esto no quiere decir que no hubo represión, sí la hubo, pero fue mucho menos frontal, mucho menos letal que la aplicada por Lusinchi y Pérez», considera el también historiador.

Chávez y la Revolución

En contraposición a la escalada de rechazo que sufría el gobierno de Rafael Caldera, el liderazgo de Hugo Chávez, quien encabezó la rebelión cívico-militar del 4 de febrero 1992, se posicionaba en las bases del pueblo.

El 26 de marzo de 1994 salió de la cárcel de Yare, ubicada en el estado Miranda, luego de aprobado el sobreseimiento por Caldera. «Cuando salió de su prisión de la dignidad, comenzó a recorrer el país y, a pesar del asedio al que fue sometido en sus giras, su mensaje se fue multiplicando», recuerda Jimmy López.

Tres años más tarde, el 22 de abril de 1997, Chávez lanzó su candidatura a las elecciones presidenciales de 1998, respaldado por el Polo Patriótico. Después de una intensa campaña, alcanzó la victoria al totalizar 56,54% de los votos en los comicios del 6 de diciembre.

La llegada de Hugo Chávez a la Presidencia de la República significó el fin de una época, la del Pacto de Puntofijo, y el surgimiento de una nueva etapa en la lucha contrahegemónica del pueblo.